Al debate sobre una eventual reforma al Impuesto a las Ganancias, que se abrirá en sesiones ordinarias en el Congreso por iniciativa de varios bloques opositores, no le faltarán condimentos picantes, inclusive aportados por quienes hoy integran el gobierno nacional. Entre los proyectos que podrían reflotarse para la discusión, existe uno de junio de 2012 que proponía “gravar la renta financiera y la exención para los salarios y los haberes jubilatorios”. En sus fundamentos, el proyecto mencionado sostiene que “el Impuesto a las Ganancias es considerado por la técnica económica y por todo el arco político como el impuesto más progresivo del sistema tributario; sin embargo, existen exenciones al impuesto que se mantuvieron en el tiempo pese a no contar con sustento suficiente: el caso más evidente es el de las rentas financieras”. Pocas líneas más adelante, los mismos fundamentos advierten que “existe una clara e incomprensible discriminación, ya que se considera el salario (cuarta categoría) como una ganancia que puede ser gravada por el impuesto mientras que los intereses de los bonos públicos o de los depósitos a plazo fijo, o la ganancia financiera por comprar y vender una acción, no se encuentran sujetos al impuesto. Este proyecto tiene por objetivo eliminar esta injusticia”. Quien eso firmaba en 2012 hoy tiene, desde una posición de mucha mayor influencia, la posibilidad de hacer valer los argumentos y ponerlos en práctica, seguramente con amplio respaldo de diversas fuerzas políticas. El proyecto citado pertenece al entonces diputado nacional por la Coalición Cívica y hoy ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay.

El proyecto mencionado fue presentado en el marco de un debate que se desató en ese año, 2012, en torno a la necesidad de una reforma integral del impuesto a las ganancias, y no sólo sobre el monto del mínimo no imponible o las escalas de las alícuotas. El de Prat-Gay, cuya firma fue acompañada entre otros por la de Ricardo Gil Lavedra, de la UCR, tomó estado parlamentario el 7 de junio de 2012, con número de Expediente 3799 de ese año. En ese mismo mes, hubo un proyecto del Frente para la Victoria, cuyas firmas eran encabezadas por las de Héctor Recalde, Omar Plaini y Facundo Moyano (estos dos últimos ahora en el Frente Renovador), registrado con trámite parlamentario el día 29 (Expediente 4496).

El proyecto del FpV proponía, en principio, modificar el nombre del tributo, sustituyendo el vigente por el de “impuesto a los altos ingresos, porque consideramos que esa es su verdadera naturaleza, un tributo que apunta a mejorar la distribución personal del ingreso”. A diferencia del proyecto Prat Gay, no exime a los salarios del impuesto, sino que eleva los pisos y baja las tasas en los primeros escalones, para gravar en forma significativa sólo a las remuneraciones muy elevadas. Por otro lado, elimina exenciones sobre rentas de las personas por dividendos distribuidos por las empresas, ingresos por tenencias de acciones y otros activos financieros. Y proponía una alícuota más alta del impuesto sobre las empresas, para las actividades mineras y de juegos de azar. También se proponía, en el mismo proyecto, “incluir a todos los funcionarios públicos en el pago del impuesto a las ganancias”. Esto es, terminar con las exenciones a jueces y personal de la Justicia, y a diplomáticos y personal de ese ámbito.

Un tercer proyecto de reforma integral del impuesto, presentado en simultáneo a los anteriores, fue el de Claudio Lozano, de Unidad Popular. Con trámite parlamentario de fecha 12 de junio de 2012 (número de Expediente 3907), este proyecto se proponía lograr “una sustancial mejora para los trabajadores en relación de dependencia y los autónomos”, contemplando incorporar deducciones por alquiler de vivienda y eximir del impuesto el salario básico con los complementarios o adicionales otorgados por convenio colectivo de trabajo con carácter remunerativo. Es decir, que pagarían Ganancias sólo los ingresos excedentes de esas remuneraciones por convenio. También proponía eliminar las exenciones sobre “las ganancias derivadas de intereses de títulos, acciones, cédulas, letras, obligaciones, etc., y los resultados provenientes de operaciones de compraventa, cambio, permuta o disposición de acciones, títulos, bonos, etc”.

Curiosamente, en su planteo el proyecto que iba más lejos era el de Prat-Gay, que en su título habla de la “Exención de salarios y jubilaciones” y en sus fundamentos sostiene que “el salario no es ganancia”. Sin embargo, contradictoriamente, a la hora de legislar (en el articulado) la “exención” se convierte en “exclusión” tan sólo de los salarios que no superen los cuatro salarios mínimo vital y móviles. Los argumentos en contra de la exención de la renta financiera, y el “objetivo de eliminar esta injusticia” pierden fuerza en la letra de la propuesta, ya que el gravamen propuesto termina recayendo sólo sobre las rentas que superen el 20 por ciento anual.

Pero las discusiones que se espera que se desarrollen en las próximas semanas seguramente volverán sobre el asunto. Y en una dinámica cambiante. La discusión que se dio en torno al anuncio que realizó el Ejecutivo modificando las deducciones del impuesto, con el objetivo apenas parcialmente logrado de mejorar el poder adquisitivo de los salarios, pareció quedar circunscripto a la cuestión del mínimo no imponible y las escalas de las alícuotas. De hecho, los dos proyectos que circularon, uno del FpV con la firma del senador Miguel Pichetto, y el otro del Frente Renovador suscripto por el diputado Marco Lavagna, solamente abarcaban ajustes de distinto nivel en esos puntos.

La discusión que viene promete ser más conceptual, más integral. Tanto en las filas del FpV como en el massismo, hay voces que sugieren superar la instancia del debate por el mínimo no imponible y las escalas, y avanzar con un tratamiento más de fondo del tema. El proyecto presentado en su oportunidad por Recalde y Facundo Moyano hoy constituye un punto de arranque para el debate en ambos bloques, ya que, por separado, sus dos autores lo siguen reivindicando. El cambio de nombre del impuesto para denominarlo “a los altos ingresos”, la incorporación de la propuesta de deducir el gasto en alquileres, así como el aumento de la progresividad entre ingresos y tasas serán parte central de la discusión.

Además, existe el firme propósito de defender el criterio de que “no se puede desfinanciar al Estado, hay que encontrar las formas de compensación para que, si hay trabajadores que dejan de pagar y otros que van a pagar menos impuesto, haya ingresos al fisco por otro lado”. Y ese otro lado ya está identificado en las propuestas in pectore: la eliminación de las exenciones hoy existentes para el sistema judicial, los cuerpos diplomáticos y las rentas financieras especulativas. “Quien no se plantee esta cuestión, es porque no cree en el rol del Estado”, se escuchó en una de las mesas donde se empieza a encender el debate.

La discusión será transversal. Primero se dará al interior de cada bloque, porque el alcance de estas propuestas excede los puntos en agenda que muchos incluyeron en estos días. Luego, puede llegar el momento de la convergencia de proyectos, dados los puntos de contacto que hay entre las propuestas. Pero también habrá resistencias si el proyecto molesta al gobierno. “El macrismo tiene acólitos en ambos bloques”, sugirió en tono irónico un experimentado dirigente político, en referencia al FpV y al Renovador. Esa será la única vía que tendrá el gobierno para evitar un cambio de fondo a la ley de Impuesto a las Ganancias que definirá la oposición.