Una de las primeras medidas adoptadas por la provisoria administración estatal del Correo, a cargo del ex legislador Eduardo Di Cola, es eliminar las “asimetrías salariales internas”, que privilegian a un puñado de gerentes de la ex empresa privatizada con atractivas remuneraciones de hasta 50 mil pesos por mes. Otra será otorgarle a la compañía reestatizada una compensación por la obligación de garantizar el servicio universal, es decir, aun en aquellos lugares que no son rentables. Ambas decisiones oficiales tienen el propósito de hacer más redituable la explotación de la firma postal para poder reprivatizarla rápidamente. Así la administración de Néstor Kirchner sueña con cerrar al menos un capítulo de esta historia muy onerosa para el Estado: aunque el Gobierno cumplirá con todos los procedimientos formales para exigir sus acreencias a la concursada Correo Argentino Sociedad Anónima, sabe que son escasísimas las posibilidades de cobrar un centavo de la millonaria deuda por el canon impago.
Es casi seguro que CASA, la sociedad liderada por el Grupo Macri, será declarada en quiebra por el juez a cargo del concurso por el simple hecho de que desapareció el objeto de su explotación, que era la prestación del servicio postal en todo el país. Poco importa, entonces, si el Estado tiene status de acreedor privilegiado por el canon adeudado o por las contribuciones patronales tampoco canceladas. Aunque ningún funcionario del Ministerio de Planificación lo reconozca públicamente, la realidad es que ese eventual cobro se considera un tema perdido. Salvo que la Justicia tomara el inesperado camino de exigir a los accionistas de CASA (Sideco Americana, el Banco de Galicia, la Corporación Financiera Internacional y los empleados) responder con sus propios patrimonios.
Aun en esta eventualidad, el balance para las arcas públicas es incierto, ya que depende también de la suerte que correrán los reclamos que esa sociedad anónima inició contra el Estado ante los Tribunales. El principal rubro de esta demanda por alrededor de 1000 millones de pesos es la exigencia al “concedente” para que compensara a los accionistas privados por las “asimetrías laborales” respecto de otras empresas postales: Macri siempre argumentó que los convenios de su personal le obligaban a pagar salarios más altos que sus competidores del mercado.
Pero la administración kirchnerista prefirió atacar las diferencias salariales internas, ya que en la empresa hoy convive una gran masa de empleados de 1000 pesos mensuales promedio de sueldo con gerentes que cobran entre 37 y 50 mil pesos. Según una calificada fuente oficial, esto hace que setenta sueldos jerárquicos insuman mensualmente 670 mil pesos, algo ajeno al propósito de transformar al correo oficial en una empresa más eficiente para venderla en el plazo máximo de seis meses.
Para entonces también debería estar sancionada una ley marco de la actividad postal, instancia que el Congreso discutió en los últimos años bajo la presión de los lobbies sin conseguir acuerdo en torno de un texto. Esa proyectada ley –que fijará las reglas para el negocio tanto del correo oficial como de las otras empresas que compiten con él– contemplará alguna compensación para la empresa, obligada a garantizar la universalidad del servicio.
Lo que aún no ha decidido el Gobierno es cómo se compensará al correo oficial por la obligación de llevar correspondencia a cualquier rincón del país, exigencia que no tienen sus competidoras. Entre las alternativas barajadas en los despachos oficiales está la de aplicar un gravamen específico sobre estas empresas eximidas de esa carga. Otra es beneficiar a la firma reestatizada con una reserva de mercado, que le garantice, por ejemplo, la contratación de su servicio de parte de todos los organismos públicos. Y, la más sencilla, es un subsidio directo, previsto como tal en el Presupuesto Nacional.
La obligación de prestar un servicio universal fue cumplida sólo en forma parcial por CASA, que en lejanos lugares del interior suprimió oficinas aun a costa de dejar localidades aisladas. Por estos cierres, el senador del Frente Cívico Jujeño, Gerardo Morales, advirtió sobre el “presunto vaciamiento” del correo en el proyecto de ley que la semana pasada avaló el Senado, como respaldo el rescate de la adjudicación. Aunque era un dictamen en minoría, el texto fue respaldado por la senadora Cristina Fernández de Kirchner, quien trabajó para que el Congreso diera este espaldarazo político al Ejecutivo en el mismo momento que éste decidía rescindir la concesión. La Cámara alta apoyó de ese modo una propuesta que también plantea evaluar la responsabilidad de funcionarios que podrían haber tomado la misma decisión mucho antes y, sin embargo, no lo hicieron.