El índice de precios al consumidor de la provincia de San Luis arrojó un aumento del 2,7 por ciento en febrero y acumuló un alza de 7 por ciento en el primer bimestre de 2016 y de 36,1 interanual. Los registros provinciales muestran una desaceleración frente al salto registrado a comienzos de año como resultado de la fuerte devaluación, un proceso que continuó el mes pasado, y el desmantelamiento de los mecanismos de control de precios gubernamentales. De todas formas, los datos divulgados por las autoridades estadísticas puntanas reflejan la persistencia de un elevado nivel de incrementos en un escenario recesivo.

Una dinámica similar fue reflejada por el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, el otro indicador sustituto recomendado por el Indec mientas dure el apagón estadístico. La estimación porteña fue todavía más alta al arrojar un aumento de 4,2 por ciento en febrero impulsada por el impacto del tarifazo en el precio de la electricidad. El director del Indec, Jorge Todesca, aseguró ayer que el gobierno de Mauricio Macri volverá a divulgar una medición oficial de precios a partir de junio cuando se publiquen los datos correspondientes a mayo.

El incremento en el IPC de San Luis estuvo impulsado por las subas en Alimentos y Bebidas, mientras que el capítulo que más aumentó fue Vivienda y Servicios Básicos como resultado de un incremento en las tarifas de electricidad. A pesar de la persistencia de elevados niveles de inflación que golpean sobre el poder adquisitivo de los asalariados, en la Casa Rosada aseguran que “la inflación bajará drásticamente a partir del segundo semestre”. La afirmación la realizó el presidente el domingo y ayer la repitió el jefe de Gabinete, Marcos Peña. “La preocupación principal es poner en marcha la economía y reducir la inflación, son los temas más acuciantes y las medidas que se van tomando van en esa dirección”, indicó el funcionario en diálogo radial.

Durante esa intervención, Peña ratificó que la reducción en los elevados niveles de la inflación “se va a consolidar a partir del próximo semestre” ya que “hay una decisión política de que se vaya reduciendo en forma gradual”. Al igual que Macri, el diagnóstico del Jefe de Gabinete refleja una visión monetarista del fenómeno: “La inflación se produce por la política económica del gobierno, por la cantidad de emisión que hace y por la falta de crecimiento y oferta. Eso lo estamos corrigiendo a partir de una decisión política de que no haya más inflación pero de forma gradual”.

La interpretación oficial reduce los aumentos de precios a la emisión de dinero y el gasto público excesivos. Ignora el impacto que tuvieron sobre los precios los movimientos en el tipo de cambio, los aumentos de precios abusivos a partir de la minimización de las herramientas de control como Precios Cuidados y la puja distributiva. La solución entonces para los aumentos reside en restringir el gasto y la emisión al tiempo que se liberaliza el comercio exterior para facilitar la importación de insumos y bienes finales, una fórmula donde la baja de la inflación se logra a través de una recesión. “El 700 por ciento de inflación acumulada en los últimos 10 años fue por una decisión política del gobierno anterior, para promover el consumo”, consideró Peña al reconfirmar el rol secundario que tiene el dinamismo de la demanda interna –impulsada por el empleo y los salarios reales– dentro de la nueva configuración macroeconómica.

“Ya estamos midiendo marzo”, reveló Todesca al referirse a la elaboración del índice de precios al consumidor. Las disputas internas alrededor de la construcción del indicador detonaron con la expulsión de Graciela Bevacqua del Indec, la responsable del IPC convocada por el macrismo en diciembre. El directivo del instituto estadístico afirmó que el “nuevo” indicador volverá a tener un alcance reducido a Capital Federal y el conurbano bonaerense. El IPCNu de alcance nacional que había comenzado a publicar el Indec con la colaboración técnica del Fondo Monetario Internacional fue abandonado por las nuevas autoridades.