La tanda de despidos del sector público podría continuar con 250 trabajadores en la Subsecretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria. Los 1522 empleados de esta entidad recibieron en los últimos días una circular informando que su vínculo contractual vencía el 31 de marzo. El titular de la subsecretaría, Oscar Alloatti, confirmó ayer que renovará 1270 de estos contratos hasta diciembre, aunque aún no se definió si el resto seguirá desempeñando tareas. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que venía denunciando la posibilidad de recortes de plantilla en el área, entró en estado de alerta, asamblea y movilización permanente para reclamar el pase a planta de todo el personal. La entidad gremial realizará una movilización hoy en el Ministerio de Agroindustria y comenzará un acampe hasta que las autoridades den una respuesta. El antecedente de los despidos en la subsecretaría, afirmaron referentes gremiales, comenzó con 16 personas en la provincia de Jujuy en febrero, en donde aseguraron que se desafectó a trabajadores que apoyaron el reclamo de libertad para Milagro Sala.

“Nos generó una enorme preocupación haber recibido una comunicación en la cual se informaba la caída de todos nuestros contratos. Es algo abiertamente ilegal ya que incumple con el decreto 254/15 que dice que se renovarían los contratos de trabajadores de más de 3 años de antigüedad, la amplia mayoría de nosotros”, indicaron los delegados de ATE. De los 1522 empleados de la subsecretaría que recibieron la circular en que se anunciaba el cese del contrato el 31 de marzo, hubo 1270 individuos que, según Alloatti, recibieron una renovación hasta diciembre. Lo que resta definir es la situación de casi 300 personas que por el momento no saben si continuarán en funciones.

“El personal de la subsecretaría se encuentra en estado de alerta, asamblea y movilización permanente. Los últimos días se realizó un paro y ahora continuará el reclamo frente al edificio del ministerio con un acampe. Nos genera incertidumbre la reacción del Gobierno con el protocolo antipiquete, pero es la forma que tenemos de hacer visible que corre riesgo nuestra fuente de trabajo”, plantearon los referentes gremiales, que reclaman por el pase a planta de todo el personal.

Las autoridades de la Subsecretaría de Agricultura Familiar aseguraron que tras una reunión con los coordinadores de las distintas provincias se llegó ayer a un acuerdo para renovar los contratos hasta diciembre del 80 por ciento de la plantilla y pagar salarios adeudados por casi cuatro meses. “Estamos empezando a tener más recursos para el área, por eso ya hicimos el giro para que se abonen los salarios”, dijo Alloatti. Se trata de sueldos atrasados desde diciembre con más de 200 personas, quienes mantienen una relación laboral precarizada con el Estado.

Alloatti aseguró que los coordinadores se encuentran en un proceso de análisis del personal, con entrevistas a los agentes para evaluar cuáles son sus funciones y expectativas en el sector. También dijo que se está haciendo un relevamiento de la infraestructura, en dónde se encontró que 30 por ciento de los vehículos que se utilizan para hacer los trabajos en zonas rurales se encuentra en funcionamiento operativo. “La idea es darle cada vez más funciones a la subsecretaría”, apuntó.

Los referentes gremiales, no obstante, aseguraron que en los últimos meses dejaron de tener tareas asignadas y que hubo un recorte en el presupuesto, al frenar los pagos para el combustible y el adelanto de los viáticos. El personal de la subsecretaría tiene a cargo atender a más de 200.000 familias que realizan agricultura de pequeña escala, en dónde se observan casos de fuerte vulnerabilidad. Los agentes realizan esta tarea en numerosas localidades del interior. “La apuesta es colaborar con las comunidades nativas y los pequeños emprendedores rurales para que se organicen en los proyectos, el financiamiento y los esquemas de producción”, apuntaron los delegados de ATE. Pero indicaron que con la llegada de las nuevas autoridades se dificultó el trabajo. “La nueva gestión empezó a vaciar el área. Nos desconectaron de Internet y otras comunicaciones. Dejó de haber presupuesto para salir a realizar el trabajo de campo a la zona rural, en donde tenemos contacto directo con las familias”, cerraron.