La disputa que el gobierno nacional lanzó para frenar los aumentos de precios, derivados de los rebotes de la última devaluación, viene chocando con la resistencia empresaria a resignar posiciones. La devaluación y liberación cambiaria, incluso su anuncio anticipado, llevó a que diversos sectores, ligados a productos transables (en el comercio exterior) o no, sacaran ventaja en la pelea de precios relativos, con aumentos que pretendían reflejar el eventual impacto en los costos o equiparar el precio que obtendrían al ser exportados. El beneficio relativo de estos sectores quedó relativizado por el aumento de precios en otros que no eran aquellos sobre los que se proyectaba el “aumento de competitividad” buscado. Así, se armó una ola de aumentos que parecía arrastrar al conjunto de la economía. El pretendido reordenamiento de precios amenaza convertirse en un rebrote inflacionario en el que el sector del trabajo llegará inevitablemente tarde para empezar a articular una defensa de sus posiciones.

El jueves 24, en conferencia de prensa, el jefe de Gabinete Marcos Peña se refirió en tono cauto pero optimista al tema. Dijo esperar que enero “venga con buenas noticias” en materia de precios, aludiendo a la expectativa de posibles acuerdo con sectores empresarios para lograr, “de mínima, que no haya más aumentos”, y en la aspiración mayor conseguir que “retrocedan en incrementos un poco excesivos, en términos especulativos” que habían sido aplicados entre noviembre y diciembre. Se cubrió al señalar que no habría una solución fácil ni inmediata a la inflación, porque es “un problema que viene de arrastre”. Y señaló que, entre los instrumentos que el Gobierno tiene en carpeta, se cuenta la eventual importación de carnes.

La Cámara Argentina de Comercio, una de las seis entidades patronales más representativas del establishment, respondió a través de su presidente, Carlos de la Vega, que afirmó que “los únicos precios que van a bajar son los que se han fijado en función de un dólar de 14, 15 o 16 pesos”. Una clasificación que los empresarios deberán aplicarse a sí mismo, en un sistema donde no existe regulación ni control sobre formación de costos de las firmas. Es decir, que “el retroceso de precios” debería ser voluntario. Por otra parte, si hubo expectativas de una devaluación que llevaría el precio de la divisa inmediatamente a 15 o 16 pesos, fue porque quienes luego ocuparían los cargos de presidente y de ministro de Hacienda así lo transmitieron. De la Vega se manifestó escéptico, además, respecto de la posibilidad de alcanzar alguna forma de acuerdo económico y social, recordando los numerosos intentos frustrados que muestra la historia de los últimos treinta años.

Y pese a las expectativas de “buenas noticias” que espera Marcos Peña para enero en materia de precios, las proyecciones indican que el primer mes de 2016 será el turno de los ajustes en el rubro Servicios. Empresas prestadoras de telefonía celular, de Internet, televisión por cable y colegios privados, entre otros, anticiparon que aplicarán aumentos que oscilarán entre el 15 y 25 por ciento a partir del mes próximo. Aún se espera una definición sobre las tarifas eléctricas y de gas, con una quita inicial en los subsidios que podría tener repercusión en las facturas en los primeros treinta días del año.

La devaluación no tiene incidencia directa sobre estos bienes, pero ya casi no hay analista que niegue que fue el impulso dado por la devaluación el que desató esta ola de remarcaciones. La carrera de precios está lanzada, y el mismo gobierno que la generó ahora se desespera por controlarla.

Uno de los rubros que, en los últimos años, logró reflejar casi en simultáneo el movimiento ascendente del tipo de cambio fue el de combustibles, por la política de recomposición de precios que el gobierno kirchnerista le concedió a YPF para que pudiera sostener su ambiciosa política de inversiones. Con otros criterios, la conducción actual del área, en manos del ministro Juan José Aranguren, busca negociar con empresas petroleras y refinadoras que el impacto de la devaluación sea “absorbido” entre ambos, en un intento por eludir un aumento con fuerte efecto en cadena sobre el resto de la economía.

