Asociaciones de usuarios y consumidores, cámaras empresarias y defensorías del pueblo de distintas localidades del país impugnaron la audiencia pública que convocó el gobierno para tratar el aumento en las tarifas de gas el próximo 16 de septiembre. Se objeta que la audiencia se realice solo en la Ciudad de Buenos Aires limitando las posibilidades de participación de los usuarios de las provincias, la falta de información disponible sobre el tema y la decisión de no poner en debate el precio del gas en boca de pozo, pese a que fue uno de los puntos exigido por la Corte Suprema en su fallo del jueves pasado. A su vez, cinco pymes del partido bonaerense de San Martín y una Cámara Empresaria local presentaron un amparo por el incremento en las tarifas de gas.

Una de las impugnaciones a la audiencia pública fue presentada ayer en el Ente Nacional de Regulación del Gas por once asociaciones de consumidores entre las cuales figuran la Unión de Usuarios y Consumidores, Deuco, Consumidores Libres y Adduc. En la carta dirigida al titular del organismo, David Tezanos, solicitan la realización de varias audiencias públicas en distintas zonas del país o una sola audiencia con continuidad en cada uno de los puntos del interior a designar. Sobre este punto también hubo una presentación de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina que solicitó convocatorias en las regiones Sur, Norte, Centro, Este y Oeste, teniendo en cuenta la estructura organizativa del Enargas, que cuenta con 16 centros de atención en el país.

La presentación de las asociaciones de consumidores también cuestiona que no se difunda claramente la posibilidad de inscribirse de manera virtual en la audiencia. En la web de Enargas existe un link que permite la inscripción, pero los consumidores cuestionan que esa posibilidad no está informada en la web en forma destacada ni en el edicto de convocatoria que se publicó en los medios gráficos. A su vez, se cuestiona el objeto de la convocatoria. “Mientras que se propone el análisis de la tarifa de transporte y distribución; respecto del gas en boca de pozo menciona traslado a tarifas del precio de gas en boca de pozo, generando la redacción del objeto una gran limitación al objeto de la audiencia conforme el fallo de la Corte Suprema. La mención del objeto respecto del gas en boca de pozo parte de la premisa de la existencia de un precio incuestionable, donde sólo se debatiría sobre la forma de trasladar el mismo a la tarifa”, remarca la presentación.

También se objeta la carencia de información adecuada y oportuna para los usuarios, ya que se exige a los participantes de la Audiencia adelantar su exposición sin contar oportunamente con datos esenciales sobre el servicio y la composición de las tarifas. “En Enargas nos dijeron que el expediente tiene 25 cuerpos de información disponible, pero que hay que pedirlo por nota para tener acceso cuando en realidad debería estar disponible para todo aquel usuario que quiera ir a consultarlo”, aseguró a este diario Pedro Busetti, titular de Deuco.

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios es otra de las entidades que cuestionó la falta de información y a su vez alertaron sobre el riesgo de que, a partir del carácter no vinculante de la Audiencia, se pretenda desde el Gobierno pasar por alto su concepción deliberativa, destinada a garantizar la participación de la población en cuestiones de fuerte interés colectivo. “Restringir este aspecto e ignorar sus conclusiones por parte de las autoridades reduciría la Audiencia un mero trámite para ratificar decisiones discrecionales”, remarcaron en un comunicado.

Para las pymes, el tarifazo sigue firme luego del fallo de la Corte pero tienen la opción de presentarse a la Justicia e impugnarlo. A raíz de ello, sigue pymes de San Martín y una cámara empresaria de ese distrito solicitaron una cautelar en el Juzgado Federal Civil y Comercial 1, con el respaldo del intendente del distrito Gabriel Katopodis.