Mañana, Roberto Lavagna se subirá al avión de la delegación argentina que, encabezada por Néstor Kirchner, viajará a la ciudad mexicana de Monterrey, donde se desarrollará la cumbre de presidentes del continente. El ministro de Economía participará allí de distintas reuniones con las autoridades del FMI, en un intento por destrabar la aprobación de la primera revisión del acuerdo vigente, que el organismo demora como una forma de presionar al Gobierno.
De hecho, según informó ayer el vocero de Economía, habrá tres encuentros con el Fondo Monetario al más alto nivel. Uno, entre Hoerst Koehler y Kirchner; otro entre el titular del organismo y Lavagna, y una reunión final entre los tres. Además, si bien todavía no hay confirmación oficial, no se descarta que Lavagna se entreviste con el secretario del Tesoro, John Snow. Hasta el cruce verbal de esta semana entre Kirchner y la administración Bush, el Tesoro era, teóricamente, el aliado de mayor peso del equipo de Lavagna para enfrentar la intrasigencia del staff de economistas del Fondo, capitaneado por Anne Krueger.
En realidad, la pelea de fondo es la presión del FMI y de los acreedores para que el Gobierno acceda a elevar las metas de superávit fiscal para este año y aumentar así los pagos de la deuda. En esa pulseada, incluso, Washington se inclinaría por la posición de los acreedores.
Lavagna asistirá también a Kirchner sobre la marcha de la reestructuración de la deuda pública con los tenedores de bonos argentinos, ya que ese tema, junto con la posición argentina respecto de Cuba, formarán parte de la agenda del encuentro que mantendrán Kirchner y George W. Bush.
Todas estas reuniones cobran especial trascendencia si se tiene en cuenta que se desarrollarán en paralelo con los encuentros que tendrán este lunes en Roma los tenedores de bonos argentinos en default, y de la reunión, ese mismo día, del directorio del Fondo en Washington. Si las gestiones de Lavagna y Kirchner rinden sus frutos, en ese encuentro el directorio del organismo debería aprobar la primera revisión del acuerdo, cuyo tratamiento original estaba previsto para el 17 de diciembre pasado.
Si eso no ocurriese, el conflicto entre la administración Kirchner y los burócratas de Washington escalaría otro nivel, a poco más de 3 meses de haberse firmado un acuerdo que, supuestamente, duraría 3 años.