“No vengo con un palo oculto para golpear sino que quiero ver qué se puede hacer”, sentenció ayer el comisario general para el comercio de la Unión Europea, Pascal Lamy, aludiendo al tema que horas antes había tratado con el ministro de Planificación, Julio De Vido, y poco después conversó con el de Economía, Roberto Lavagna: la situación de las inversoras europeas que integran el staff de las privatizadas. El funcionario francés terminó su breve visita a Buenos Aires con la sensación de que el clima es mucho más promisorio para esos accionistas de lo que era hace un año, ya que reconoce en el gobierno de Néstor Kirchner “voluntad de diálogo”. Hoy ya está en Brasilia, donde participará de una reunión del Grupo de los 20, el que se opone a avanzar en las negociaciones de comercio internacional si los países ricos no admiten desmantelar la protección a la agricultura. A pesar de los esmerados gestos diplomáticos, Europa sigue poco dispuesta a ceder en este terreno.
El verdadero y declarado propósito de la visita de Lamy a esta Capital fue conversar sobre cuestiones comerciales incluidas en la agenda formal de discusiones de Argentina-Unión Europea o Mercosur-Unión Europea. El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Martín Redrado, fue ayer el encargado de subrayar algunos avances en este terreno. Entre ellos, un acuerdo entre Senasa y el organismo equivalente de control bromatológico europeo (Dgsanco) para “mitigar los riesgos” de que desde la Argentina se exporten alimentos fuera de las normas del Primer Mundo.
Pero este debate no impidió que el funcionario europeo aprovechara su expeditiva gira para plantear también la situación de los inversores europeos, cuya suerte hoy está ligada a una renegociación contractual de final incierto. Varios de ellos han planteado multimillonarios reclamos contra el Estado argentino en el seno del Ciadi –tribunal arbitral del Banco Mundial– por ruptura de contratos y ahora presionan para recomponer sus precios (en el caso de que éstos están regulados) como condición para que no haya un derrumbe dramático en la calidad de las prestaciones.
Lamy estuvo en la Argentina hace poco más de un año y, según recuerda, por entonces la situación era “catastrófica”, bastante diferente a la que percibe en este momento. “Ahora hay buenas noticias, porque las empresas y el Gobierno se pusieron de acuerdo en un método para tratar de acercar posiciones”, se animó ayer ante un nutrido grupo de periodistas locales y corresponsales extranjeros, escoltado por el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y Redrado.
Mientras Lamy ponía sobre la mesa la cuestión de las privatizadas, en rigor ajena a su competencia específica, el ministro de Economía español, Rodrigo Rato, la mencionaba en público durante un seminario en Madrid, convocado bajo el título de “La seguridad jurídica en América latina: el caso argentino”. Allí el colaborador de José María Aznar reclamó para el inversor “reglas claras, transparentes e iguales para todos, que se mantengan en el tiempo” y advirtió sobre cómo los “sistemas parlamentarios que producen distorsiones” ahuyentan a los capitales. Un directo cuestionamiento a las decisiones del Poder Ejecutivo que modificaron los contratos de las privatizadas o demoran la prometida corrección de sus ecuaciones con respaldo del Parlamento.
Pero en ninguno de esos ámbitos se plantearon otras preocupaciones europeas, como la suerte de los tenedores de bonos en default. Lamy ayer sólo se lamentó de que las definiciones sobre la deuda externa argentina hayan quedado en manos del Fondo Monetario Internacional, que finalmente adoptó una línea menos dura de la que planteaban los países de Europa. El comisario europeo consideró “desgraciada” la situación de los ahorristas desairados y especuló que, si la negociación de la deuda hubiera quedado en sus manos, “la situación hubiera sido muy diferente”.
La Unión Europea no es menos dura cuando se trata de reducir los subsidios a su producción agrícola, que impiden el ingreso de bienes de países en desarrollo. A pesar de esto, Europa es hoy el principal destino de las exportaciones argentinas, algo que podría consolidarse si sus negociadores honran la promesa esbozada ayer por Lamy de otorgar al Mercosur facilidades mayores a las que ofrecieron a otros exportadores agrícolas en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio.
Justamente, allí donde Lavagna sugirió ayer llevar la discusión sobre el comercio de productos agrícolas, si ésta siguiera tan estancada como hasta ahora en los acuerdos bilaterales o regionales. Es una estrategia singular, ya que las negociaciones en la OMC están prácticamente paralizadas después de la cumbre de Cancún y los avances en este ámbito multilateral suelen ser muy lentos. Tan así es que Washington relega allí todos los temas conflictivos que le impiden avanzar en acuerdos por una zona de libre comercio continental, incluido el agrícola.
Para defender su firme política de subsidios a la producción del agro y barreras aduaneras para la importación de productos de este origen, Europa argumenta que ni siquiera a las naciones en desarrollo les conviene una auténtica liberación. También relativizan la idea de que las naciones exportadoras de bienes agrícolas sean más competitivas. “¿Ser competitivos en el agro es correr el riesgo de quedarse sin tierra cultivable en 10 o 20 años o degradar el medio ambiente?”, pregunta Lamy. Quizás aludiendo a la frenética producción de soja argentina.