Tres son los motivos por los cuales Néstor Kirchner la emprendió anteayer con tanta dureza contra Aguas Argentinas. “Lamentablemente el agua está privatizada, pero es hora de que aquellos que ejercen la privatización tengan en cuenta que con nosotros no va a haber impunidad”, manifestó el Presidente en un acto en el conurbano. La empresa se declaró “sorprendida” por el tono de esas declaraciones, sin encontrar razones que las justifiquen, según manifestó su director de Asuntos Corporativos, Diego Segura. Sin embargo, fuentes oficiales revelaron a Página/12 por qué Kirchner dijo lo que dijo y por qué la relación entre el Gobierno y la empresa atraviesa un momento de alta tensión. El episodio que terminó de desencadenar la crisis fue la intervención que hicieron el FMI y la Corporación Financiera Internacional (CFI) en favor del concesionario, para que el Estado le ayude a pagar su deuda. Ese fue el primer motivo.
Roberto Lavagna recibió esta semana dos cartas pidiendo por Aguas Argentinas: una era de la CFI (brazo inversor para el sector privado del Banco Mundial) y la otra del FMI. La primera reclamaba al Gobierno que el organismo sea autorizado a participar de la renegociación del contrato. El argumento para solicitarlo fue que la CFI forma parte del concesionario, con 5 por ciento de las acciones. Esa participación la restringe a un rol secundario dentro de la conducción de la empresa. Pero su interés por sentarse a la mesa donde se renegociará la concesión pasa por otro lado. Además de ser accionista, la CFI es acreedora de Aguas Argentinas, y como el Gobierno está intimando a la empresa a cubrir su deuda de unos 160 millones de dólares con recursos propios, sin echar mano al dinero previsto para inversiones, el organismo quiere meterse para defender sus intereses.
La segunda carta que le llegó a Lavagna por este tema, la del FMI, era para avalar la gestión del otro organismo. El ministro se enardeció con el nuevo apriete de Washington, otra vez en favor de una privatizada y de la propia CFI. La presión es para que el Gobierno flexibilice sus exigencias de inversiones a Aguas Argentinas, liberando recursos que la compañía podría destinar a pagar su deuda. En conclusión, los habitantes de la Capital Federal y del conurbano bonaerense deberían resignarse a un peor servicio para que Aguas y sus acreedores lleguen a un mejor trato. El Poder Ejecutivo exige que la empresa cancele sus compromisos con su propia rentabilidad, y si eso no alcanza, que los accionistas saquen dinero de su propio bolsillo. Los controlantes de Aguas Argentinas son la francesa Suez (con el 39,9 por ciento) y la española Aguas de Barcelona (con 25 por ciento).
“La empresa aduce que tiene que destinar una parte de sus ingresos a cancelar deudas, pero la deuda es una responsabilidad de los accionistas”, sentenció ayer el presidente del ente de control del servicio de agua potable y cloacas (Etoss), Miguel Saiegh. El funcionario expresó cabalmente el pensamiento de Kirchner, quien montó en cólera cuando Lavagna le informó sobre las cartas que había recibido. El Presidente aprovechó entonces el acto de Tres de Febrero para contestarle al Fondo y al Banco Mundial (al fin y al cabo, la CFI es una subsidiaria de ese organismo), y también para enviarle un mensaje claro a Aguas Argentinas.
En la Casa Rosada señalaron a este diario que la pelea con esa empresa sirve además como una señal a los empresarios españoles que lo esperan en Madrid. La próxima semana Kirchner se reunirá con los máximos ejecutivos de las privatizadas de capitales españoles, quienes podrían volver a plantear el reclamo por un ajuste de tarifas. Los encuentros serán en la embajada argentina en aquella capital.
Otra de las declaraciones amenazantes de Kirchner en el acto de Tres de Febrero estuvo referida a las inversiones: “Invierten o vamos a conversar de otra manera”, les gritó desde un escenario a los directivos de Aguas Argentinas. Ese es el segundo motivo que explica su embestida. La empresaestá intentando reducir el monto de sus inversiones porque, de nuevo, quiere dejarse un margen del dinero que recauda de los usuarios para pagar su deuda. Al Gobierno le enoja, por otra parte, que la empresa diga públicamente que está planeando inversiones cuando –según la versión oficial– lo único que está haciendo es cumplir con las intimaciones del Etoss y, también, tratando de achicar lo máximo posible el paquete de dinero para obras de expansión de la red.
Aguas Argentinas señaló que hará inversiones por 55 millones de pesos, como si esos recursos fueran aportados por sus accionistas. La verdad es que en enero de 2001 la empresa fue autorizada a aumentar la tarifa un 3,9 por ciento, para juntar recursos con qué financiar obras de saneamiento. En 2002, el ajuste volvió a practicarse, por otro 3,9 por ciento. Pero el Etoss descubrió a mediados del año pasado que la empresa nunca había concretado las obras, a pesar de haberse beneficiado con el aumento durante más de dos años. Por esa razón, el ente de control obligó a Aguas a separar 43,8 millones de pesos para que realice los trabajos. Desde aquel momento, además, la empresa debió seguir apartando dinero para las obras, porque la tarifa nunca bajó. Así fue como al día de hoy se juntaron los 55 millones. Fuera de ese paquete, el Gobierno le está pidiendo a Aguas nuevas inversiones por 140 millones de pesos. Como la empresa se muestra renuente a aceptar esa cifra, Kirchner dijo eso de que “invierten o vamos a conversar de otra manera”.
La tercera razón del enojo del Presidente es que Aguas tampoco responde si suspenderá la demanda que inició contra la Argentina ante un tribunal internacional, por la supuesta violación del contrato que significó la devaluación y la pesificación de la tarifa. El tribunal es el Ciadi, con sede en Washington. Y aunque parezca increíble, uno de los jueces es el Banco Mundial. Es decir que el organismo es juez y parte en esa demanda (por su carácter de accionista de Aguas, a través de la CFI) y además es acreedor de la empresa (por los créditos de la CFI). Como si ese conflicto de intereses no fuera suficiente, el organismo se atrevió a solicitar un lugar en la comisión de renegociación del contrato de la empresa.
El Gobierno no aceptará comenzar esa discusión hasta que la compañía conteste si acepta o no suspender el juicio que entabló ante el Ciadi. La condición no es negociable, según remarcan las fuentes oficiales. Se suponía que la empresa daría una respuesta los primeros días de enero, pero las semanas pasan y no hay novedades. Además, el nuevo presidente de Aguas, que los accionistas nombraron en diciembre, todavía no desembarcó en el país. Se trata del francés Yves Thibault de Silguy, un reputado ex funcionario de la Unión Europea. Kirchner buscó con sus declaraciones que la empresa defina de una vez si suspenderá la demanda o no. En caso de seguir adelante, ya sabe que el Gobierno le retirará la concesión, argumentando que sus reiteradas y graves falencias en la prestación del servicio impiden firmar un nuevo contrato.