Más de un millón de usuarios de Aguas Argentinas espera que el Gobierno defina una reducción de la tarifa en su favor. No sería ningún beneficio especial, sino una tardía compensación por los incumplimientos en que incurrió la empresa en la prestación del servicio entre 1993 y 1998. El ente que controla el desempeño de la compañía (Etoss) le impuso sucesivas multas por aquellas fallas. La primera fue en 1999 y la última, hace diez días, por 2,5 millones de pesos. Sin embargo, por una u otra razón, Aguas Argentinas esquivó su pago, llevando las cosas a la larga. Su estrategia se completó con la solicitud a los ministros Roberto Lavagna y Julio De Vido para que el tema se dirima en la comisión que renegocia los contratos con las privatizadas. Así lo denunció un grupo de asociaciones defensoras de los usuarios, que rechazó cualquier compensación de la deuda dentro de ese marco.
Las entidades que advirtieron sobre las consecuencias de la maniobra a los ministros de Economía y Planificación son, entre otras, el Centro de Educación al Consumidor, Consumidores Libres, Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco) y Unión de Usuarios y Consumidores. Todas ellas forman parte de un proyecto respaldado por el CELS, Flacso y la Universidad de San Andrés para actuar como veedoras de los organismos de control de las privatizadas.
Su preocupación surgió porque el Etoss habría aceptado la solicitud de la empresa de que la aplicación de las multas se discuta en la comisión de renegociación de los contratos. De ser así, el Gobierno podría llegar a aceptar que Aguas Argentinas asuma nuevos compromisos en compensación por sus incumplimientos. Pero eso, según las asociaciones de consumidores, no sería correcto, porque el dinero de las multas adeudadas no le corresponde al Estado sino a los usuarios. La forma en que ellos –más de un millón, de la Capital Federal y algunos partidos del conurbano, como La Matanza, Tres de Febrero, San Martín y Lomas de Zamora– pueden hacerse del dinero es a través de una reducción de las tarifas. Por otra parte, si el Poder Ejecutivo convalidara la propuesta de la empresa repetiría una práctica usual del menemismo: perdonar con promesas de obras e inversiones los perjuicios ya ocasionados.
El Etoss sancionó en reiteradas oportunidades a Aguas Argentinas por la deficiente calidad del servicio en lo referente a presión de agua. El marco regulatorio establece que el concesionario debe mantener una presión de “10 metros de columna de agua por inmueble servido”, pero entre 1993 y 1998 estuvo por debajo de ese nivel en distintas zonas de la Capital y el conurbano. Un informe que el ente de control elevó a la comisión renegociadora de los contratos estimaría en 408 millones de pesos los montos acumulados por los incumplimientos de la empresa, sumando los intereses que se originaron desde la primera multa, en 1999. Ese sería el monto a reintegrar a los usuarios. Asimismo, el documento –fechado en septiembre último– diría que “hoy se registran valores de presión inferiores a los 10 metros de columna de agua en aproximadamente un 70 por ciento del área servida en la concesión”.
Fuentes del Etoss, sin embargo, negaron la existencia del informe, contradiciendo la versión de las asociaciones de usuarios. En todo caso, dijeron en el organismo, se trataría de “papeles de trabajo” o de “estudios preliminares” dentro de un conjunto de hipótesis aún no definidas. También desconocieron la cifra de 408 millones de pesos y señalaron que no es necesario que la presión sea pareja en 10 metros de columna de agua, sino que el agua puede llegar con una presión óptima por debajo de ese nivel. De todos modos, las fuentes reconocieron que la empresa ha tenido importantes falencias en el servicio.
La respuesta de las asociaciones de usuarios fue que el Etoss habría modificado su posición inicial de recomendar la rescisión del contrato debido a las presiones que recibió de las embajadas de Francia y España,países adonde están radicadas la casas matrices de los controlantes de Aguas Argentinas: Suez y Aguas de Barcelona.