Un grupo de holdouts se presentó ayer ante el juez Thomas Griesa en Nueva York para pedirle que mantenga la medida cautelar que inhibe a los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 cobrar lo que deposita la Argentina ante cada vencimiento. Se trata de un grupo de ocho acreedores con acciones de clase que requieren ser alcanzados en la propuesta de acuerdo a los buitres presentada el último viernes por el secretario de Finanzas, Luis Caputo. En su nota, los bonistas piden al magistrado que “no levante las medidas cautelares hasta tanto la Argentina alcance términos de pago aceptable por todos los acreedores”.

La presentación de esos holdouts, quienes no forman parte de los grupos de buitres que consiguieron sentencias favorables en el juzgado de Griesa, muestra una de las dificultades del proceso de negociación que encaró el gobierno de Cambiemos con los inversores carroñeros. Esas conversaciones involucran a la mitad del 7,3 por ciento de los acreedores con títulos públicos en default, por lo que pueden aparecer otros bonistas que intenten poner obstáculos, ahora o más adelante. Una condición básica para terminar con el problema es que la negociación involucre a la totalidad de los acreedores que quedaron fuera de los canjes. El Gobierno también podría intentar que Griesa disponga que ésta es la última opción para acordar con la Argentina, pero siempre quedará abierta la posibilidad de que otro magistrado, en Estados Unidos u otro país, acepte nuevos reclamos de holdouts.

El Gobierno intenta resolver esta encrucijada en el planteo que hizo el viernes ante el mediador Daniel Pollack. La propuesta diferenció entre tres tipos de bonistas: holdouts con sentencia en la justicia norteamericana, acreedores que no alcanzaron a tener fallo y a los que tienen títulos de una jurisdicción distinta a Nueva York. Para este último caso, acreedores con títulos bajo ley inglesa, alemana y otras, la oferta prevé un pago equivalente al 150 por ciento del capital total, similar a lo que se preacordó con el grupo de bonistas italianos la semana pasada. Aun así, un grupo de ocho bonistas rechazó esa opción e insistió ante Griesa en que mantenga las medidas que traban el cobro de los vecimientos al resto de los bonistas.

La propuesta de pago a los fondos buitre del gobierno nacional fue cuestionada por el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde. Consideró que representa un “peligro” para el país y que la bancada que encabeza seguirá sosteniendo “los mismos principios de siempre, que son los que nos llevaron a votar la Ley Cerrojo y de Estado Soberano”. En cambio, desde el Frente Renovador, el economista Guillermo Nielsen estimó que la oferta es “muy razonable” y advirtió que “los fondos buitre no van a salir corriendo a firmarla”, sino que intentarán “forzar la mano”. Las palabras del ex secretario de Finanzas parecen ir en línea con la posición que asumirá la fuerza que comanda Sergio Massa en el Congreso, para acompañar los cambios a las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y permitir el cierre de la negociación con los buitres.