“La grasa de la militancia”, los definió el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. En el último mes hubo unos 24 mil despidos en el sector público (nacional, provincial y municipal) a través de una serie de métodos que van desde la abierta discriminación ideológica hasta el ocultamiento de información y la displicencia, bajo un manto de arbitrariedad y falta de chequeo acerca de las tareas o el horario que cumple cada trabajador. Los empleados despedidos, algunos de ellos militantes, otros simpatizantes y otros sin ninguna de esas dos condiciones, realizaban tareas como el seguimiento de juicios de lesa humanidad, el análisis de precios de productos de consumo masivo, el requerimiento de información a las fuerzas policiales y militares para estudiar casos de violencia institucional, la promoción de planes del Estado en los barrios más carenciados, visitas guiadas para delegaciones provinciales en el Centro Cultural Néstor Kirchner y el estudio del impacto del sistema financiero en la distribución del ingreso. Este cuadro de situación probablemente se agrave en marzo, cuando venzan por lo menos 40 mil contratos que fueron prorrogados por tres meses. Página/12 recuperó historias de despidos en distintos organismos. Muy lejos de la “limpieza de ñoquis” que esgrime el Gobierno, estos relatos muestran que el objetivo de Mauricio Macri es recortar la presencia del Estado en todas las áreas de la vida social y dar una señal al sector privado sobre el modelo a seguir en materia de empleo, generando un estado de psicosis entre los trabajadores.

“La administración anterior usó al Estado para contratar a sus partidarios en vez de a la gente que fuera capaz de trabajar. Estamos avanzando hacia un Estado para gente que pueda resolver los problemas de la gente. No creemos en el Estado como bastión de la militancia” (Macri); “queremos un Estado al que no le sobre la grasa de la militancia” (Prat-Gay); “comparto que hay una grasa militante y que hubo recursos del Estado que sirvieron para sostener a los militantes del partido oficialista, no son despidos ya que era gente que no iba a trabajar” (Esteban Bullrich, ministro de Educación); “estos nombramientos se produjeron sobre todo en 2015 y hay que mirarlos con detenimiento, tienen que ver con un sector político, en particular con La Cámpora” (Gabriela Michetti, vicepresidenta). Así explicó el Gobierno los despidos masivos en el Estado.

El número total de despidos en los tres niveles del Estado (nacional, provincial y municipal) se acerca a los 24 mil. El Estado nacional en la Ciudad de Buenos Aires despidió a 6500 personas y desde los gremios esperan que la situación se agrave notablemente en marzo, cuando venzan los contratos que están “en revisión” por parte del Gobierno. Andrés Ibarra, ministro de Modernización, habla de 40 mil contratos en esa situación. Los dos gremios estatales, UPCN y ATE, mantuvieron una reunión la semana pasada en donde acordaron que en marzo realizarán acciones en conjunto si los despidos continúan. Los gremios están totalmente sobrepasados por la situación, mientras que el resto del arco sindical brilla por su ausencia. Algunos de los despidos en el Estado nacional se dieron en el Senado (2045), el Centro Cultural Néstor Kirchner (600), Ministerio de Justicia (489), Ministerio de Seguridad (215), Secretaría de Comercio (200), Jefatura de Gabinete (130), Diputados (100), Ministerio de Trabajo (100), Afsca (135), Indec (70), Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (35), Organismo de Control de Concesiones Viales (30), Sepyme (25) y Desarrollo Social (10).

“Estamos negociando todos los despidos. Hubo gente a la cual no se le renovó el contrato, otra que fue echada y recibió el telegrama correspondiente. Algunos fueron reincorporados y volvieron a recibir el telegrama de despido, en otros casos los propios trabajadores que ellos hicieron ingresar recibieron telegramas de despido. No tienen criterio para lo que están haciendo”, explicó a este diario Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital. “A los delegados gremiales les preguntan si están dispuestos a colaborar en identificar gente con participación política. Esto ya está instalado. Es una persecución abierta”, agregó.

La medida que está detrás del achicamiento del Estado es el Decreto 254/2015, que estableció que se revisarán todos los contratos de menos de tres años de antigüedad por un lapso de tres meses y que los de más de tres años se renovarán por un año. También se revén los concursos ganados por trabajadores. En realidad, el Decreto no es necesario en términos formales, porque los contratos vencen y el Estado puede no renovarlos. Se trata, en cambio, de una forma de instalar una psicosis generalizada. Pero encima ni siquiera se respeta dicho Decreto, porque los despidos por lo general no tomaron en cuenta el lapso de los tres meses de supuesta evaluación, sino que ocurrieron inmediatamente.

Es que el macrismo no se propuso echar ñoquis sino despedir masivamente personal. De hecho, detectar a una persona que no asiste al trabajo o no desempeña tarea alguna, coinciden especialistas, es de lo más sencillo. Basta con realizar un censo de personal y contrastarlo con el listado de haberes, analizar los datos que emergen del control biométrico o convocar a los responsables de cada área para que expliquen las tareas realizadas por cada empleado. Nada de eso ocurrió. Los despidos fueron intempestivos, muchas veces sin una comunicación directa con el trabajador y en numerosos casos con interrogatorios para que los empleados “pisen el palito” con alusiones a la simpatía política o la militancia. En este contexto, muchos trabajadores modificaron su perfil de Facebook y Twitter para que no queden rastros de su posicionamiento ideológico.

“Se ha inaugurado en el período democrático una caza de brujas que rememora las épocas más oscuras de nuestra historia, en donde ha vuelto a ser moneda corriente la confección de listas negras, la revisión de legajos y la realización de entrevistas en las que se indaga sobre la pertenencia partidaria de los trabajadores. Los despidos operados, de carácter persecutorio y discriminatorio, no solo vulneran la estabilidad del empleado público consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, sino que conllevan una grosera transgresión al principio de igualdad y no discriminación, tutelado también a nivel constitucional y en múltiples Instrumentos de Derechos Humanos de igual jerarquía, habilitando a los trabajadores y a sus asociaciones representativas, sin duda alguna, a la impugnación de las segregaciones, carentes de validez desde la óptica constitucional”, explicó a este diario Luis Padín, abogado especialista en derecho del Trabajo e integrante de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de julio.