Para muchos pueden parecer agresivas e incluso exageradas las críticas de Néstor Kirchner al Fondo Monetario Internacional. Pero más allá de si es importante o no la resistencia de un sector de ese organismo a aprobar la primera revisión del acuerdo, la arremetida del Presidente constituye una higiénica tarea de docencia para un país que ha sido colonizado en cuestiones referidas a lo que es relevante y superfluo en materia económica. Varios países endeudados tienen relación con el FMI; algunos mantienen un vínculo tirante y otros, un trato casi indiferente. Pero ninguno tiene el enlace tan estrecho y hasta cierto punto promiscuo que Argentina construyó con el auditor supranacional de los intereses de los acreedores. También es cierto que no todos los países están tan endeudados como Argentina, además de ser uno que ha declarado el default más grande de los mercados que en otras circunstancias se denominaban emergentes. De todos modos, en pocos lugares, para no exagerar y decir que en ninguna parte, se le da tanta importancia a lo que dice, deja de decir o exige el Fondo. En realidad, no es sólo una responsabilidad de los burócratas de Washington, sino que aquí tiene que ver con la frivolidad con que se ha manejado el poder económico, con la invalorable colaboración del elenco de economistas de la city especializados en pronósticos errados y con una parte importante de los medios de comunicación.
Por eso mismo, frases de Kirchner como “¡Minga! al FMI”, aunque no sea muy feliz porque referencia a la expresión de Carlos Menem cuando aseguraba que no iba a bajarse del ballottage, o la excesiva arenga de “vamos a pelear todos los días con el FMI”, o el desafío de que “no nos van a correr más con el Fondo” tienen trascendencia no por su contenido, sino por la capacidad de ir marcando rumbos en el discurso de una sociedad. Puede ser que no sirvan para nada esas peroratas en función de la negociación en sí, pero son útiles para empezar a perder el respeto a una institución que está desprestigiada tanto en los propios países que la controlan como en la comunidad académica. Pero que sigue siendo utilizada como lobbista de intereses sectoriales, como en su momento lo fue de las privatizadas reclamando aumento de tarifas y de los bancos por las compensaciones, y ahora lo es de los acreedores en default que quieren una quita menor a la presentada por el Gobierno en Dubai.
Los consensos sociales se van armando con lentitud, pero pueden adquirir velocidad si desde el propio poder político se los profundiza. El proceso de privatizaciones de la década del ‘90 no se podía haber concretado si no hubiese existido la predisposición de la sociedad para vender las empresas estatales, que habían hastiado por una ineficiencia provocada adrede. Ese consenso para el remate fue trabajado durante años por voceros del neoliberalismo. Pero que ese proceso se haya transformado en el más amplio y acelerado de liquidación de compañías estatales del mundo tuvo que ver con la decisión política, alentada para hacer negocios millonarios, de Menem. No es una labor improductiva remarcar las contradicciones y el papel de vocero de acreedores en default que ha asumido el FMI. Más aún teniendo en cuenta que Claudio Loser, el burócrata del FMI símbolo del fracaso de ese organismo con Argentina de los ‘90, se da el lujo de decir que el Presidente está desubicado y tendría que ser más prudente. La batalla cultural no es menos importante que la de los números. Si se avanza en la primera, anotándose a favor las sorprendentes declaraciones públicas de cámaras empresarias como la que agrupa a los principales grupos económicos, AEA, más fácil se hace el tránsito en la batalla de los números.
En ese último terreno la puja se desarrolla alrededor del esfuerzo fiscal comprometido para hacer frente a los pagos de deuda. El 3 por ciento del PBI asumido para el 2004, pese a que se trata del superávit de las cuentas públicas más elevado en décadas, es considerado insuficiente por los acreedores. El Fondo busca borrar con el codo lo ya firmado porque fue duramente castigado al preocuparse en el acuerdo rubricado con Argentina en quedar como acreedor privilegiado, sin ninguna quita en el capital adeudado. Para desandar ese camino, aplica su tradicional perversión de apretar con reclamos disparatados. En realidad, dado el crecimiento del PBI por encima de las previsiones (8 por ciento en lugar del 5,5, este año; y la estimación del 6 por ciento en vez del 4, para el 2004), esos tres puntos del Producto implican más recursos que el inicialmente presupuestado. O sea, que habrá más dinero que se derivará a pagar deuda. Pero el Fondo pide más sobre el excedente del excedente. Lo que se discute, en definitiva, es cuál será el destino de esos recursos ocultos que, dadas las proyecciones conservadoras de Lavagna en el Presupuesto 2004, pueden alcanzar de 4000 a 6000 millones de pesos.
Esa puja que gatilla el FMI se presenta tan desubicada en un país que tiene la mitad de la población en la pobreza y uno de cada tres con graves problemas de empleo. Los indicadores positivos macro que muestran un crecimiento elevado pueden engañar. Se corre el riesgo de caer en la misma trampa de los ’90, cuando se pensaba que porque la economía crecía mucho, ese dinamismo significaba que la situación social también estaba mejorando. Como se sabe, no basta, dada la extensión de la destrucción del tejido productivo y la pésima distribución del ingreso, con la acelerada recuperación de los niveles de actividad y con el proceso sustitutivo de importaciones como resultado de la devaluación. Por esa vía, los progresos en la distribución del ingreso estarán básicamente ligados a una lenta reducción de la desocupación, como se reflejó en los verdaderos índices publicados esta semana, y se seguirán ampliando aún más las diferencias de ingresos entre los trabajadores del sector formal e informal.
La guerra de baja intensidad declarada por Anne Krueger por conseguir que Argentina pague más a los acreedores en default se presenta, entonces, como una buena oportunidad para, con la pelea declarada por la mamá de “Freddy”, ir delineando un paradigma de crecimiento económico que vaya saldando la otra deuda. La interna, cuyos acreedores no tienen de lobbistas calificados a los organismos financieros internacionales y son muchos más numerosos que los miles de “pobres” jubilados italianos, japoneses y alemanes y que las decenas de bancos y fondos de inversión que especularon con bonos argentinos durante los años de la fantasía de la convertibilidad.