El gobierno de Mauricio Macri no sólo definió el perfil de su política económica con las medidas que resolvió en estos tres meses de gestión, sino que las consecuencias sociales empiezan a percibirse. Daniel Arroyo, referente del Frente Renovador (liderado por Sergio Massa) en la provincia de Buenos Aires, evaluó en una entrevista con Página/12 estas políticas y las consecuencias que ya pueden verificarse. Habló de salto en el desempleo y la pobreza, de políticas de gobierno que sólo benefician a las franjas de más altos ingresos, pero señaló que no ve riesgos, en lo inmediato, de una explosión social. “Sí hay una implosión, el impacto hacia adentro de los barrios humildes, por el grado de violencia interna, pero si no hay conflicto político no hay explosión social; y hay degradación social pero no impericia política del gobierno: consigue las leyes, avanza con su política.” Ex viceministro de Alicia Kirchner entre 2003 y 2007, explica sus diferencias con el kirchnerismo pero la ausencia de coincidencias con Cambiemos.

–¿Qué evaluación hace de esta primera etapa de la gestión de gobierno de Cambiemos?

–En estos primeros meses, días podríamos decir, es indudable que se incrementó la pobreza. Aumentó el desempleo por los despidos en el sector público y en el privado y, además, por el parate que tuvo la actividad de sectores como la construcción, que afectó a sectores que, sin tener trabajo, vivían de las “changas”. Si a ese panorama le agregamos la reducción que se verifica en el consumo, se conjugan todos los síntomas de una recesión. Las medidas que tomó el gobierno se decidieron mirando la realidad con un solo ojo: dieron respuesta e hicieron lo que les pedía el mercado, pero dejaron de lado los problemas que afecta a la mayoría, como la inflación. Demostraron saber qué hacer con el mercado pero no con el Estado. Estamos ante un proceso de ajuste brutal, pero a veces la discusión interna del gobierno sobre un supuesto gradualismo o políticas de shock nos pueden hacer perder de vista lo principal: las consecuencias que van a tener sobre la pobreza y el desempleo.

–¿En qué medida esa sesgo se relaciona con la presencia masiva de representantes de los grupos económicos concentrados en el gabinete?

–Sólo en parte. Más que la composición de gabinete, lo que define las medidas es la concepción que tienen. Creen en la teoría de derrame, creen estar creando las condiciones para que haya inversiones y que si eso ocurre, va a haber mayor producción, más empleo. La experiencia demuestra que no funciona así la economía. Si es que hay mayor inversión por estas medidas pro mercado, se va a dirigir seguramente a la minería, a la producción primaria, a sectores que no generan empleo. La creación de empleo se da principalmente en actividad manufacturera, y en otras actividades donde se necesita el rol promotor del Estado.

Lo mismo sucede con la inflación. Tienen la concepción de que disminuyendo la emisión monetaria va a bajar, y no es así. Lo que se dio es un aumento y una dispersión de precios tan grande que hoy, un mismo producto, en un radio de tres cuadras se lo puede encontrar a tres precios distintos, con diferencias de 100 por ciento entre el más caro y el más barato. Eso quiere decir que se perdió la referencia de los valores. Y a eso, que baje la emisión monetaria no lo resuelve. El núcleo del problema es la concepción neoliberal de que la economía derrama sobre lo social, que el equilibrio económico resuelve las cuestiones sociales. Y es el Estado el que debería estar presente ahí. Y no lo está.

–¿Considera que el Estado perdió capacidad de intervención frente a las necesidades sociales no resueltas?

–El Estado es muy potente en Argentina. Tiene una gran capacidad para intervenir y resolver necesidades, pero no se lo está usando. El actual es un gobierno que no cree en ese rol del Estado. Este gobierno, antes de asumir, generó la ilusión de que después del levantamiento del cepo iban a entrar veinte mil millones de dólares en inversiones en forma inmediata. Una vez en el gobierno explicaron que no iba a ser ahora, por la inflación y hasta tanto se arreglara la deuda con los holdouts, que entonces iban a llegar en el segundo semestre. Ahora ya están explicando que no va a ser este año, sino en 2017. El problema es que, incluso si alguna vez llegan, no va a ser para generar empleo ni políticas sociales.

