El gobierno de Néstor Kir-chner inauguró formalmente ayer la renegociación de los contratos con empresas privatizadas a través de una reunión con las distribuidoras y transportadoras de gas, con las que fijó mayo de 2004 como fecha límite para celebrar “acuerdos parciales” y noviembre para terminar otros de carácter más integral. Según surge de una guía de trabajo difundida luego por el propio Gobierno, éste descarta expresamente la intención de reestatizar los servicios, que deberán ser “readecuados” en precio y calidad sobre la base del “sacrificio compartido”. Entre otras cuestiones, este esfuerzo común para renegociar supone que ambas partes abandonen los mutuos reclamos formulados por vía administrativa y judicial, según propone el texto. Este borrón y cuenta nueva implicaría que el Estado no multará a las empresas por los actuales incumplimientos en que hubieren incurrido pero éstas, a su vez, deberían desistir de los multimillonarios juicios que iniciaron en tribunales internacionales por la ruptura de contratos que entrañó la devaluación.
No es casual que la primera convocatoria oficial haya congregado a las gasíferas y que la siguiente involucre a las eléctricas. Según aclaró expresamente el ministro de Economía, Roberto Lavagna, son los dos sectores a los que el Gobierno sí está dispuesto a autorizarle un ajuste de precios, algo que no ocurriría con otras privatizadas cuyo negocio se habría fortalecido de manera contundente a pesar de la crisis. Un caso testigo, citado por el propio hombre de Economía, es el de las telefónicas.
La guía para la renegociación entregada ayer a las distribuidoras y transportistas de gas es una especie de compendio de reglas que el Gobierno prevé utilizar para reformular todas las concesiones, tarea que, en principio, está en manos de la Unidad de Renegociación comandada por Gustavo Simeonoff. Pero una vez consensuada la nueva versión contractual con las empresas en cuestión –los acuerdos son individuales aunque habría pautas como la “calidad del servicio” comunes a todo el sector–, los técnicos oficiales prometen una serie de controles previos al decreto presidencial que lo apruebe definitivamente. Estos incluyen desde “consultas públicas” (puede ser un mecanismo sólo formal) a la aprobación a libro cerrado del Congreso.
Los temas a analizar en las reuniones empresa por empresa van desde los costos de operación y mantenimiento, incluida la “medotología para revisión periódica” de ellos, a las controversias planteadas en el seno del Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial en el que gran parte de los accionistas extranjeros de las privatizadas demandaron al Estado porque sus tarifas no siguieron el precio del dólar, a pesar de estar ligadas a él por contrato o por una norma posterior. “La posibilidad de llegar a un acuerdo presupone la voluntad de ambas partes de lograr un resultado que implique una alternativa superior a la ruptura contractual y evitar la realización de reclamos mutuos por vía administrativa, judicial o arbitral”, sentencia el texto.
El manual renegociador no hace mención expresa a los incrementos de tarifas, pero bajo el título de “objetivos a compartir” fija reglas para una eventual recomposición. Allí aclara que “cualquier nivel de recursos que no cubra la totalidad de los costos económicos de eficiencia sólo puede ser considerado una solución transitoria”, admitiendo implícitamente que, al menos en algunos casos, será necesario aumentar el ingreso de la prestadora.
La otra idea fuerza, además del “sacrificio compartido por todos los sectores afectados por la crisis”, es la de “preservar la cadena de formación de precios”. En este sentido, el texto aclara que la renegociación “no puede ignorar” que “los precios a los usuarios finales están determinados por los de otros bienes que se forman en mercadoslibres o dependen de otras regulaciones”. En buen romance, que si los insumos se encarecen, es ineludible que impacten en la tarifa final.
Los renegociadores oficiales también prevén determinar un “sendero de adecuación” de todas las variables como el cálculo de costos y tarifas en el futuro, sobre la base de que el “proceso tiene un carácter dinámico” y que aún no se han estabilizado todas las variables en juego. Esto significa que de la mesa de renegociación no sólo surgirán nuevos cuadros tarifarios sino un método para ajustarlos en otras ocasiones.