El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, le transmitió ayer a la dirigencia de la CGT disidente que “la posición del Gobierno es derogar totalmente y cuanto antes” la reforma laboral convertida en ley por el Senado en abril del 2000. Esa votación es la que ahora ha vuelto a estar sometida a una investigación judicial por la denuncia del pago de sobornos a legisladores de la Cámara alta con dinero que habría salido de las arcas de la SIDE, bajo la presidencia de Fernando de la Rúa. El ministro le anticipó a la delegación encabezada por Hugo Moyano que su cartera está preparando “una salida legal que impida cualquier posibilidad de salto al vacío”.
“Moyano le planteó al ministro la necesidad de anular ya la ley y todas las normas de flexibilización de las últimas décadas”, resumió la posición de la CGT disidente Héctor Recalde, asesor legal de esa fracción de la vieja central sindical, ante la consulta de Página/12. Tomada le respondió, de inmediato, que la cuestionada Ley de Reforma Laboral de De la Rúa sería derogada en los próximos días.
La discusión sobre anulación o derogación ya parecía haber quedado superada en la última semana. Desde las filas gremiales se admitía que la anulación hubiera resultado de difícil trámite, dado que podría haber originado una catarata de juicios. “Por más que para nosotros la ley es nula de toda nulidad, por la forma en que se sancionó, la mejor vía es la derogación”, había señalado Recalde siete días atrás. “Lamentablemente, no se puede volver atrás”, reconoció el abogado de Moyano.
Entre otras modificaciones incorporadas por la reforma laboral aliancista en contra de los intereses de los trabajadores –bajo el falaz argumento de “bajar el costo salarial”– se encuentra la extensión del período de prueba. Es decir, llevó a un año el período de precariedad de un nuevo empleado, durante el cual el empleador podría dar por finalizada la relación laboral unilateralmente sin obligación de pago de indemnización. Si la ley se declarara nula, cualquier trabajador que haya estado contratado por más de tres meses y hubiera sido despedido antes del año, podría presentarse ante su ex empleador para reclamar la indemnización.
La misma reforma había establecido la preeminencia de los convenios por empresa sobre los de rama, cuando lo habitual es que prevalezca la norma más favorable al trabajador en el tema del cual se trate. También declaraba la caducidad de los viejos convenios colectivos –anteriores a 1976– que no fueran ratificados en negociación paritaria. Sin embargo, pese a los reiterados anuncios de la ex ministra de Trabajo Patricia Bullrich estas negociaciones nunca fueron convocadas.
Aquella legislación claramente opuesta a los intereses de los trabajadores fue, en principio, rechazada por la CGT oficialista de Rodolfo Daer, de la cual el actual ministro fuera asesor legal. Pero después de apenas unos retoques cosméticos tras una pulseada entre “los gordos” y el gobierno aliancista, finalmente Daer prestó su apoyo y “se sacó la foto” con De la Rúa. Alberto Flamarique, entonces ministro de Trabajo, había capitaneado las negociaciones con los sindicalistas. Carlos “Chacho” Alvarez, vicepresidente, fue el encargado de defenderla en el Senado. En su caso, no por coimas, sino por convicción, aunque se tratara de la misma ley nefasta.
Dicha postura oficial, a la que asoció la CGT de Daer, provocó la ruptura entre ese sector y el encabezado por Moyano, y el repudio de la CTA con Víctor De Gennaro al frente. Pocos meses después, sería el propio Moyano quien denunciaría públicamente el comentario sobre “la Banelco de Flamarique” para persuadir a los senadores.
Recalde elogió la posición del Gobierno de dar una rápida respuesta al problema de la ilegitimidad de la reforma laboral aliancista. “Es un buen mensaje a la sociedad; hay decisión del Gobierno de encontrar cuanto antes una salida y elevar inmediatamente una propuesta al presidente Kirchner: esta semana es decisiva”, fue la conclusión del abogado laboralista después de la reunión en la cartera laboral.
Sin embargo, en el seno del Gobierno aún se debate cuál será la forma que adoptará la derogación de la reforma De la Rúa. La celeridad requeriría evitar el trámite parlamentario: es decir, no tener que depender de un llamado a sesiones extraordinarias. Por otro lado, hay voces oficiales que intentan eludir el paso por un decreto de necesidad y urgencia. “Hay una variante legal”, aseguran quienes han estado cerca en estos días de la búsqueda de una solución al acertijo. Pero no cuentan mucho más.
Por el momento, quienes creen más conveniente una anulación se conforman con ver en lo inmediato derogada la reforma laboral del 2000. “Pasó lo mismo con la ley de Obediencia Debida y la de Punto Final, primero fue la derogación y luego se la declaró nula”, recuerdan. En tanto, aseguran que la reforma laboral, tal como está, es endeble en la Justicia ante planteos personales. Y no faltan antecedentes de fallos que la han considerado inaplicable.