Producción: Javier Lewkowicz

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Tarifas y desarrollo

Por Eduardo Dvorkin *

Cuando discutimos las tarifas de la energía (gas y electricidad) debemos plantearnos objetivos múltiples: asegurar el derecho a la energía para toda la población; asegurar que las tarifas no atenten contra el empleo; que sirvan para apoyar el desarrollo y complejización de la matriz productiva y que minimicen el gasto en divisas, para lo cual el autoabastecimiento de gas y petróleo es requisito fundamental.

El tema de la subvención estatal a las tarifas del gas y la electricidad lo debemos encarar con mayor amplitud que simplemente asegurar el elemental e indiscutible derecho universal a tener luz y calefacción, pues si esto fuese todo nos limitaríamos a discutir la llamada tarifa social propugnando ensanchar su cobertura. Pero no es ese el caso. Para las clases más empobrecidas y para la clase media la subvención de la energía constituye una política keynesiana para que puedan mantener su nivel de consumo de productos nacionales y para que las pymes sigan produciendo y se mantenga el empleo. La subvención a pymes, locales de venta, clubes, teatros, cines, etc. también es proseguir con las políticas keynesianas.

Se ha afirmado que las subvenciones inducen a la dilapidación de la energía. Sencillamente eso no es cierto: los datos del Banco Mundial para el año 2013 son que mientras Argentina consumía 1895 kg de equivalente de petróleo per cápita, Brasil consumía 1438, Grecia 2134, Chile 2201, China 2226 (y en ascenso), España 2504, Japón 3570, países de Europa Occidental como Alemania, Austria y Francia 3900, Australia 5586, USA 6986 y Canadá 7202.

Debemos discutir de donde debe salir el dinero para las subvenciones. Claramente no del ajuste del Estado, ni de la detención de los programas de C&T, ni de la detención de la obra pública; es necesario modificar el esquema impositivo del país para incrementar los impuestos de la parte superior de la pirámide económica: las multinacionales, los bancos, los productores agrarios y mineros, los comercializadores agrarios y los supermercados formadores de precios; es urgente reinstalar las retenciones agrarias y mineras eliminadas en los primeros días del actual gobierno. Pero también se deberá emitir moneda, lo que requiere los complementos de control de cambio, control sobre la remisión de utilidades al exterior y control del comercio exterior. Sin todos esos elementos la emisión termina siendo devaluación continua, inflación e incremento de la pobreza.

Acordando en que una amplia subvención estatal es imprescindible, el tema espinoso es determinar el precio del gas y del petróleo en un sistema de coste y costas con los productores privados hacia el que es urgente evolucionar. Existe un costo de producción, un costo para el transporte y un costo para la distribución. Nos focalizaremos sobre el costo de producción: claramente no cuesta lo mismo producir petróleo en un yacimiento convencional o en Vaca Muerta y debiera ser política nacional factibilizar la producción de los hidrocarburos no convencionales, porque el petróleo barato en el mercado internacional no durará mucho y lo que no hagamos hoy para desarrollar el shale se verá reflejado en las divisas que perderemos en un futuro próximo.

Una política de coste y costas deberá establecer costos diferentes y auditables para los diferentes yacimientos; en el caso de la fijación de precios para las operadoras privadas equipos formados por profesionales de la YPF nacionalizada, del CONICET, del INTI y de universidades nacionales deberán establecer y monitorear los costos de producción de cada yacimiento para fijar el precio de venta del gas y del petróleo al sistema de transporte. En el largo plazo para asegurar el efectivo control de los precios de producción deberá volverse al esquema de propiedad nacional de las fuentes de energía (Constitución de 1949)

Sin embargo no alcanza con producir localmente si la producción de petróleo y gas no tracciona el desarrollo local de tecnologías y equipos para producción petrolera; en particular para recuperación de yacimientos maduros y para el shale. Este desarrollo local tiene la doble finalidad de contribuir a aumentar el gasto en pesos frente al gasto en divisas, tema fundamental para una economía en la que la restricción externa es un problema crónico y por otro lado empujar la complejización de la matriz productiva argentina, tema fundamental para nuestro país en el que la relación entre el valor específico de las importaciones es casi 2.5 veces el valor específico de las exportaciones. En este sentido, el desarrollo de YTEC, la alianza entre YPF y CONICET para construir una empresa de tecnología, constituye un hito histórico que debe ser mantenido y expandido.

