La presión del Fondo Monetario Internacional para que Argentina mejore su oferta a los acreedores impidió a Roberto Lavagna relajarse aunque fuera Navidad. El Ministerio de Economía emitió ayer un comunicado para informar la apertura de un registro de tenedores de bonos en default, que estará disponible a partir del 12 de enero en la Oficina Nacional de Crédito Público de Buenos Aires y en las embajadas o representaciones financieras argentinas en Washington, Tokio, Francfort, Roma y Londres. La inscripción será voluntaria, para argentinos y extranjeros, y quien ignore la llamada no sufrirá ninguna consecuencia. La creación del registro atiende sólo a razones políticas. Por un lado, el Gobierno pretende dejar clara su voluntad de avanzar en un acuerdo con los acreedores. Pero más que eso, Lavagna busca demostrar que aquellos financistas que hacen lobby contra Argentina ante el FMI tienen en verdad poca representatividad entre los tenedores de bonos.
La urgencia por emitir el comunicado –no se esperó siquiera a que terminara el feriado– demuestra el estado de tensión que existe en la relación con el FMI. Los delegados del organismo regresaron el martes por la noche a Washington sin ningún tipo de definición. Su visita no logró destrabar un conflicto que se inició hace diez días, con la movida del staff de economistas del Fondo para bloquear la aprobación de la primera revisión de las metas del acuerdo firmado en septiembre. En lugar de recomendar al directorio de la entidad que cumpliera con ese trámite, la número dos del FMI, Anne Krueger, y su equipo técnico comenzaron a presionar al Gobierno para que ampliara los pagos a los acreedores.
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, reiteró ayer que “no hay nada que discutir, ya que no vamos a comprometer más (pagos) de lo que hemos comprometido. Hay un techo de tolerancia que es el 3 por ciento del superávit fiscal (para destinarlo a pagos de la deuda)”. El titular de Economía había dicho lo mismo el último martes, cuando también sostuvo que el FMI quiere modificar de manera unilateral el acuerdo que firmó hace tres meses. En particular, la meta fiscal, de un superávit primario de 3 puntos del PIB.
En Economía reconocen que en este momento la discusión se encuentra bloqueada. El Gobierno rechaza de manera rotunda reducir la quita a los acreedores, mientras el Fondo insiste en pedir que se les pague más. El propio Lavagna señaló que el organismo inició su embestida al comprobar que la economía crece mucho más de lo que había previsto. Para salir de este estado de indefinición, el Gobierno movió una pieza: anunció la apertura de un registro de acreedores. Según dice el comunicado difundido ayer, el objetivo es “facilitar y progresar en el proceso de reestructuración de la deuda”. Esa frase está dedicada a Krueger, dado que la dama de hierro del FMI aduce que el gobierno argentino no demuestra voluntad de avanzar en un acuerdo con los tenedores de bonos.
El registro será “formal y voluntario”. Estará abierto a partir del 12 de enero y podrán pasar por allí tanto inversores minoristas –individuos que tengan títulos en su poder– como institucionales, nacionales y extranjeros. “Cuando la presentación se hiciere en base a poderes, los mismos deberán cumplir los requisitos legales e indicar con precisión la persona o institución con capacidad tanto de representar como de aceptar la oferta de canje”, aclara el comunicado. Tanto detalle revela el verdadero objetivo del registro: poner en evidencia que los inversores de Nueva York que movieron sus influencias en Washington carecen de un volumen de títulos suficiente como para arrogarse el derecho a ser quienes impongan condiciones en la negociación por la deuda.
El equipo económico está convencido de que financistas de Wall Street con gran capacidad de lobby, pero con bajos montos en bonos, son los que provocaron la crisis con el FMI. “Hay algunos que no tienen títulos, pero tienen tiempo para hablar por teléfono”, señaló a Página/12 una fuente del Palacio de Hacienda. “Queremos ver si aquellos que alegan determinadarepresentatividad realmente la tienen”, agregó, negándose por ahora a proporcionar nombres.
El ex director del FMI Claudio Loser repitió ayer uno de los argumentos favoritos de Krueger: “El gobierno argentino no da señales de querer cooperar” en la renegociación de la deuda. En el Palacio de Hacienda se enfurecen con ese tipo de declaraciones. “Ellos están en la cosa etérea de si queremos o no cooperar, lo cual es una estupidez”, se enojan cerca de Lavagna.
“La propuesta argentina no es una quita del 75 por ciento sino casi del ‘90 –siguió Loser–, porque el Gobierno dice que además no pagará los intereses caídos desde que el país entró en default”. Loser es un economista argentino que estuvo durante años en el FMI, hasta que fue retirado de su cargo por las pésimas recomendaciones que dio al gobierno de Fernando de la Rúa antes de la devaluación, que se extendieron al de Eduardo Duhalde.