Funcionarios de diferentes áreas de Gobierno acudieron ayer al plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social para explicar los alcances del proyecto de ley ómnibus que habilita el reajuste de haberes jubilatorios y pago de juicios pendientes y habilita un blanqueo de capitales. Las ponencias estuvieron a cargo del titular de la AFIP, Alberto Abad; de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici; el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso; el secretario de Coordinación Interministerial de Jefatura de Gabinete, Mario Quintana; y el secretario de Finanzas, Luis Caputo. Los funcionarios se focalizaron en potenciar la iniciativa de pagarle los juicios previsionales y la actualización de haberes jubilatorios para encadenar detrás el resto de las medidas más controversiales, como la venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el blanqueo de capitales.

Para explicar los detalles de la propuesta de pago de sentencias y la actualización de haberes a jubilados, intervino Basavilbaso. El funcionario sostuvo que el proyecto busca “darle un cierre a este capítulo de alta litigiosidad con nuestros abuelos”. El titular de la Anses dijo que el proyecto les propone a los casi 50.000 jubilados que le han hecho juicio al Estado y tienen una sentencia firme, “un acuerdo voluntario para que una vez firmado puedan cobrar lo que le corresponde”. Explicó que para este universo el aumento rondará el 50 por ciento. Para los que no tienen sentencia firme, debido a que sólo se reconocerán cuatro años de retroactividad, la mejora será del 40 por ciento, mientras que para los que no presentaron demandas contra el Estado el aumento será de un 35 por ciento. “Los que no acepten ingresar al programa pueden seguir por la vía normales”, agregó.

Quintana defendió la utilización de la capitalización del FGS para el pago de los haberes jubilatorios. “El Fondo cuenta con unos 750 mil millones de pesos y el destino tiene que honrar su razón de ser, que es el pago de jubilados. No es sensato mientras utilizarlo para otra cosa si se adeuda a 2,5 millones de jubilados”, sostuvo el secretario. Dijo que “esto no es la desaparición del fondo, sino que será administrado con criterios muy profesionales”, una idea similar a la utilizada en los noventa para justificar la privatización del sistema previsional a manos de un grupo de bancos.

“Este proyecto implica reconocer el valor del trabajo y del mérito. ¿Con qué entusiasmo pueden los trabajadores hacer sus aportes si sus abuelos no reciben lo que les corresponde? Esto es una reparación histórica y la reconstrucción de la confianza en los valores, la Justicia y el cumplimiento de la ley”, sostuvo Quintana en una presentación marketinera. El secretario remarcó que el proyecto tiene muchos capítulos, nueve en total, y los fue desgranando. No obstante, fueron los titulares de cada área los encargados de brindar detalles de cada uno de los capítulos que sus funciones alcanzan.

Abad precisó que en la actualidad hay 30,5 mil millones de dólares declarados en el exterior y se estima que potencialmente hay más de 200 mil millones dólares no declarados que buscan repatriarse. Pese a ofrecer estos datos, en otra de sus intervenciones aseguró que no se pueden dar precisiones sobre dinero que está fuera del país. El titular de la AFIP afirmó que el blanqueo “privilegia a los pequeños ahorristas y beneficia a los cumplidores y está en línea con las recomendaciones del G20”. Confirmó que “los fondos van a ser afectados a la seguridad social”, aunque agregó: “Buscamos que parte de estos estén afectados (también) a proyectos productivos”. Sobre este punto, Quintana aclaró que se ofrecerán otras alternativas para no pagar punitorios, como suscribir bonos a tasa cero para financiar pymes, créditos hipotecarios o construcción de viviendas. “Es una herramienta clave para bajar los niveles de informalidad”, agregó Abad.

Entre los interrogantes que presenta el blanqueo se encuentra la posibilidad de que ingresen fondos que podrían provenir de actividad ilícitas. El titular de la UIF prometió que se perseguirá a las personas que pretendan “abusar” del blanqueo de capitales. “Se deberá evitar que a través de este programa de sinceramiento fiscal abusen personas que pretendan ingresar a nuestra economía fondos provenientes de delitos más graves”, afirmó Federici. “Vamos a intensificar nuestros esfuerzos para absorber la mayor cantidad de información a fin de separar la paja del trigo”, agregó. Según explicó, existen mecanismos para discernir “si es sospechosa o si es ilegal” la operación. Enumeró que se tomará en consideración la posibilidad que pudo haber tenido la persona de generar esas tenencias, la actividad real que tiene al momento y si es funcionario público o estuvo vinculado con la actividad pública.