El presidente Mauricio Macri recibió ayer la propuesta formal del ministro de Justicia, Germán Garavano, para ocupar los cargos de presidente y vicepresidente en la Unidad de Información Financiera (UIF). La medida representa la última formalidad para poner en funciones a Mariano Federici y María Eugenia Talerico. Los dos abogados están vinculados con los principales bancos acusados de lavado de dinero por el organismo que comenzarán a conducir en los próximos días. Talerico es una de las fundadoras de la ONG Será Justicia y representante legal de directivos del HSBC en al menos tres causas que tramitan en queja ante la Corte Suprema y de otros expedientes abiertos dentro de la UIF. Federici acaba de dejar su trabajo en el Fondo Monetario Internacional y, a través de la Fundación Finint, está vinculado al estudio de Juan Félix Marteau, uno de los principales litigantes contra el organismo.

“Los narcotraficantes prefieren trasladarse a Argentina, ya que se sienten seguros con sus activos aquí”, afirmó Federici en un artículo publicado por Financial Times. El flamante funcionario no ofreció demasiadas precisiones para sus declaraciones y cuestionó la gestión anterior de la UIF. “Queremos enviar un mensaje de que Argentina ya no es un lugar seguro para el dinero de los narcotraficantes”, indicó el ex empleado del FMI. En línea con la argumentación oficial, Federici señaló que “la penetración de la delincuencia transnacional en Argentina está directamente ligada a la corrupción”. En las declaraciones ofrecidas al periódico financiero británico, el abogado criticó el enfoque “represivo” de la UIF ya que habría perjudicado el vínculo con el sistema bancario. En ese sentido, cuestionó la “politización” del organismo ya que habría dilapidado la confianza de los organismo internacionales. Asimismo, lamentó la escasa tasa de condenas por lavado de dinero en el país.

Finalizado el mecanismo de selección, Garavano le informó a Macri que los inminentes funcionarios “ostentan cualidades morales, profesionales y técnicas suficientes acordes con las responsabilidades de los cargos para los que fueron propuestos”. A través de un comunicado, el titular de Justicia consideró que “el análisis de los elementos surgidos a lo largo de todo el proceso” le permitió alcanzar esa conclusión “objetivamente”. Desde la perspectiva del Ministerio de Justicia “todas las adhesiones presentadas coinciden en señalar la capacidad de gestión y compromiso con los valores republicanos y democráticos de los candidatos, su trayectoria profesional y académica, y su profundo conocimiento de los estándares internacionales, así como de la legislación nacional e internacional en la materia”.

Lo que decidió ignorar la comunicación oficial anunciando el paso final para ponerlos en funciones fueron las impugnaciones. Una de esas presentaciones realizadas hace una semana durante una audiencia pública estuvo a cargo de José Sbattella, el ex presidente de la UIF. “La doctora Talerico muy respetablemente ejerció la defensa de cinco clientes que son sujetos obligados de la Unidad hasta el día de la fecha. En especial uno que a nuestro criterio es de los que más conflicto nos ha generado, no sólo penalmente, sino al que más multas le hemos puesto, que es el HSBC, con el agravante de que el banco las paga en todo el mundo menos en la Argentina, porque tiene justamente quien lo defienda para no pagar. La verdad es que ese conflicto de intereses existe. Ninguna situación personal respecto a la doctora Talerico, sino una situación institucional”, advirtió el funcionario saliente.

La letrada de la organización Será Justicia reconoció durante ese encuentro donde recibió una larga lista de adhesiones y respaldos ser defensora del oficial de cumplimiento del HSBC, Gustavo Peccora. Talerico no consideró relevante esa vinculación aunque su defendido era el responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo dentro del HSBC. Según reveló este diario a comienzos de enero, en un conjunto de descargos realizados por la abogada ésta argumenta en contra de la capacidad de sanción del organismo, de la potestad de su presidente para iniciar sumarios y objeta los montos de las multas establecidos por ley del Congreso. A través de esos argumentos la nueva vicepresidenta de la UIF plantea la inconstitucionalidad de artículos claves de la ley 25.246, que persigue el encubrimiento y el lavado de activos.