En las últimas semanas la palabra “despidos” ha vuelto a dominar la escena pública, como no sucedía hace más de una década. Estos despidos atraviesan todas las dependencias del Estado y ya se cuentan de a miles. Bajo la excusa de combatir supuestos ñoquis o la “grasa militante”, aniquilan equipos de trabajo y capacidades profesionales que se han construido con mucho esfuerzo a lo largo de estos años.

Este salvaje desguace se basa en la concepción que tiene el actual gobierno del funcionamiento de la Economía, donde el Estado queda relegado a un segundo plano. No tienen la menor intención de administrar el comercio, de llevar adelante un real seguimiento de precios, de cuidar el salario y los puestos de trabajo o de regular a los poderes concentrados que suelen apropiarse el ingreso que le corresponde a los eslabones más débiles de la cadena de valor –sean las pymes o los consumidores.

En la Subsecretaría de Comercio Exterior, el grupo de despedidos llevaba adelante un control meticuloso del funcionamiento del sector productivo con el objetivo avanzar en un proceso de sustitución selectiva e inteligente de importaciones, mejorar el perfil exportador de nuestro país, cuidar el empleo y promover nuevas inversiones en los diversos sectores productivos.

Detrás de la demonización creada por los grandes medios acerca de la administración del comercio, se encontraba un equipo de profesionales que, divididos en grupo y diferenciadas por sector productivo, realizaban un seguimiento responsable sobre las necesidades de importación, tantos de insumos para la producción como de bienes finales de los distintos sectores de la economía doméstica. Gente profesional y formada, capacitada para realizar un paneo general y analizar casos puntuales de cada rama de la industria, y desestimar cualquier intención de las empresas para obtener altos márgenes de ganancia a costa de la destrucción del empleo y la primarización de la economía argentina.

Vale la pena detenerse sobre algunos resultados concretos de esta labor realizada. Una cadena de indumentaria de renombre internacional en los dos últimos años había pasado de tener un déficit comercial de U$S 18 millones en 2013 a un superávit de U$S 3 millones en 2015, incrementando sus compras locales a más de U$S 45 millones; una empresa muy reconocida del rubro del calzado había aumentado su producción 50 por ciento respecto a 2013; una fábrica recuperada que producía más de 2000 tractores al año, ya avanzaba en la producción de maquinaria vial que hasta el momento se importa en su totalidad; una fábrica que producía 910 mil lavarropas y 170 mil secarropas se convirtió en la primera del país en producir lavavajillas; la principal fábrica nacional de neumáticos invirtió más de U$S 170 millones y tenía la capacidad para producir el 75 por ciento de los neumáticos radiales que se consumen en el país; una importante empresa multinacional invirtió casi $ 200 millones en nuevas líneas de fabricación de protectores femeninos; numerosas empresas del sector de agroquímicos habían anunciado inversiones y se había alcanzado una reducción del déficit comercial de US$ 200 millones.

No obstante, las nuevas autoridades del Ministerio no convocaron a estos profesionales a reunión alguna para preguntarles acerca de las tareas que venían realizando, tal como sostuvieron en los medios, ni para utilizar sus conocimientos en beneficio del país. Simplemente, sin más, los echaron.

Sin dilaciones, abrieron las importaciones casi de manera indiscriminada. Se redujo el universo de productos que requieren algún tipo de trámite previo para ingresar al país, a través de las Licencias No Automáticas (LNA). Esta reducción libera las importaciones en un vasto número de sectores que hasta ahora mostraban una activa dinámica de inversión, sustitución de importaciones y generación de empleo: alimentos, agroquímicos, limpieza y cuidado personal, y parte de la industria del plástico, de autopartes y de línea blanca, entre otros.

El problema se acentúa por la postura general del nuevo gobierno frente a los productores locales, aún en aquellas industrias incluidas bajo el régimen de LNA, al pretender que sean competitivos con importaciones que vienen de países asiáticos, donde los salarios pueden ser hasta diez veces menores que en nuestro país. Esta competencia se torna más dañina en un mundo con elevados saldos exportables y con serias dificultades para recuperar un sendero de crecimiento sostenido –en particular, para algunos de nuestros principales socios comerciales como Brasil. Las grandes superficies de ventas, los supermercados y algunas marcas reconocidas han comenzado hace semanas a cancelar pedidos a los talleres que les confeccionaban la indumentaria. Algo similar está sucediendo con la suspensión de compras de las terminales automotrices a autopartistas que, además, verán inundado el mercado de reposición de partes y piezas importadas. Algo que también comienza a observarse en la oferta de electrodomésticos.

A este panorama, se le suma la baja del ingreso de los trabajadores en los últimos dos meses por la regresiva combinación de una fuerte suba de precios (resultado de la megadevaluación y la eliminación de retenciones) junto con la quita de subsidios. La caída del consumo interno y de la actividad económica ha comenzado cobrarse los primeros puestos de trabajo en tan sólo semanas. Este efecto sobre el empleo se multiplicará con el correr del tiempo, y el cierre de empresas no se hará esperar.

Se destruyeron equipos (palabra tan mentada en el discurso del actual gobierno) de trabajo en la Subsecretaría de Comercio Exterior –como en el resto de las áreas del Estado– y de la mano de esa decisión se empieza a perder empleo en las diferentes ramas de la industria. Costó años de esfuerzo lograr que nuestro Estado no sea controlado por los grandes grupos económicos, no nos sentemos a observar pasivamente como se regresa a tiempos que creíamos superados.

* Doctora en Economía. Ex subsecretaria de Comercio Exterior.