Como explica con precisión el colega Pablo Fernández Blanco en una nota del martes 22 (diario La Nación), tanto las firmas productoras de petróleo como las refinadoras cuentan con márgenes de rentabilidad suficientemente altos como para responder al requerimiento de Aranguren. El ahora ministro, que solía expresar la línea más dura en materia de precios en surtidor estando al frente de Shell, hoy corre con ventaja frente a sus ex pares. Las cifras en su poder –señala la aludida nota– reflejan que, con una retribución por barril que arranca en los 77 dólares (para el tipo Medanitos, extraído en Neuquén), aunque se vaya escalonando hacia abajo en las demás regiones, siempre es altamente conveniente respecto de la cotización internacional, que esta semana se ubicó debajo de los 35 dólares por barril para el tipo WTI. Las refinadoras, según un estudio del especialista Daniel Montamat (que se incorporará al nuevo directorio de YPF, designado por el gobierno nacional), gozan actualmente de uno de sus máximos niveles históricos de rentabilidad. Bajo estas condiciones, no resultaría tan utópica la pretensión del ministro de Energía de acotar el aumento de los combustibles por debajo del 20 por ciento en todo el año, con un primer aumento recién en marzo. Aunque eso, de por sí, no sea suficiente para garantizarle el triunfo en la pulseada.

El pronóstico de la Fundación Mediterránea tampoco coincide con las expectativas de “buenas noticias” de Peña. En un informe de esta semana, la entidad cordobesa estima probable que la inflación se acelere en el corto plazo, consecuencia de la devaluación, la eventual suba tarifaria por quita de subsidios, la baja en las retenciones a la exportación y la eliminación de restricciones al comercio exterior. Como se ve, todas medidas que tienen que ver con decisiones del actual gobierno, no con situaciones “de arrastre” tal cual señaló el jefe de Gabinete.

El centro de estudios solventado principalmente por el Grupo Arcor, del cual surgió Domingo Cavallo y el equipo que lo acompañó en su gestión, sostiene más adelante en el mismo trabajo que “la dinámica posterior de los precios”, después de este impacto inicial a la suba, dependerá fundamentalmente de un programa fiscal que controle el actual déficit y un programa monetario que privilegie el financiamiento externo y evite la emisión. Nada nuevo bajo el sol: la vieja fórmula del ajuste recesivo y endeudamiento externo. Un consejo que el gobierno seguramente ya tomó en cuenta y tiene en sus planes.

Las proyecciones de la Mediterránea para el resto del año valen para entender, en perspectiva, qué es lo que espera también el gobierno de Macri tras el actual reacomodamiento de precios. Hacia el segundo semestre del año, dice la FM, los productos exportables deberían comenzar “a mejorar sus precios relativos internos”, es decir haber aumentado más que los demás, para de ese modo estar en condiciones de incrementar sus ventas al exterior. “Una economía que crece impulsada por las exportaciones y la inversión”, es la combinación soñada, en la que ya no aparece como motor el consumo interno. Al contrario, tras reconocer que entre este fin de 2015 y principios de 2016 la economía atravesará por un proceso de aceleración inflacionaria, el tema de la recomposición de salarios aparece como uno de “los riesgos internos” que deberán superarse para alcanzar el equilibrio buscado.

Las “futuras paritarias”, se apunta, es uno de los “múltiples riesgos” que habrá que enfrentar, a la par de “la debilidad en el precio de los commodities”, la “desaceleración de los países emergentes”, o los “serios problemas de Brasil”. Teniendo a la recuperación salarial como “un problema” o “un riesgo”, está claro el sentido de la actual recomposición de precios, impulsada deliberadamente con la devaluación y quita de retenciones a la exportación, y que ahora se busca anclar para cristalizar los beneficios. Sin todos adentro.