La jueza en lo penal económico María Verónica Straccia dispuso ayer una serie de allanamientos en las distintas dependencias de las empresas del Grupo Indalo, propiedad de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza. La medida se decidió a partir de la denuncia penal realizada el lunes por la AFIP por “supuesta insolvencia fiscal fraudulenta”. Miembros de Prefectura y Gendarmería participaron del operativo en la sede del canal de noticias C5N, instalaciones de la petrolera Oil, la firma de auditoría contable Deloitte y dos sucursales de la AFIP. Indalo emitió un comunicado en el que informó que “colaboró facilitando toda la documentación solicitada en tiempo y forma”. A su vez, la empresa aclaró que “dentro de las 72 horas se presentará voluntariamente la documentación adicional que no fue ubicada durante las diligencias”.

En el canal de noticias C5N el allanamiento comenzó a las 13.45. Personal de Prefectura ingresó por la calle Fitz Roy sin inconvenientes, aunque no tenían muy claro a dónde tenían que ir y terminaron en los estudios de transmisión. Recién en ese momento fueron conducidos por personal de la empresa hasta las oficinas administrativas ubicadas en el primer piso del edificio, mientras tanto el canal continuó transmitiendo normalmente. Fuentes del caso aseguraron que la jueza Straccia dispuso los procedimientos a raíz del requerimiento realizado por el fiscal Germán Bincaz para dar impulso a la investigación. No obstante, no trascendieron mayores detalles porque la investigación se encuentra bajo secreto de sumario. López y De Souza, por su parte, aseguraron que el martes pasado se presentaron de forma espontánea ante el juzgado para ponerse a disposición de la Justicia.

El diario oficialista La Nación reveló el domingo que el grupo empresario conducido por Cristóbal López y De Souza, quienes la semana pasada anunciaron su separación, acumula con la AFIP una deuda de 8000 millones de pesos. La mayoría del dinero supuestamente correspondería al Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) que la petrolera Oil Combustibles retuvo a los consumidores en el momento que pagaban la nafta pero no habría girado a la AFIP durante los últimos cuatro años.

En el Gobierno afirman que López y De Souza utilizaron ese dinero para fondear a otras firmas del grupo, en especial Inversora M&S SA, a través de la cual compraron medios de comunicación, el banco Finansur y fábricas como Paraná Metal. A su vez, desde AFIP dejaron trascender un supuesto temor de que la deuda se vuelva impagable para el grupo en los próximos meses por supuestas dificultades financieras del grupo. Por ese motivo, presentaron la denuncia penal y buscan trabar embargos.

De Souza aseguró el lunes en una entrevista con Ambito Financiero, propiedad del grupo, que la deuda “está totalmente regularizada”. “Lo que hemos hecho no es diferente a lo que hacen muchos empresarios argentinos: estructuramos financiamiento para enfrentar situaciones difíciles como pudo haber sido en el mundo de la refinación de petróleo y gas en la Argentina lo ocurrido con la devaluación de enero de 2014 (...) Las diferentes situaciones que fueron generando el pasaje de flujo en la compañía a veces son financiadas con distintas estructuras de financiamiento. Una de ellas pueden ser los bancos, los instrumentos negociables y también la estructura de financiamiento en detrimento del pago de impuestos, fundamentalmente por las limitaciones que hay a veces en el sistema financiero”.

–¿Usted dice entonces que dejar de pagar impuestos para financiarse no es ilegal? –le preguntaron a De Souza.

–Es absolutamente legal. Lo que hemos hecho es tomar en los momentos que correspondían los planes de pagos a largo o a corto plazo que necesitábamos para obtener recursos financieros por quebrantos de la compañía o para alguna decisión de inversión que correspondiera a generar mayor valor en el grupo.

Al momento de explicar las razones por las cuales se los investiga, desde el Grupo Indalo sostienen que “el Gobierno y ciertos grupos mediáticos han montado un show basado en la persecución de López y De Souza con el claro objetivo de cercenar las libertades de prensa y de empresa, ya que no toleran la existencia de medios que tengan una mirada crítica de la realidad actual que vive nuestro país. Nuestra prioridad será la defensa de estos derechos y la de las fuentes de trabajo de más de 30.000 empleados del Grupo Indalo”, aseguraron a comienzos de la semana, cuando comenzó la ofensiva oficial contra el multimedios, el cual mantiene una postura crítica con respecto a las políticas que viene llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri.