El objetivo es recaudar en sectores con capacidad contributiva que, por ese deporte nacional de “no pagar”, producen agujeros en las cajas del fisco. En este caso, como parte de su plan para combatir la evasión fiscal, la provincia de Buenos Aires hizo saber que está dispuesta a embargar los bienes y los ingresos de altos ejecutivos de empresas líderes que sean deudores morosos de los impuestos Inmobiliario y Patentes. Se trata de alrededor de ochenta gerentes de grandes compañías a los que desde el mes de febrero la Dirección de Rentas de la provincia denunciará ante la Justicia por sus incumplimientos con el fisco bonaerense.
La estrategia fue precisada por el secretario de Ingresos Públicos de la provincia, Santiago Montoya, quien eludió nombres pero aclaró que se trata de ejecutivos de las áreas de telecomunicaciones, bancos y petróleo. Antes de denunciar a la Justicia reclamando el embargo de los bienes, Rentas ya habría cursado las notificaciones a los interesados para darles la oportunidad de regularizar su situación. Sólo si expirado cierto lapso éstos no habrían admitido los plazos otorgados por el gobierno de Felipe Solá para normalizarse, serán objeto de una denuncia ante los tribunales, que podría derivar en el embargo de parte de su sueldo.
La medida afectará a aquellos gerentes que ganen por encima de 8 mil pesos por mes y tengan un elevado grado de morosidad con el fisco provincial por los gravámenes de sus bienes muebles (incluidas embarcaciones) o inmuebles. La atribución de Rentas de solicitar a la Justicia el embargo por el monto correspondiente a la deuda en mora es una de las nuevas potestades recientemente conferidas por la Legislatura a través de la aprobación de la Ley de Sinceramiento Fiscal. Esta es la principal herramienta que tendrá la gobernación para apurar a morosos y evasores.
Esta norma habilita el embargo de remuneraciones que estén por encima de los 1800 pesos, así como una parte de los ingresos brutos de una empresa comercial, en proporciones que oscilan entre el 20 y el 40 por ciento, según los casos. También transforma a las empresas proveedoras de los servicios de TV por cable o telefonía en virtuales “agentes de información”, obligados a proporcionar datos que permitan construir un perfil de los contribuyentes.
Se trata de una embestida del gobierno de Solá para reforzar los ingresos fiscales, que también incluyó, entre otras herramientas, un revalúo de los autos, cuyo precio base para calcular el impuesto había permanecido estable tras la devaluación. Algo similar a lo que ocurrirá con los propietarios de viviendas en countries o clubes de campo, que tributarán en base a otro criterio de tasación y cálculo del gravamen.
Solá no es el único que hacia fin de año decidió amedrentar a los contribuyentes más pudientes para engrosar la recaudación. El gobierno de Córdoba también hizo saber que denunciará ante la Justicia a más de 200 mil morosos de los impuestos inmobiliarios, que no saldan sus deudas desde 1998. Si en los próximos cinco días hábiles éstos no habrían regularizado su situación serán llevados ante los tribunales, a semejanza de lo que ya ocurrió con otros 110 mil empadronados de la provincia mediterránea.