La Federación Agraria (FAA) amplió ayer su denuncia contra Monsanto por los contratos privados que la multinacional obliga a firmar a productores y exportadores sojeros. La acusación fue formalizada en agosto de 2014 ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). El contrato privado que Monsanto obliga a firmar establece quiénes deben ser los proveedores de semillas y con qué acopios y exportadores operar. También legitima el pago de “regalías extendidas”, que impide el ejercicio del “derecho de uso propio” de la semilla. Ayer, la FAA agregó en su nuevo escrito que “la multinacional ha celebrado acuerdos con todas las empresas exportadoras en Argentina para que realicen el control y retención de mercadería para el cobro de los cánones sobre el grano estipulados en nombre de Monsanto Argentina”.

El año pasado, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner intentó solucionar el conflicto a partir de la reforma de la ley de semillas, pero quedó en la nada. Ahora, las nuevas autoridades sostienen que se harán cargo del tema, pero sin brindar precisiones. Por su parte, la Sociedad Rural y CRA aseguraron que también denunciarán a Monsanto pero con un escrito diferente al de FAA, patrocinados por Cassagne Abogados.

“La empresa monopoliza el mercado de semillas, imponiendo cláusulas abiertamente ilegales, sin posibilidad de defensa alguna por parte de los productores, las cooperativas o los acopiadores, que se están viendo afectados por condiciones comerciales leoninas, que los discriminan del sistema de comercialización de granos de soja, sometiéndolos a un sistema abusivo e ilegal”, sostuvo la FAA en su nuevo descargo, también acompañado por Agricultores Federados Argentinos (AFA), la Federación de Cooperativas Federada (Fecofe) y Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos (Cafer).

Lo primero que hizo Monsanto fue presentarles a los productores sojeros un nuevo contrato para su variedad de soja transgénica denominada Intacta. Dentro de las cláusulas propuestas, la multinacional establecía que los únicos semilleros autorizados para comercializar la nueva variedad de soja eran Nidera, Asociados Don Mario y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), entidad vinculada a Coninagro. Entre las dos primeras, concentran el 80 por ciento del mercado de semillas. También puede participar la empresa Asgrow, que es propiedad de Monsanto.

“El uso de la Tecnología Intacta estará limitado al territorio (Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y San Luis). Para extender la geografía, habrá que pedir autorización a Monsanto. Unicamente aquellas personas físicas o jurídicas que hayan optado por participar del sistema y lo cumplan podrán sembrar soja con la tecnología Intacta y venderla a los exportadores que participen del sistema. Los exportadores evaluarán la presencia de la tecnología en el grano que reciban. Monsanto podrá evaluar la presencia de Intacta en los campos del productor, mediante inspección y toma de muestras”, puede leerse en el contrato rubricado por Monsanto y los productores.

Lo que denunció ayer FAA fue que la multinacional ya logró la adhesión de todos los exportadores, quienes serán los encargados de controlar los granos de soja en el puerto, en base a la ley de patentes, y no a la ley de semillas, que es la que regula el sector.

Si bien Monsanto obtuvo en varios países el derecho de patente sobre la construcción genética que brinda resistencia al glifosato y sobre la nueva tecnología Intacta, no ha ocurrido lo mismo en Argentina. Es decir, la empresa obtuvo autorización para comercializar esta variedad de soja por parte del Ministerio de Agricultura, pero no existe registro de su patente en el país. Es decir, su uso debe regirse por la ley de semillas, que no permite el cobro de regalías extendidas.

“El suscriptor del contrato queda obligado a pagar a Monsanto como contraprestación no sólo el precio de la semilla sino que también un precio por el “canon Intacta”, lo que carece de todo sustento legal. Queda claro, pues, que el canon excede lo que la empresa ha invertido en tecnología y que ha sido recuperado en el cobro de la bolsa de semilla”, sostuvo FAA.

En la última reunión entre las entidades agropecuarias y los ministros de Agroindustria y Jefe de Gabinete se planteó este tema. Tanto Buryaile como Peña asintieron con sus cabezas cuando la FAA les cuestionó que el Gobierno debía tomar cartas en el asunto, dando a entender que coincidían con la entidad. Hasta ahora, la intervención del Poder Ejecutivo no pasó de ese gesto pasivo.