Luego de que la Cámara Federal de La Plata anulara el jueves el aumento del gas en todo el país, la primera reacción del gobierno fue apostar a que la Corte Suprema aceptara el per saltum que había presentado cuando los amparos provinciales comenzaron a acumularse. De ese modo, los frenos judiciales caerían automáticamente hasta que se resolviera la cuestión de fondo. Sin embargo, esa opción fue descartada en el momento en que el máximo tribunal dejó trascender por vías informales que no estaba dispuesto a aceptar el per saltum, ya que hubiese sido interpretado como un aval a un tarifazo duramente cuestionado por instancias judiciales previas y frente al que se multiplican las protestas ciudadanas. El Gobierno decidió entonces avanzar con un Plan B y ayer anunció un techo de 400 por ciento a los aumentos para hogares y de 500 por ciento para comercios, hoteles y pymes, sea cuál sea el volumen consumido y retroactivo al 31 de marzo. Así buscan neutralizar los cuestionamientos y, fundamentalmente, lograr que la Cámara Federal acepte el recurso extraordinario que presentará hoy para que el tarifazo vuelva a estar vigente. Es una forma de ceder algo para tratar de no perderlo todo, ya que si no logra voltear el fallo de La Plata el aumento podría quedar en la nada hasta que no se avance con la Revisión Tarifaria Integral, la cual podría demorar varios meses hasta entrar en vigencia y no será de aplicación retroactiva. Por lo tanto, en el invierno se terminarían cobrando las mismas tarifas de gas que estaban vigentes a fines del año pasado.

El Gobierno ya había fijado a principios de junio un tope porcentual de 400 y 500 por ciento con respecto a igual período del año anterior para las mismas categorías de consumo, pero que se aplicaba sobre el cuadro tarifario vigente y no contempló que muchos usuarios habían recibido compensaciones por ahorro en 2015, debido a que fue un invierno cálido, las cuales en esta ocasión perdieron al consumir más, haciendo que al aumento pautado se le sumara un ajuste adicional. Ahora, en cambio, el tope rige para el monto total de la factura. Por lo tanto, si un hogar pagó 300 pesos en el bimestre mayo-junio del año pasado, no pagará más de 1500 pesos, aunque haya multiplicado su consumo por diez. La medida no incentiva el ahorro de aquellos hogares que habían incrementado fuerte su consumo, aun con el tarifazo, y estaban pagando aumentos de hasta un 2000 por ciento, pues ahora saben que aunque dejen la estufa prendida todo el día no pagarán más de un 400 por ciento de incremento. “Es la manera que tenemos de superar esta situación”, se limitó a responder el ministro de Energía, Juan José Aranguren, cuando le preguntaron sobre el desincentivo al ahorro que esto significa. El funcionario aseguró además que el costo fiscal del nuevo techo es de 11.800 millones de pesos que deberá poner el Estado, ya que las empresas seguirán percibiendo los mismos ingresos.

En un encuentro con periodistas posterior a la conferencia de prensa, el ministro aprovecho también para responderle al diputado del Frente Renovador, Sergio Massa, quien en varios programas de televisión cuestionó el tarifazo poniendo su propio caso como ejemplo. Massa mostró que le había llegado una factura de 8726 pesos, mientras que en el mismo bimestre del año anterior había desembolsado 1275 pesos. “Entraron a un quirófano con una motosierra”, sostuvo el ex intendente de Tigre. “Lo que no dijo Massa es que su consumo aumentó un 53 por ciento”, señaló Aranguren devolviéndole la gentileza. Ese mayor consumo se produjo porque el trimestre abril-mayo-junio fue el más frío al menos de los últimos cinco años.

–¿No deberían haber tenido en cuenta que esto podía ocurrir a partir de las proyecciones meteorológicas? –le preguntaron al ministro en el encuentro con los periodistas.

–Es probable que sí, tal vez no lo consideramos adecuadamente, –se limitó a responder.

El ministro aseguró también que la resolución 31 que aumentó la tarifa del gas preveía que la Revisión Tarifaria Integral (RTI) se tenía que realizar antes del 31 de marzo de 2017, pero ahora decidieron adelantarla al último trimestre de este año y remarcó que la audiencia pública se llevará adelante en octubre. Página/12 le recordó entonces que varios de los fallos judiciales cuestionan la no realización de una audiencia pública antes de los aumentos que rigen desde abril y que eso no se solucionará adelantando la audiencia de la próxima RTI. Sin embargo, el ministro insistió con que el aumento que se aplicó ahora no requería una nueva audiencia pública porque es una “adecuación transitoria” que continúa con una negociación contractual inconclusa iniciada en 2003 y para la cual ya se realizó una audiencia en mayo de 2004. Ese argumento fue objetado duramente por la Cámara Federal de La Plata, pero el gobierno insiste porque de lo contrario toda su estrategia se desmoronaría. El funcionario igual confía en que la Cámara aceptará el recurso extraordinario, aunque aseguró que si lo deniega se presentará en queja ante la Corte Suprema.