El paquete de medidas que enviará el Gobierno al Congreso contempla la disminución progresiva del Impuesto a los Bienes Personales hasta 2019, año en que el sector público dejaría de cobrar este tributo. El objetivo de los funcionarios es tentar a los inversores con fondos sin declarar para que participen de la exteriorización de capitales. Según los trascendidos, la propuesta oficial sería reducir en forma escalonada la tasa que se paga al año de bienes personales, que hoy se ubica en 1,5 por ciento, mientras que se aumentarían los pisos a partir de los que se aplica el impuesto.

La quita paulatina de Bienes Personales permite reducir el monto que deben abonar en concepto de impuestos los individuos que ingresen dinero sin declarar. Un inversor que participa del blanqueo con 1.000.000 de dólares, si no se modifican las cargas de bienes personales, debería empezar a pagar 150.000 mil pesos al año por este impuesto. El monto no es despreciable y entra en el cálculo de quiénes no tienen definido aún si aprovecharán la exteriorización del equipo económico de Mauricio Macri. Este anzuelo, sin embargo, no es definitivo, puesto que una vez que pase el blanqueo se podría dar marcha atrás con la propuesta de eliminar Bienes Personales. Desde el Gobierno, no descartaron la idea de que ese tributo se reemplacen por otra carga impositiva asociada con los bienes heredados.

Distintas versiones apuntan a que el proyecto que llegará al Congreso incluirá la elevación del piso del monto mínimo a partir del que se abona ese impuesto, que pasaría a 800.000 mil pesos este año, a 950.000 pesos en 2017, a 1.050.000 en 2018 y en 2019 dejaría de haber piso porque ya no se cobraría el impuesto. Respecto de la alícuota que se paga, la propuesta incluiría una baja a 0,75 por ciento en 2016, a 0,5 por ciento en 2017 y 0,25 en 2018. El otro dato es que ya no se pagaría sobre el total del patrimonio sino sobre el excedente del monto mínimo. El año pasado, los bienes personales explicaron un 1,2 por ciento de la recaudación tributaria total, al sumar unos 18.000 millones de pesos, el equivalente a todo un mes de gastos de capital del sector público (inversiones en infraestructura).