El Presupuesto 2004 de la provincia de Buenos Aires, que al cierre de esta edición convertía en ley la Cámara de Diputados en La Plata, contempla un incremento en los gastos de 2046 millones de pesos. La erogación total ascenderá a 13.030 millones. El problema es que casi la mitad de aquella suba –exactamente 939 millones de pesos– se destinará al pago de la deuda provincial. El proyecto incluyó también un aumento salarial para los agentes de la administración pública bonaerense: según el mensaje que acompañó la iniciativa, a ese fin se destinarán 400 millones de pesos, aunque en la ley no se detalló de dónde saldrán esos recursos.
Según las estimaciones que hacían en la bancada oficialista, un docente con una década de antigüedad ganaría en el 2004 un 10 por ciento más que hasta ahora. Pero lo cierto es que, según criticaban anoche legisladores de la oposición, los cambios en las escalas salariales quedaron como una discrecionalidad del Ejecutivo.
El diputado del ARI Sebastián Cinquerrui fue muy crítico de la delegación de poderes que el Legislativo le concedió al gobernador Solá. Puso como ejemplo los 3 millones de pesos en gastos reservados que se repartirán, en partes iguales, el Ministerio de Seguridad y la Procuración General de la Corte Suprema. “La sospecha es que esos fondos sirven para financiar la estructura del Partido Justicialista, aunque la verdad es que es imposible comprobarlo”.
Un informe elaborado por el bloque del ARI, al que tuvo acceso Página/12, reveló que hubo enormes gastos “superfluos” durante este año y que todavía se engrosarán durante el que viene. Algunos de esos rubros son los 981 mil pesos que se gastaron en cuestiones de protocolo, y que en 2004 pasarían a 1,6 millón; los 19,3 millones en comunicaciones, que saltarían a 22 millones el próximo período; y los 5,9 millones que se gastaron en difusión de actos de gobierno, que pasarían a 10 millones.
Como contrapartida, el documento de la oposición contabilizó inversiones mínimas en áreas sensibles como los programas de Educación y Capacitación del Ministerio de Trabajo, que apenas sumaron 1,1 millón de pesos. O los 320 mil que apenas se destinaron al Mejoramiento del hábitat. Más dramático resultó el apoyo estatal a los Programas contra el HIV. Para el tratamiento de los enfermos de sida hubo 200 mil pesos, pero la gran mayoría de ese presupuesto quedó absorbido por los salarios de los profesionales que llevaron adelante la iniciativa. Para el desarrollo de los programas quedaron tan sólo 3 mil pesos mensuales. Un despropósito.
Las áreas en las que está previsto un incremento de gastos son la de Seguridad –tendrá un aumento de 96 millones, con lo que totalizará 1583 millones de pesos– y Educación –con un incremento de 103 millones, con lo que su presupuesto rondará los 3740 millones–. También se incrementará el presupuesto de Salud en 90 millones, con lo que llegará a 1130. A su vez, Obras Públicas tendrá 815 millones, 121 más que el año anterior, mientras que el Poder Judicial aumentará su presupuesto en 66 millones, con lo que alcanzará 624 millones de pesos.
La crítica de la oposición fue que estas mejoras en las partidas resultan insuficientes en relación con la inflación prevista para 2004, en torno al 10,5 por ciento. También es cierto que buena parte de los aumentos en las partidas se financiarán con aumentos impositivos. En especial sobre las patentes de los autos usados y el revalúo fiscal de las propiedades.