El gobierno de Mauricio Macri ya tiene luz verde para iniciar una nueva etapa de endeudamiento, cuyo punto de partida será el próximo lunes. La Cámara de Apelaciones de Nueva York decidió ayer levantar todas las restricciones que impedían tomar dinero de los mercados internacionales ante el riesgo de embargo. El tribunal habilitó entonces al país para que pueda hacer una emisión por un monto de hasta 15.000 millones de dólares para cumplir con el acuerdo con los fondos buitre (10.800 millones) y para pagar gastos corrientes y presupuestarios (4200 millones). El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, confirmó que la colocación será este lunes y que el pago a los buitres y holdouts que ingresaron al acuerdo de febrero se realizaría el próximo viernes. “No la esperábamos tan pronto y la estamos festejando”, sostuvo el funcionario en referencia a la decisión de la Cámara. Prat-Gay, desde Nueva York, donde se lanzó el road show (la gira promocional) de la propuesta de emisión para conseguir potenciales inversores, dijo pretender que más holdouts se sumen al acuerdo. Hasta el momento ingresó el 80 por ciento aproximadamente.

La decisión de la Cámara neoyorquina era el último escollo que debía sortear el Gobierno para cumplimentar el acuerdo con los buitres. La decisión de este tribunal iba contrarreloj. El equipo económico de Macri, entre otras tantas concesiones a las demandas de los carroñeros, había convalidado la posibilidad de que, en caso de que el país no alcanzara a pagarles lo acordado el 14 de abril (hoy), la contraparte estaba habilitada a salirse del acuerdo con el beneficio adicional de que obtendría el mismo interés anual de la sentencia (4,8 por ciento) hasta el cobro. El propio ministro de Hacienda había elevado una nota a la Cámara para solicitarle premura en la decisión. Esa Corte debía decidir si ratificaba la decisión del juez Thomas Griesa de suspender la limitación del pari passu (tratamiento igualitario) que impedía al país pagarle a cualquier bonista si antes no lo hacía con los buitres demandantes.

Independientemente del tiempo que se hubiese tomado la Cámara, los fondos más beligerantes, encabezados por NML Capital de Paul Singer, habían adelantado que no se bajarían del acuerdo. Prat-Gay se había mostrado confiado en que eso sucedería y suena hasta una obviedad la decisión de los buitres teniendo en cuenta que el arreglo conseguido con el gobierno es prácticamente inmejorable. Los fondos más duros lograron que se les reconozca la sentencia plena, con un pequeño recorte en los intereses punitorios, que les significó una ganancia de más de 1600 por ciento respecto al valor al que compraron la deuda defaulteada. Por cada lámina de 100 dólares recibirán 400, a lo que se suma que la adquirieron a 25 dólares cuando los papeles eran basura. Los holdouts sin sentencia firme obtendrán 150 dólares por lámina de 100. Con el objetivo de conseguir los fondos, estimados en 12.500 millones de dólares para el potencial 7 por ciento que quedó fuera de los canjes de 2005 y 2010, el gobierno hará una colocación de deuda por ese monto –más lo que irá a gastos corrientes–, para lo cual requería del visto bueno de la Corte de Apelaciones.

Luz verde

Los martillazos de la apertura fueron puntuales. A las 10 (hora local) comenzó la audiencia de la Cámara de Apelaciones con las partes interesadas para analizar si se levantaban las restricciones para hacer la emisión de deuda. En este tema había consenso entre los demandantes más duros y el gobierno argentino. La voz disonante provino de los bonistas más pequeños, quienes denuncian que fueron dejados de lado en la negociación, la cual se concentró en acordar con los fondos buitre con sentencia firme y abrir el juego para el resto que quisiera ingresar. El abogado de estos tenedores minoritarios, Michael Spencer, sostuvo que tienen en su poder 600 millones de dólares y ratificó que rechazaban la oferta argentina. Este grupo pretende obtener el cien por ciento de sus acreencias, mientras que el Estado argentina les asegura el 70 por ciento. “Los derechos de la minoría de acreedores debía ser escuchada”, argumentó.

La inequidad entre lo conseguido por los fondos más grandes respecto al resto quedó así en evidencia. Si bien la quita total oscila el 27 por ciento sobre el total de la operación, a los que más se aplica el recorte es a los fondos más pequeños. A los buitres NML y Aurelius, por ejemplo, se les reconoce hasta los gastos de sus abogados, incluso en instancias que perdieron.

En representación de la Argentina, el abogado Paul Clement argumentó que se trataba de una cuestión práctica. El letrado contratado por el macrismo para este conflicto insistió en la necesidad de levantar las restricciones para poder emitir deuda y pagarle a los fondos buitres y también a los tenedores de deuda reestructurada. Las trabas impuestas por Griesa mantienen hace un año y medio a los bonistas con deuda vigente sin poder acceder al cobro. “Si Argentina hubiera podido pagarle a los acreedores de alguna manera por fuera de Estados Unidos ya lo habría hecho”, enfatizó el abogado Clement. Si bien hubo un apoyo implícito de los buitres, el abogado de NML, Mathew McGill, y de Aurelius, Edward Friedman, solicitaron que se mantengan las restricciones para que la Argentina cumpla con los acuerdos, pero que dicte eventuales reservas, hasta que se cristalice el ingreso de capitales.

La Cámara sorprendió con la inmediatez de su decisión. Luego de finalizada la audiencia dispuso levantar las restricciones contra el país y allanar el camino al gobierno para endeudarse. El abogado de los tenedores minoristas reconoció, tras la decisión, que se sentarían a hablar con el gobierno argentino. El ingreso de estos podría elevar al 90 por ciento la adhesión al acuerdo, que actualmente el Palacio de Hacienda estima en 80 por ciento.

Con esa definición, el Gobierno dará inicio a toda la ingeniería necesaria para tomar dinero del mercado de capitales. Se emitirán bonos a cinco, diez y treinta años. La tasa de interés rondaría el 8 por ciento anual. “El próximo lunes se lanzará la emisión y el martes se realizará la adjudicación de las ofertas. La expectativa es que el pago a los holdouts se concrete a las 72 horas siguientes, es decir el viernes 22”, detallaron desde Hacienda. Los bancos colocadores son lo que aglutinarán las ofertas y liberarán los fondos. El vienes los buitres recibirán directamente en sus cuentas el pago de lo recaudado. Según consta en el prospecto de emisión, los 10.800 millones de dólares acordados hasta el momento van a ir a parar directamente a la cuentas de los acreedores y no pasarán por el Tesoro de la Nación, como forma de garantizar los pagos. Lo que sí irá a las arcas del Tesoro es el resto de lo recaudado sobre una colocación de 15.000 millones de dólares, que tendrá como destino cubrir el déficit presupuestario, pese a que Macri había prometido que sólo se emitiría para obras de infraestructura.