El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, confirmó ayer que el Gobierno buscará flexibilizar el marco regulatorio en materia de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El funcionario aseguró que “se buscará evitar la apertura de sumarios y aplicación de sanciones por meros incumplimientos formales, que pudieron haberse corregido con diálogo, con colaboración o eventualmente con alguna norma correctiva que no implique llegar a esa medida de tono represivo que es la multa”.

Federici expuso en el Sexto Congreso Sudamericano sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, inaugurado ayer en Buenos Aires y allí anticipó los cambios que se vienen. “La regulación hoy, en la gran mayoría de los sectores, ofrece una carga excesiva e innecesaria que poco conduce realmente a lograr un entendimiento de los riesgos de lavado y mantener un control sobre el sistema”, remarcó. El sistema actual, indicó, “genera una salida de negocios del sistema hacia canales informales, que lo único que hacen es favorecer conductos para el movimiento de flujos subterráneos de origen ilícito”. El ex empleado del Fondo Monetario propuso entonces apostar por el diálogo y tratar de evitar las multas. No obstante, prometió que “donde haya evidencia de claro incumplimiento se aplicará la fuerza de la ley, pero se pretende evitar la sanción por la sanción misma”, que sólo provocó “distorsiones en el funcionamiento del sistema, y generó una reacción defensiva de los sujetos obligados a informar”. “No se trata de aplicar un enfoque represivo para el fortalecimiento del sistema, sino de un enfoque preventivo, con un mayor grado de colaboración”, añadió.

El funcionario anticipó que se pondrá el énfasis “en la importancia de la relación colaborativa entre la UIF y los sujetos obligados, que son las principales fuentes de información”. Esos reportes agregó deben ser “de buena calidad, no de cantidad, no reportes basura que sólo contribuyen a coagular el sistema y benefician el crecimiento del crimen organizado, que se oculta en ese enorme cúmulo de información innecesaria”. Federici recordó que rigen nuevos estándares desde 2012, con las 40 nuevas recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), “que implican un reconocimiento de que los estándares previos no lograron los resultados esperados”. “De allí –explicó– la necesidad de recalibrar el sistema, aplicando un enfoque basado en riesgos, que contemple las particularidades propias en función de las amenazas a las que cada sistema se encuentra expuesto.”

Federici sostuvo que se hará énfasis en la efectividad, “modificando la metodología de evaluación y separando lo que es el cumplimiento técnico de la formalidades, de la evaluación de los resultados”. Al respecto, el titular de la UIF reconoció que “se aprobó una enorme cantidad de leyes en los últimos años y una mayor cantidad aún de resoluciones, más de 70 desde 2013, que imponen obligaciones a los sujetos obligados. Pero lo que está fallando son los resultados, la cantidad de condenas, y más preocupante aún, la cantidad de decomisos y de sanciones efectivamente cobradas revela un bajo nivel de efectividad”, evaluó.

Federici cuestionó además “la utilización de la herramienta antilavado para fines para los cuales no fue nunca prevista y no debió nunca haberse utilizado, como lo fue la persecución política, ideológica o de sectores o empresas que no compartían fines con el gobierno”. Por otra parte, señaló que el año próximo la Argentina presidirá el GAFI-Lat (Grupo de Acción Financiera Internacional para América Latina, donde el país ocupa hoy la vicepresidencia). En ese sentido, adelantó que se creará una representación internacional “para liberar a la UIF de la carga por la enorme cantidad de compromisos externos” y precisó que ese cargo lo ocupará “un embajador de carrera que va a actuar desde la órbita del Ministerio de Justicia”.