El Gobierno dio un nuevo volantazo tarifario. De cara al revés judicial en todo el país, las movilizaciones populares y antes de que la Corte Suprema tome el tema, anunció un tope del 400 por ciento en la boleta de gas retroactivo al 1 de abril para usuarios residenciales y del 500 por ciento para comercios, hoteles y pymes, mientras que las industrias más grandes seguirán pagando el aumento pleno, sin cambios. Eso implica que ninguna factura de gas para los usuarios domiciliarios tendrá un importe que supere en más de cinco veces el precio del año pasado. Por ejemplo, una factura del tercer bimestre de 2015 de 200 pesos puede llegar a subir como máximo hasta 1000 pesos en igual período de este año, independientemente del nivel de consumo. El Gobierno se presentará hoy ante la Corte para buscar la suspensión de los fallos judiciales que frenaron el tarifazo del gas. Los funcionarios aclararon que no habrá cambios respecto al incremento en agua y electricidad y que la audiencia pública para analizar el aumento del gas se convocará recién para octubre (ver aparte). Se comunicó también la inclusión de barrios humildes en la tarifa social.

El desencadenante de una nueva marcha atrás parcial en la cuestión tarifaria fue el fallo del jueves pasado de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, que suspendió el incremento de la factura de gas a nivel nacional. Fue el último eslabón de una cadena de amparos en distintas provincias y localidades. Además, el tema está próximo a ser evaluado por la Corte, aunque tendría definición después de la feria. En la calle, está convocado un cacerolazo en protesta contra los tarifazos para el jueves a las 20 horas. En ese contexto y después de más de tres meses de quejas de usuarios y de asociaciones de consumidores y presentaciones judiciales, el Gobierno debió poner nuevos topes que vienen a corregir los límites con los cuales ya había intentado remendar el tarifazo original.

En una conferencia de prensa que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, encabezó junto al ministro de Energía, Juan José Aranguren, y su par de Justicia, Germán Garavano, se anunció también la extensión de la tarifa social a barrios humildes, que según los números oficiales incorporará a 300 mil usuarios al beneficio sin que cada uno tenga que hacer el trámite correspondiente. No fue especificado de qué zonas humildes se trata. Los funcionarios dijeron que convocarán a una audencia pública por el tema tarifario en gas recién para octubre.

El centro del anuncio fue la definición de un nuevo tope a las tarifas. A comienzos de junio se habían implementado máximos del 400 por ciento para usuarios residenciales y del 500 para comerciales en el valor del metro cúbico de gas despachado. Pero esos máximos dependían de que se mantuvieran los niveles de consumo respecto al año pasado. Como la demanda de este otoño creció por las menores temperaturas, en la práctica los aumentos rebasaron ampliamente aquellos topes. Ayer, en cambio, se anunció que más allá del nivel de consumo, la tarifa no podrá superar el 400 y 500 por ciento para aquellos usuarios, respectivamente. “La tarifa ahora es independiente del consumo de este año”, resumió Aranguren, aunque aclaró que el consumo sólo se tomará en cuenta si determina un incremento de la factura inferior al 400 o 500 por ciento. El ministro indicó que con el nuevo parche el subsidio del Estado pasa del 20 al 30 por ciento en promedio de la boleta de gas. Las boletas refacturadas llegarán en los próximos días. Los usuarios que pagaron aumentos superiores al 400 por ciento recibirán notas de crédito en las nuevas facturas.

“A partir de hablar, conversar y escuchar, vemos que este camino que estamos recorriendo juntos tiene que tener un equilibrio. Vamos a poner un tope en la factura retroactivo al 1 de abril”, comenzó Peña. Dijo que se trata de una respuesta al diálogo con la ciudadanía, a pesar de que es una jugada frente a la catarata de amparos avalados por la Justicia. También habló de que el aumento era el único camino mientras demostraba con su anuncio que sí había alternativas al shock inicial.

El jefe de ministros echó la culpa a los usuarios por un supuesto derroche de gas, al gobierno anterior por “habernos mentido durante diez años” y al clima. No sugirió en ningún momento la total falta de previsión y estudio del tema por parte del Gobierno, aunque repitió que “siempre tratamos de hablar desde la verdad, no ocultamos las cosas. Hablamos con el respeto que se merecen los argentinos. Planteamos caminos de trabajo para que juntos podamos ir resolviendo los temas”. Por su parte, Aranguren justificó que “no tenemos más capacidad de importar gas, las terminales regasificadoras están trabajando al máximo de su capacidad”, aunque no explicó por qué no se instalan nuevas plantas.

Intervenir es mentir

“Uno de los temas más complejos que recibimos era el tarifario. Muchos años de malas políticas que se basaron en la mentira y que muchas veces se mancharon por la corrupción nos alejaron de que tengamos un sistema energético autosuficiente. Eramos un país que exportaba gas, hoy somos un país que importa gas. En invierno debemos importar casi el 40 por ciento del gas. Ahora no podemos importar más gas del que importamos, lo que tenemos es lo que hay. Tenemos que ser conscientes de que nos mintieron durante mucho tiempo, nos dijeron que había algo que no había”, descargó Peña.

En su consideración, que un servicio público tenga un precio inferior al de mercado a causa de los subsidios estatales equivale a mentir. No sería una decisión de política económica sino apenas una mentira. Es decir, la intervención del Estado, que en definitiva equivale a modificar precios que define el mercado en pos del objetivo político que fuera equivale a no decir la verdad. En otras palabras, la verdad es el mercado.

Tirar gas al techo

“Tenemos costumbres de un país rico en gas, que exportaba gas, que nunca tuvo que preocuparse por la escasez. No nos preocupamos a la hora de regular la calefacción o el consumo. Hay una cultura de consumo energético que es muy mala. Los sectores que más aumento recibieron consumen 20 veces más que los sectores más bajos”, consideró Peña. Hay muchas iniciativas en el ámbito de la investigación sobre las alternativas para el ahorro en el gas pero en general no se enfocan sobre la “racionalidad del consumidor” porque se trata de un servicio esencial cuya respuesta al precio tiene limitaciones. Se podría asemejar a un alimento básico o a un medicamento, cuya demanda no sube mucho si está muy barato ni cae demasiado si su precio sube. Un ejemplo es lo que pasó el mes pasado, cuando las boletas más caras no desestimularon la demanda de gas sino que ésta creció a causa del frío. También están los casos extremos, como la calefacción de la piletas de natación o de un sauna privado, pero esos casos prácticamente no tienen incidencia en los números globales.

Fresquito

“El cambio de temperaturas generó que en el país se consumiera casi un 50 por ciento más que el año pasado. Abril y mayo fue el bimestre más frío de los ultimos 60 años y el mismo bimestre del año pasado fue uno de los más cálidos. Hace un tiempo anunciamos un acuerdo junto a los gobernadores en el que pusimos un tope de 400 por ciento en el metro cúbico de gas. Pero a partir de este aumento del consumo que se da por el frío, las boletas llegaron con subas mucho mayores al 400 por ciento”, reconoció Peña para explicar por qué los topes que anunció el Gobierno del 400 y 500 por ciento en su momento no se reflejaron en las boletas, algo que se pretende subsanar con la medida anunciada ayer. Por último, el jefe de gabinete arriesgó que “las inundaciones y los fenómenos climatológicos extremos también nos invitan a consumir menos. Como planeta tampoco podemos gastar tanto”.