A través de un comunicado, la petrolera YPF informó la decisión de recurrir la resolución judicial por la cual se le ordenaba “la entrega, sin más, del contrato con Chevron”. Según expresa el comunicado de ayer, “previo análisis y decisión por parte de su nuevo Directorio, y en salvaguarda del interés público y el de sus accionistas, públicos y privados”, se tomó la decisión de apelar la resolución del juzgado Contencioso Administrativo Federal número 7 (a cargo de la jueza María Cristina Carrión de Lorenzo) y, por lo tanto, no hará efectiva la entrega del contrato hasta tanto se resuelva esta nueva instancia. El pedido de la entrega del contrato a la Justicia había sido impulsado por la oposición al gobierno de Cristina Kirchner, y repaldado por el PRO. Pero el partido de Mauricio Macri, ahora en el gobierno, operó un brusco viraje y pasó a defender la confidencialidad. Posición que quedó expresada en la decisión del nuevo Directorio de YPF, donde ya tallan los miembros designados por el ministro de Energía, Juan José Aranguren.

El acuerdo cuestionado es el firmado entre YPF y Chevron en el año 2013 para trabajos de exploración y explotación en la formación Vaca Muerta, para la extracción de hidrocarburos por métodos no convencionales en la provincia de Neuquén. El planteo formulado por la oposición de entonces era que el contrato contenía cláusulas secretas que supondrían algún beneficio no declarado para la empresa norteamericana. Tras llegar al gobierno, el PRO pareciera haber abandonado dichas dudas.

“La resolución del juzgado no tuvo en cuenta el pedido de audiencia que efectuó YPF y no estableció recaudos que impidan la divulgación a terceras partes ajenas al proceso (empresas competidoras y otros actores) de información con claro valor geológico, comercial, técnico e industrial”, explicó la petrolera nacional. “La ausencia de dichos recaudos, previstos en el régimen de Acceso a la Información Pública, coloca a YPF en una situación de desventaja competitiva con consecuencias adversas para el desarrollo de Loma Campana y futuros proyectos de la compañía”, siguió.

La Corte Suprema había ordenado en diciembre que se difundiera el contrato entre las petroleras a instancias de una causa iniciada por el ex senador nacional Rubén Giustiniani. Ese reclamo había recibido el apoyo explícito del macrismo, particularmente de Laura Alonso. “Me informé mejor y cambié de opinión”, se retractó la funcionaria. YPF aclaró que no apela la decisión de entregar a la Justicia el texto completo del acuerdo sino que recurre la falta de recaudos para que ciertas cláusulas de carácter comercial se hagan públicas y afecten su estrategia de negocios.

En el mismo comunicado, YPF “aclara que, a la fecha, Chevron lleva invertido en el proyecto Loma Campana más de 2500 millones de dólares, provenientes del exterior y liquidados a través del mercado único y libre de cambios del país. Se perforaron más de 470 pozos y se crearon más de 5000 puestos de trabajo directos en la provincia de Neuquén. Hoy, Loma Campana es el segundo yacimiento más grande de la Argentina y el mayor en el mundo en petróleo no convencional fuera de Estados Unidos”.

Por otra parte, y con respecto a las sospechas planteadas en su oportunidad, YPF reiteró que “la inversión de Chevron en el proyecto es totalmente a su costo y riesgo, y sólo se repaga con la producción generada en el proyecto, Chevron está expuesta a los mismos riesgos geológicos y comerciales del proyecto que YPF y no existen garantías de precio o rentabilidad”.