Estados Unidos, Europa y Japón recibieron con agrado el cambio liberalizador en el sistema de administración de las importaciones que aplicó el Gobierno. Sin embargo, aclararon que la demanda en la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra el país no está cerrada y que siguen analizando la marcha del comercio. Es decir, no darán el visto bueno hasta comprobar que el esquema de gestión de importaciones es lo suficientemente flexible. Del otro lado del mostrador están los fabricantes locales, preocupados ante el escenario de apertura comercial que vislumbran.

El 31 de diciembre de 2014 venció el plazo acordado entre el Estado argentino y los reclamantes en la OMC para que el país presente los cambios en la administración de importaciones. El riesgo latente, si no se cumple con el fallo, es que los demandantes apliquen medidas de retaliación, es decir, que desplieguen restricciones a las exportaciones provenientes de la Argentina. De todas formas, en la OMC los procesos son lentos y cada resolución es pasible de apelación por parte del demandado.

El Gobierno anunció en la primera semana de gestión el cambio en el sistema de importaciones. Reemplazó las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), que tamizaban todo el abanico de las importaciones, por el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), que libera unas 12 mil posiciones arancelarias y concentra sobre unas 1400 posiciones las Licencias No Automáticas (LNA), un trámite que demora la importación y permite introducir medidas paraarancelarias.

El 25 de enero la Argentina asistió a la reunión del Organo de Solución de Diferencias y efectuó una declaración informando sobre las medidas tomadas como forma de cumplimiento a lo dictaminado por la OMC. Los funcionarios hicieron referencia a tres resoluciones oficiales. En primer lugar, la Resolución General de AFIP 3823/2015 que estableció el SIMI; luego la Resolución 5/2015 del Ministerio de Producción, que anuncia el establecimiento de los regímenes automáticos y no automáticos de importación; y por último, la Resolución 2/2016, que inhabilitó a la Secretaría de Comercio Interior para intervenir en las importaciones.

Los países reclamantes se mostraron conformes con los cambios, aunque advirtieron que necesitan más tiempo para determinar si el país cumple o no el fallo. Recién ahí definirán si dan por cerrado el caso. El gobierno nacional respondió que las dudas de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón se irán despejando con el tiempo, a medida que comience a funcionar plenamente el nuevo sistema. En efecto, el Gobierno a pesar de contemplar buena parte de los pedidos de los industriales locales para aplicar las LNA, les dijo que “dentro de la OMC todo, fuera de la OMC, nada”. Esto generó preocupación entre los pymes porque la protección comercial efectiva está siempre sobre el margen de las reglas de la OMC, que de por sí buscan ensanchar los mercados a nivel global. Ni las naciones más liberales, como los Estados Unidos, cumplen esas normas, de hecho, la economía norteamericana está en los primeros lugares del ranking de países con demandas en su contra.