* Doctor en Ingeniería.

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El Estado es esencial

Por Marcos Rebasa *

Si existe un sector cuyo desarrollo sustentable exige planificación ese es el de la energía. La ausencia de un plan asegura una asignación ineficiente de las inversiones, así como también serias dificultades en el abastecimiento necesario para el crecimiento de la economía. Para eso el rol del Estado es esencial, ya que si él no planifica, lo hace el mercado. Y ya sabemos que ocurre en ese caso: inversiones de corto plazo con giro de ganancias al exterior y sin reinversión, ausencia de industria nacional, elección de áreas de alta rentabilidad en vez de las más necesarias o convenientes.

El problema reside en establecer una política energética en la cual el planeamiento participe como un elemento esencial de su conformación. Política energética y planeamiento van de la mano, se necesitan y cualquiera de los dos tiene corta vida sin su existencia conjunta. Pero ambos requieren del consenso social y político para ser sustentables y continuar en el tiempo más allá de los gobiernos. Esto implica claramente “políticas de Estado”, reclamo tan reiterado desde la oposición como incumplido desde el ejercicio del poder.

El gobierno tiene en el área energética a varios expertos que han hecho de las políticas de estado su caballito de batalla, pero si algo hoy brilla por su ausencia en el área de energía es ese tipo de políticas. Esa carencia origina complicaciones como la que ocurrió con el tarifazo: un acuerdo de todas las fuerzas sobre un tema que exige soluciones en el tiempo hubiera disminuido el conflicto.

Si bien el gobierno anterior no promovió una política de Estado en materia energética, podemos anhelar un cambio para bien del conjunto social: los especialistas en energía de todas las fuerzas –incluso de las que son parte del gobierno– coinciden en la necesidad de una “política de Estado en energía”. Mientras eso no ocurra las inversiones se retrasarán, ya que ellas exigen previsibilidad y seguridad basada en esas políticas, y entretanto el desarrollo energético caminará a los tumbos.

La paralización de obras licitadas o en curso; el retraso en las inversiones en YPF (que podría preanunciar intentos de privatización parcial o periférica, algunos ya en marcha); la elección del esfuerzo financiero en renovables (loable, pero en detrimento de hidrocarburos) y la ausencia en general de un plan energético claro son algunos de los elementos que hablan de esa carencia de una política consensuada.

La función del Estado de promover y consensuar la política energética y el planeamiento del sector solo es posible en el marco de un plan de país del que también carecemos.

Sin embargo los elementos y criterios para tener una política que otorgue seguridad energética al país son simples y en general compartidos: potenciación de las riquezas naturales y ventajas comparativas que brinda el territorio, la industria local, los capitales y la experiencia empresarial y profesional acumulada. El uso de esas fuerzas existentes orienta la acción hacia un fuerte crecimiento de energías renovables, con la mayor participación posible de la industria nacional; el desarrollo de las enormes capacidades vacantes de hidroeléctrica, que requiere planes de mediano y largo plazo; la continuidad de los proyectos en energía nuclear, con importante ventaja comparativa nacional por capacidades tecnológicas competitivas a nivel mundial y, finalmente, mantener la seguridad que brinda el desarrollo de los hidrocarburos que hoy sostienen el abastecimiento argentino de energía.

A un balance energético de ese carácter habría que agregar las inversiones necesarias en transporte y distribución, tanto de gas como de electricidad, a través de una actualización tarifaria que respete los criterios de gradualidad, transparencia e inclusión de los que hoy carece. Todo eso permitiría consensos amplios de la sociedad, dispuesta a participar si la actitud es de diálogo y sobre la base de información seria y de buena fe. Hasta tanto esas condiciones no se respeten la disyuntiva es simple: políticas de estado o inseguridad energética.

* Especialista en energía y servicios públicos. [email protected]