ECONOMíA › LOS CLUBES DE BARRIO RECLAMARON LA REGLAMENTACIóN DE LA LEY 27.908
Clubes de todo el país volvieron a exigir la aplicación de la Ley 27.908, sancionada en 2014 pero no reglamentada, que estipula tarifa social para las entidades, y anunciaron que trasladarán actividades a la calle para economizar gastos.
Socios y directivos de más de 600 clubes de barrio de todo el país anunciaron que, en los próximos días, mudarán sus actividades vespertinas a las calles. “Muchos clubes van a efectuar sus actividades de la tarde y la noche cortando la calle para aprovechar el alumbrado público”, explicaron directivos de la Unión Nacional de Clubes de Barrio (UNCB), que celebró una reunión para acordar estrategias en común y reclamar la reglamentación de la Ley 27.908, de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo. La decisión de llevar las prácticas a la calle, además de permitir a las instituciones ahorrar gastos de energía eléctrica, será un repudio también a los aumentos de gas natural y agua potable, señalaron los participantes.
El encuentro, de clubes de barrio y federaciones, se realizó en el hotel Bauen el martes pasado, y, además de fortalecer el consenso en cuanto a próximas estrategias para hacer visible la situación derivada del “dramático aumento” de tarifas, reafirmó el reclamo para que se reglamente la Ley 27.908, de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo, sancionada en diciembre de 2014 y que contempla mecanismos de asistencia financiera para que estas entidades puedan afrontar los costos operativos de sus actividades sociales y comunitarias.
“Esta convocatoria fue masiva por el dramático impacto del aumento de tarifas en la economía de los clubes de barrio”, aseguró Cristian Font, directivo de la UNCB. “Nosotros estimamos que el 80 por ciento de las instituciones están en un escenario límite en el que ya comenzaron con el cese de actividades y en algunos casos quedaron al borde del cierre”, añadió.
El Club 12 de Octubre, de Quilmes, que usualmente pagaba “una factura de gas bimestral en el promedio de los 1.300 ó 1.400 pesos”, recibió una factura por 14.500 pesos. “Se nos hacen impagables, porque no podemos transferir todo ese costo a la cuota porque vulnera la finalidad social de la institución”, explicó Esteban Corrales, dirigente de la entidad. “Tenemos más de 600 socios que abonan cuotas mensuales de 20 o 30 pesos, más un promedio de 150 pesos para los que participan de actividades particulares; estas nuevas tarifas nos llevarían muy rápido a una situación muy complicada”, detalló.
Los incrementos tuvieron un impacto similar en club Estrella Junior, de Lanús, explicó Pablo, uno de sus dirigentes. “Los aumentos están matando al club, veníamos pagando 3.200 pesos bimestrales de electricidad y ahora nos llegan facturas mensuales de arriba de 5.000; y veníamos pagando 2.000 pesos bimestrales de agua corriente y saltamos a 9.000; son disparates impagables para instituciones que reciben 20 pesos mensuales de cada socio”. El directivo añadió que en el Estrella “participan más de 200 chicos en fútbol infantil, danza, handball, patín y artes marciales” y que, para “sostener todas las actividades”, los dirigentes de la institución deberán “dejar de pensar en obras de ampliación que son necesarias y que no va a haber renovación de botines, pelotas y camisetas”.
Las dificultades generadas por las nuevas tarifas también fueron registradas por el club Defensores del Monte, de Avellaneda. Allí, detalló su presidente, Ariel, “hay más de 800 chicos que todas las semanas participan de fútbol, danzas, patín artístico o artes marciales; veníamos pagando 1.300 pesos bimestrales de electricidad y ahora nos cobran 3.500 mensuales”. “Hasta ahora nosotros tenemos recursos para enfrentar el tarifazo, pero conocemos muchos clubes amigos que tuvieron que dejar de pagar los servicios y están a poco de cerrar las puertas porque no encuentran recursos para cubrir esto, o bien porque tienen menos socios o porque están en barrios de menos poder adquisitivo”, subrayó.
Corrales detalló que la reglamentación de la Ley 27.098 podría paliar el impacto de las nuevas tarifas, porque esa norma “es la ley de clubes que trabajamos todos los clubes y que establece la tarifa social” para las instituciones. Además, explicó “el Estado no puede desconocer el rol social de las instituciones y si no resuelve lo de las tarifas condena a muchos clubes a desaparecer”.
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