El diagnóstico era sencillo y la receta una obviedad: la inflación se explicaba por la elevada emisión monetaria y el descontrol del gasto público. Era culpa del Estado. La contracción monetaria y el recorte de las regulaciones del Estado sería entonces el combate más efectivo. Además, se necesitaba sinceridad estadística. El dólar nada tenía que ver con la inflación, tampoco las retenciones, las tarifas ni los formadores de precios. La inflación no se iba a disparar, pero cuando lo hizo fue culpa de la gestión anterior. El Gobierno pide “responsabilidad” a los empresarios pero desmanteló la Secretaría de Comercio y se propone un sistema precios online que en la Ciudad el Gobierno no aplicó a pesar de tratarse de una ley votada en la Legislatura y ratificada en la Justicia.

“Va a subir el dólar oficial, que no afecta prácticamente a nadie, y va a bajar el otro, que afecta a la mayor parte de la población”, dijo el 5 de noviembre de 2015 el actual ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. También adelantaba que el plan era el establecimiento del esquema de metas de inflación, por el cual el Banco Central se comprometía a reducir la emisión monetaria. La ecuación era que la emisión financia a los subsidios que “pagamos todos” con inflación. El 26 de noviembre, el ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile, argumentaba que “hay que darles previsibilidad a los productores, eso se consigue controlando la inflación y con reglas claras en cuanto a la cuestión impositiva”, para explicar la necesidad de eliminar las retenciones y los cupos de exportación.

En los hechos, la inflación pasó del 1,8-1,5 por ciento de agosto-septiembre al 2,9 por ciento en noviembre, 3,8 en diciembre y 2,8 por ciento en enero, según el Estudio Bein. Para Prat-Gay, no fue consecuencia del anuncio de devaluación y su posterior concreción (actualmente llega al 50 por ciento la suba del tipo de cambio), la eliminación de retenciones y de cupos para la exportación y el tarifazo. El problema era la herencia.

El Gobierno desmanteló las herramientas de control de precios, redujo Precios Cuidados, echó a todos los trabajadores de la Secretaría de Comercio que hacían el estudio de los precios de los bienes masivos y los relevamientos en los supermercados y nombró al frente a Miguel Braun, sobrino del vicepresidente de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU). Sigue devaluando el peso y promete más subas de tarifas pero solicita responsabilidad a los empresarios. La novedad es el pedido a los supermercados para que publiquen online sus precios. Sin embargo, la ley de la Ciudad 1493 del Sistema de Información de Precios al Consumidor obliga al Gobierno porteño a publicar en su sitio web un sistema de búsqueda de precios por zona y supermercado. ASU judicializó la norma y el Tribunal Superior de Justicia le rechazó el recurso, pero esa herramienta nunca fue desarrollada. El Gobierno da señales débiles para enfrentar la suba de precios que disparó por decisión propia.