Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Santander, BBVA, Citigroup y UBS componen el pool de bancos extranjeros contratados para la emisión de deuda externa por 15.000 millones de dólares que realizará el gobierno de Mauricio Macri el lunes para pagarle a los fondos buitre en los términos acordados y financiar gastos corrientes. Las tres primeras entidades tienen una historia en común con el ministro Alfonso Prat-Gay y el secretario de Finanzas, Luis Caputo. Fueron sus empleadores en la década del noventa (JP Morgan y Deutsche Bank, y facilitador de la fuga de capitales hacia cuentas a Suiza a través de una de ella (HSBC). El gobierno de Macri también incorporó a una de las abogadas del HSBC en la conducción Unidad de Información Financiera, y una de sus primeras medidas fue cerrar los casos donde se investigaba a ese banco, que ahora será uno de los encargados de colocar en el mercado deuda argentina. Esta operación financiera con esos bancos quita cualquier velo a la estrecha relación que existe entre la actual conducción del Palacio de Hacienda y el centro de las finanzas internacionales. Los bancos cobrarán como mínimo unos 27 millones de dólares por actuar como coordinadores del regreso de Argentina al mercado de capitales internacionales. De la mano de esta mega emisión de deuda vienen las calificadoras de riesgo y el FMI. Cartón llenó del regreso de Argentina al mundo de las finanzas globales.

Prat-Gay fue ejecutivo del área de monedas, en Londres, del JP Morgan; y Caputo comenzó su carrera en el mercado en ese mismo banco, para luego pasar a liderar la sucursal Buenos Aires del Deutsche Bank. A la vez, el ministro figura en la documentación filtrada por el técnico informático del HSBC, Hervé Falciani, sobre miles de cuentas de inversores, entre los que se contaban 4040 de clientes argentinos. Entre ellas, están las de Amalita Lacroze de Fortabat, cuyo agente de contacto con la sucursal Ginebra del HSBC era Prat-Gay.

Estos bancos fueron elegidos por el equipo económico para que se encarguen de la mega emisión de deuda externa, la más importante de un país denominado emergente en los últimos veinte años. Esa cercanía con esos bancos explica el optimismo que deja trascender el Ministerio de Hacienda y Finanzas, al asegurar que existe la demanda para superar el monto previsto de 15 mil millones de dólares. La elevadísima tasa que se comprometerá a pagar Argentina por esa deuda, estimada del 7,5 al 8,75 por ciento anual, explica fundamentalmente el atractivo de esos bonos para los financistas.

El equipo de Prat-Gay reconoce, sin embargo, que el acuerdo con los buitres no garantiza la terminación de la litigiosidad en tribunales extranjeros. Si se suma ese grupo de bancos internacionales al nuevo negocio de la deuda argentina, no podía estar ausente otro protagonista de ese mercado: las calificadores de riesgo. La evaluación de los nuevos títulos públicos estará a cargo de Standard & Poor’s.

La colocación y la transferencia de los dólares a los buitres el próximo viernes implicarán el ingreso del país en la lógica del sistema financiero internacional. El ajuste fiscal, la devaluación y la desregulación del mercado cambiario son componentes de la agenda del equipo económico. Dentro de esa estrategia, la normalización del vínculo con el Fondo Monetario Internacional constituye un activo adicional ante inversores extranjeros y futuras colocaciones de deuda externa, al tiempo que los diferencia de sus antecesores en la Casa Rosada. Desde Washington, donde se encuentra el ministro Alfonso Prat-Gay participando de las reuniones anuales del organismo y promoviendo la emisión de bonos del lunes, las autoridades del FMI informaron que regresarán al país en septiembre para realizar su tradicional evaluación de la economía local.

Tienen banca

La operación de endeudamiento para pagarle a los buitres, como Elliott Management que encabeza Paul Singer, tendrá como “coordinadores globales” a los bancos Deutsche, HSBC, Santander y JP Morgan, el banco que formó profesionalmente a gran parte del nuevo equipo económico. La comisión de la colocación de 15.000 millones de dólares en bonos será de 0,18 por ciento (el proyecto de ley que habilitó la toma de deuda estableció un máximo de 0,2 por ciento). Los siete bancos involucrados –Citigroup, UBS y BBVA serán “colocadores”– se repartirán alrededor de 27 millones de dólares. Además de los ingresos que generen con la colocación, la reinserción plena del país en la lógica del sector financiero abrirá el negocio para la banca internacional en el país.

La colocación habilitada el miércoles cuando la Corte de Apelaciones de Nueva York confirmó la decisión del juez Thomas Griesa de levantar las medidas cautelares que bloquean el mecanismo de pago de la deuda externa y el acceso al mercado financiero internacional. Pero la emisión no es el primer encargo del nuevo gobierno para los bancos extranjeros. La tarea inicial requerida al JP Morgan fue la determinación del valor de tres nuevos títulos Bonar con diferentes fechas de vencimiento (2022, 2025 y 2027) que no tenían cotización en el mercado. Los bonos nacidos en el Megacanje II –la conversión de un pasivo intrasector público en deuda pasible de comercializarse en el mercado– fueron utilizados como garantía para el crédito contingente que el JP Morgan, Santander, HSBC, Citi, BBVA y Deutsche y UBS otorgaron al Banco Central. La autoridad monetaria entregó títulos por 10.000 millones de dólares y recibió a cambio 5000 millones. La ganancia de los bancos fue más abultada que las comisiones que cobrarán en esta operación.

Las series de bonos ofrecerán a los inversores interesados una tasa de interés anual del orden del 8 por ciento en dólares y se regirán bajo legislación extranjera.

El regreso del FMI

Como parte del proceso de reinserción definitiva en la lógica del mercado financiero internacional, el Fondo Monetario Internacional regresará al país en septiembre para realizar su primera revisión in situ de la economía argentina en una década. La confirmación del calendario estuvo a cargo del director de la División del Hemisferio Occidental del organismo multilateral, Alejandro Werner, que celebró “el compromiso de las autoridades argentinas con el Fondo”.

La revisión macroeconómica es un requerimiento para los países miembro del FMI que Argentina dejó de permitir en 2006 después del pago de toda la deuda con el organismo. El equipo de técnicos a cargo de la elaboración del informe visitará el país durante dos semanas, en las que pretenden reunirse con funcionarios del Banco Central y representantes de la sociedad civil como algunos consultores de la city porteña. Se trata de una evaluación técnica esos documentos operaron a lo largo de la historia como herramientas para legitimar la implementación de políticas fiscales y monetarias contractivas, la flexibilización del mercado de trabajo, la desregulación comercial y la apertura financiera que no necesariamente eran exigidas por el organismo como contraparte para acceder a un crédito.

Convocados por el Ministerio de Hacienda y Finanzas el organismo multilateral llegará al país dentro de cinco meses para completar la normalización del vínculo. “Aparentemente iremos por dos semanas en septiembre”, informó ayer el número dos de Werner, Nigel Chalk. De acuerdo a las precisiones ofrecidas por el técnico del FMI la delegación que llegará al país para la primavera “será muy pequeña y estará encabezada por Roberto Cardarelli quien se reunirá con personal del Banco Central y de la sociedad civil”. El economista italiano que será es el jefe de la división de América del Norte en el Departamento para el Hemisferio Occidental. Cardarelli fue uno de los funcionarios del organismo que supervisaron los intercambios oficiales con el Indec alrededor de las mediciones del producto y los precios. “No les vamos a pedir un dólar”, prometen en el Palacio de Hacienda.