El proyecto de ley ómnibus que envió el Gobierno al Congreso empezó a discutirse ayer en el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social de Diputados, con la presencia de funcionarios del Ejecutivo de las áreas pertinentes. El proyecto de casi cien fojas incluye el pago de sentencias previsionales y la actualización de haberes jubilatorios, pero también incorpora un blanqueo de capitales y una moratoria impositiva. Los diputados apoyaron la propuesta de mejorar los haberes y el pago de sentencias, pero alertaron sobre los riesgos de sustentabilidad del sistema jubilatorio y el mecanismo definido para financiar estas obligaciones. En particular, advirtieron sobre la posibilidad que abre el proyecto de ley para vender las acciones en cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. El capítulo del blanqueo de capitales fue otro punto que enfrentó posturas entre el oficialismo y la oposición debido a que la iniciativa no contempla el ingreso del dinero al país sino sólo su declaración.

El debate contó con la presencia del titular de la AFIP, Alberto Abad; de la UIF, Mariano Federico, el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso; el secretario de Coordinación de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana, y el secretario de Finanzas, Luis Caputo. Los funcionarios expusieron los puntos principales del proyecto (ver aparte) y luego se abrió el espacio para las preguntas y las opiniones de los diputados. La discusión se extendió por 6 horas.

n Jubilados. El diputado por el Bloque Justicialista Diego Bo-ssio recordó que hubo 3.566.000 nuevos jubilados gracias a las moratorias de 2006 y 2014, destacó la nacionalización del sistema, la movilidad jubilatoria y la presencia de activos por 750 mil millones pesos en el FGS. El ex director de la Anses fue el primero en remarcar la necesidad de que el sistema siga siendo “público, de reparto, solidario y estatal”.

Durante la exposición de los funcionarios se había deslizado que el anterior gobierno había utilizado de manera incorrecta el dinero de los jubilados. Bossio remarcó que el FGS continúa haciendo inversiones de similares características, además de utilizarlo para comprar Lebac y para el financiamiento de las provincias y del Tesoro Nacional. “No confundamos a la gente hablando de estafa”, enfatizó. En ese sentido, el diputado cuestionó que la ley reabra la posibilidad de que el FGS haga inversiones en fondos y empresas del exterior. También se refirió a los riesgos de sustentabilidad del sistema: “Los retroactivos ascienden a más de 150 mil millones de pesos y el flujo anual va a superar los 80 mil millones de pesos”, mientras que la ganancias del FGS podrían llegar a unos 100 mil millones este año. Por último, pidió que no aplique una quita a los jubilados, en referencia al cambio de índices para el cálculo del haber inicial y que se mantenga la ley de actualización previsional. Quintana respondió que no habrá ninguna modificación respecto de la ley de actualización previsional.

Axel Kicillof opinó que la posibilidad de liquidar activos del FGS es claramente una privatización de activos estratégicos para el Estado nacional. “Se están privatizando activos del Estado y participaciones en sociedades privadas”, denunció el ex ministro de Economía. “Me parece que tampoco están hechas las estimaciones de ingresos ni costos. Es una forma demasiado ligera de explicar esto mediante el blanqueo”, agregó. Al respecto, Quintana aseguró que “no es y no va a ser en esta gestión una privatización del sistema previsional”.

El diputado justicialista Sergio Ziliotto criticó que se eleve la edad inicial para acceder al beneficio de la pensión por vejez para las mujeres a los 65 años. “Eso tiene que ver con que se retrocede con la identidad de genero y se discrimina. Es mejor prologar la vigencia la ley de moratoria previsional que vence en septiembre próximo”, sostuvo el diputado pampeano. Los funcionarios rechazaron que haya una quita, pese al cambio de índice, y que se eleve la edad para las mujeres. También defendieron la posibilidad de que se vendan acciones del FGS para mejorar el perfil de la cartera de la Anses. “No hay intención de vender las acciones, sino mantener el valor”, dijo Basavilbaso.

n Blanqueo. El Gobierno indicó que el pago de las sentencias tendrá como una de las fuentes de financiamiento los ingresos por el blanqueo de capitales. Los diputados plantearon sus objeciones a esta última medida y a la sostenibilidad del compromiso en caso de que fracasen los cálculos oficiales de ingreso de fondos. Kicillof apuntó que, a diferencia del programa de exteriorización de capitales implementado por el kirchnerismo, este blanqueo no obliga al ingreso del dinero al país sino que el fin es recaudar mediante penalización la declaración de ese dinero fuera del sistema. “Los capitales no vienen al país, sólo el impuesto”, sostuvo. También puso en duda la participación de guaridas fiscales en el intercambio de información entre países para combatir el dinero negro. “Es un costo muy bajo para los que blanquean y muy costoso para nosotros”, agregó.

También se plantearon interrogantes respecto a que el dinero a declarar tenga procedencia de actividades ilícitas. El titular de la UIF remarcó que no se relajarán los controles vigentes durante el blanqeo. “Los bancos deben hacer su trabajo de cumplir con las obligaciones y discernir si la operación es justificable y razonable. Respecto de que el pago de las sentencias previsionales está atado al blanqueo, Basavilbaso aseguró que esos fondos son sólo para los juicios y que el flujo del FGS es para la actualización de los haberes. Quintana agregó que, en caso de que no sea suficiente el ingreso de capitales vía blanqueo, se recurrirá a aportes el Tesoro nacional.

El diputado Néstor Pitrola del Partido Obrero-Frente de Izquierda sostuvo “no se aclara en la ley con qué van a financiar la devolución de los fondos a las provincias” (ver aparte), y sostuvo que el blanqueo significa “una corona de honor a los evasores”. En esto coincidió con Kicillof, que sostuvo que “para algunos perdonar impuestos a los ricos es lo mejor que se puede hacer, pero no lo comparto para nada”. Por el Partido Socialista, Alicia Ciciliani pidió que se excluya del blanqueo a los legisladores, contratistas del Estado y funcionarios provinciales. Al respecto, el secretario de Política Económica, Pedro Lacoste, afirmó que se paga un punitorio por el blanqueo “como no se hizo en la historia”. “Dejen de mentir con el relato”, apuntó a los diputados por el FpV, lo que motivó un duro cruce. El titular de la Comisión de Previsión, Héctor Daer, tuvo que intervenir para recuperar la calma.

Por último, el tema de la moratoria no ofreció debates ni hubo preguntas puntuales sobre su aplicación y alcance más allá de que se integre dentro de un paquete de ley ómnibus y no se trate de manera independiente, así como la cuestión del 15 por ciento de coparticipación con destino a financiar la Anses que las provincias irán recuperando paulatinamente en los próximos años.