Dirigentes rurales y del sector de transporte de cargas manifestaron su desagrado por la suba del precio de los combustibles, que acumulan más de un 30 por ciento en lo que va del año. Las apreciaciones del ministro de Energía, Juan José Aranguren, pretendiendo justificar el incremento (“si el consumidor considera que este nivel de precios es alto en comparación a otros precios de su economía, deja de consumir lo que considera alto”, dijo en una entrevista con el diario Clarín) parecieron ser el disparador de la dura reacción de sectores empresarios que, en principio, se suponían alineados políticamente con el gobierno de Mauricio Macri. Confederaciones Rurales Argentinas expresó que el incremento de combustibles en 2016 ya representa para la actividad agropecuaria una transferencia de 16 mil millones de pesos, muy por arriba de las ventajas que le reportó la quita de retenciones a la exportación de granos. En tanto que las empresas del autotransporte de cargas advirtieron que los sucesivos aumentos de combustibles representarán para el sector incrementos de sus costos de hasta el 30 por ciento.

Aranguren explicó en dicha entrevista que, con el mayor precio, “el público está colaborando para sostener la actividad en las provincias que producen petróleo, es para mantener las fuentes de trabajo”, y que el consumidor “es inteligente” para decidir si sigue o no consumiendo, según considere que el precio es alto o no lo es.

En su informe, CRA da cuenta del impacto del incremento del 30 por ciento en los combustibles sobre los costos de siembra, cosecha, el transporte y secado de granos. Refiere que la actividad agropecuaria consume un tercio del gasoil que demanda el mercado argentino, por el cual paga un valor de 15 pesos por litro en Chivilcoy y de 17 pesos en zonas más alejadas. Añade que el campo requiere para las tareas de siembra y recolección unos 4500 millones de litros de gasoil anuales. Desde diciembre a la fecha, repasan, el aumento en el precio del combustible alcanza al 31 por ciento, por lo que infieren que dicho ajuste representa una transferencia del sector agropecuario de 16 mil millones de pesos al anualizar dicho incremento, cifra superior al impacto a su favor que la actividad recibió por la baja, en particular, de las retenciones sobre el trigo y el maíz. En el caso de la cosecha, agrega el informe de CRA, el precio del combustible representa el 25 por ciento del costo total.

Egidio Mailland, presidente de Coninagro, consideró a su vez que “el campo no puede reducir consumo de combustible. El flete tiene razón para ajustar tarifas y estos son servicios de lo que no podemos prescindir”.

Fadeeac, la entidad que agrupa a las cámaras representantes de las empresas del autotransporte de cargas, afirmó que tan sólo el combustible representa del 35 al 40 por ciento de sus costos. Para dicha federación, “se trata de un escenario crítico teniendo en cuenta que el combustible es el insumo básico del transporte de cargas y está sufriendo el impacto más alto de toda la región; esto incluso arrastra a otros costos, como los lubricantes”. Añade que esta situación, sumada a la que ya venía sufriendo la actividad desde 2014 con la consecuencia de una pérdida de rentabilidad, “afecta principalmente a pequeñas y medianas empresas, que representan el 92 por ciento del sector”. Advierte luego el comunicado de Fadeeac que “las empresas transportistas se ven imposibilitadas de absorber estos costos y, en muchos casos, tampoco pueden trasladarlos, agravando aún más la situación por una alta presión impositiva, un mayor costo financiero, la dilatación de la cadena de pagos y la caída de la actividad”.

Las estaciones de servicio de Gas Natural Comprimido (GNC) también hicieron conocer su desagrado con los precios y el suministro de gas natural. Aseguran que puntos de venta en Córdoba, La Plata, interior de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, San Juan y Tucumán vienen registrando desde el fin de semana cortes del suministro, producto del cambio de condiciones de abastecimiento con respecto a los años previos al acercarse el invierno. Enrique Fridman, presidente de la asociación de estaciones de servicio de GNC, explicó que desde que se inició el desarrollo del sector en el país, cada punto de venta tenía garantizado un servicio no interrumpible de 5000 metros cúbicos, que se renovó cada año. “Este año no hay resolución firmada que renueve” esa condición, y con los primeros fríos y la suba de la demanda domiciliaria de gas natural, comenzaron los cortes de suministro. El sector advierte que, de extenderse esta situación durante el invierno, podría desencadenarse el potencial cierre de estaciones o la suspensión de empleados.