Si tomamos los últimos datos estadísticos disponibles, que son del año pasado, Argentina estaba con un 28 por ciento de pobreza, un 34 por ciento de informalidad laboral y un millón y medio de jóvenes que no trabajan ni estudian. Esto indicadores, en los últimos meses, seguramente se agravaron. Pero a este sector no le llega ninguna de las políticas que implementó el gobierno de Mauricio Macri. Yo diría que hoy hay 4 Argentina en situaciones socioeconómicas diferentes. Una, la de los más pobres, que viven de los planes sociales, principalmente. La segunda, que llamaría la de los vulnerables, trabajadores informales que viven de un empleo no registrado, de changas o de alguna de las formas de cuentapropismo, generalmente mal remunerados. La tercera, que es el sector formal: empleados, profesionales, comerciantes, pequeños empresarios, y en cuarto lugar la clase alta. Todas las políticas que definió este gobierno son para favorecer a las dos de arriba. Incluso el aumento de las asignaciones familiares, que sólo alcanza a los trabajadores registrados. Igualmente los cambios, aunque mal hechos, en el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. Las dos Argentina de más abajo no están contempladas. Incluso cuando anuncia medidas para los de más abajo, como la eliminación del IVA a los alimentos, se toma su tiempo para ponerlas en práctica.

–Esta falta de respuesta a los sectores más necesitados va a generar tensiones sociales. ¿Existe riesgo de que la situación derive en una explosión social?

–Yo no veo en este momento condiciones para una explosión social. Sí veo que se está produciendo una implosión social, quiero decir que hay tensiones que se vuelcan en las relaciones internas, en los barrios, malestar en la vida cotidiana. Esto se ve, por ejemplo, en un partido de fútbol entre vecinos de una barriada humilde que, por ahí, ahora es más frecuente que termine a las piñas cuando hace un tiempo no sucedía. U otras reacciones violentas en gente que habitualmente no se comportaba así. Es una forma de degradación social que se empieza a advertir en esos vínculos directos, pero para que se transforme en explosión social tiene que haber conflicto político. Mientras esto sucede por abajo, el gobierno consigue sacar las leyes, resuelve por decreto, sigue avanzando con sus políticas. Degrada socialmente a la población más vulnerable, pero no muestra impericia política. Cuando aparezca el conflicto político, podríamos pasar a otra etapa.

–Uno de esos temas que el gobierno parece estar logrando sacar adelante pese a estar en minoría en el Congreso es el acuerdo con los fondos buitres. ¿Cuál es su opinión sobre este tema?

–En principio, la valoración sobre estos sujetos financieros: son buitres de verdad, por como especulan, maniobran y consiguen que un juez les reconozca semejantes beneficios. Pero no había otra salida al tema que buscar un acuerdo de pago, ya con una sentencia en contra y agotadas las instancias de apelación. Ahora, suponer que ese acuerdo significa el inicio de un ciclo de mejora es falsear la realidad, porque no lo es. El peligro real es que sea el inicio de un ciclo de endeudamiento del país, como ocurrió en otras etapas y eso hay que evitarlo. Nadie debería tentarse con estas políticas, el potencial conflicto que se genera es altamente significativo.

–¿La falta de inversiones es, como dice el gobierno, un problema de confianza?

–Me parece que tiene más que ver con la ausencia de un plan estratégico. Por eso es necesario el rol orientador del Estado, incentivando la inversión en determinadas cadenas productivas que tengan que ver con el modelo de desarrollo económico y social del país. Pero mientras la mirada siga siendo más neoliberal que desarrollista, la inversión más atractiva seguirá siendo la especulativa.