El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, elogió ayer los “esfuerzos de buena fe” del gobierno argentino para tratar de cerrar un acuerdo con los fondos buitres que le reclaman al país una deuda en mora desde 2001 ante la Justicia de Nueva York. Lew reveló que habló por teléfono con el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, sobre la oferta de pago propuesta por el Gobierno del presidente Mauricio Macri a esos fondos especulativos, de acuerdo con un comunicado divulgado por el Tesoro de Estados Unidos. La oferta implica realizar un pago en efectivo de unos 7000 millones de dólares, lo que le garantizaría a los demandantes una rentabilidad superior a 1000 por ciento. La generosidad argentina fue bien recibida el viernes por el mediador Daniel Pollack, designado por el juez Thomas Griesa. Sin embargo, hasta el momento sólo dos de los grandes fondos dieron el visto bueno y aún resta saber que harán dos peces gordos como Elliott, de Paul Singer, y Aurelius. La esperanza oficial es que el juez Thomas Griesa la considere una oferta justa y levante el bloqueo a los pagos de deuda argentina.

De acuerdo con el Tesoro, Lew “tomó nota” de la declaración de Pollack acerca de que la oferta del Gobierno de Macri es “un avance histórico”. Asimismo, Lew también se hizo eco de la “fuerte esperanza” de Pollack en que “todos los acreedores serán capaces de resolver sus diferencias y llegar a un acuerdo de principios con Argentina”, según el comunicado.

Tras una semana de negociaciones en la oficina de Pollack, Argentina presentó el viernes una primera propuesta formal que incluye dos opciones de pago para sus acreedores, A los fondos denominados me too y el resto de los tenedores de bonos en default, que si bien cuentan con sentencias no fueron beneficiados por las medidas cautelares pari passu, el gobierno les ofrece pagarles 1,5 dólar por cada dólar de valor nominal de sus bonos. La ganancia real es todavía más abultada si se contempla que no le prestaron dinero a la Argentina sino que compraron esos bonos a precio de remate, muchas veces después del default. Mientras que para el grupo de litigantes que motorizó la demanda original, la propuesta es todavía más generosa. Por los títulos públicos en litigio que obtuvieron sentencias monetarias previas al 1º de febrero, el gobierno ofrece reconocerles el 70 por ciento del monto en juego. El descuento del 30 por ciento implica que en lugar de multiplicar por 3,7 veces el valor nominal de sus acreencias como pretendían originalmente, el beneficio se limite a 2,6 veces.