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Al día siguiente de dar por terminado el contrato por el control del espacio radioeléctrico, el Gobierno formuló otra grave denuncia contra Thales Spectrum, la empresa que era dueña de la concesión. Según el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, la compañía francesa desviaba fondos hacia paraísos fiscales y a empresas de fantasía con el objetivo de evadir al fisco y abultar sus ganancias. La decisión del Ejecutivo de anular la concesión repercutió en el Palacio de Eliseo. El gobierno de Francia dijo ayer que sigue “con mucha atención” el caso.
En declaraciones radiales, Beliz dio detalles de las aparentes operaciones ilegales llevadas adelante por Thales Spectrum. “Todos los meses, la empresa recaudaba fondos que engrosaban cuentas incluidas en paraísos fiscales y en empresas fantasmas que se vinculan, por ejemplo, con Suiza”, enfatizó. El ministro de Justicia contó que esas irregularidades forman parte de una serie de denuncias formuladas por la Oficina Anticorrupción. Una de esas investigaciones evalúa supuestas inversiones que, según Beliz, “tenía los costos absolutamente sobrevaluados, y no iban a las obras sino a engrosar las rutas de las coimas”. Según estiman en la Casa Rosada, y tal lo publicado por Página/12 en su edición de ayer, se sospecha que las coimas alcanzaron a 25 millones de dólares. A su vez, la rentabilidad de la empresa alcanzó valores insólitos, del 113 por ciento anual.
Beliz, a su vez, admitió que el Gobierno podría iniciarles acciones penales a Jorge Neuss, accionista de la filial local de Thales Spectrum y socio en el golf de Carlos Menem, y a Germán Kammerath, ex secretario de Comunicaciones. “Le ha hecho un daño enorme al país”, opinó Beliz respecto del ex funcionario menemista.
La caducidad del contrato tuvo repercusión inmediata en Francia. El portavoz de la Cancillería gala, Hervé Ladsous, reveló ayer que su gobierno sigue “con mucha atención” el caso Thales Spectrum Argentina. Y agregó que el ministro de Exteriores, Dominique de Villepin, abordará la cuestión la próxima semana en Buenos Aires, cuando cumpla con una gira que también lo llevará a Chile y Brasil.
Como antecedente vale el contrapunto que tuvieron meses atrás Julio De Vido y Francis Mer, ministro de Hacienda francés, cuando el ministro argentino advirtió a su par europeo que si pretendía presionar por un aumento de las tarifas de los servicios públicos “que ni venga”. Diversas empresas de origen francés operan privatizadas: Suez comanda Aguas Argentinas, y la estatal Electricité de France es dueña de Edenor. Hace una semana, Néstor Kirchner hizo una dura advertencia a los dueños de Aguas Argentinas. Les dijo que si no cumplían con las inversiones previstas “vamos a hablar de otra manera”.
De todas formas, el Gobierno envió un mensaje tranquilizador a las privatizadas, descartando medidas generalizadas. “Se estudiará caso por caso”, dijo Aníbal Fernández. El titular de la cartera de Interior descartó que el objetivo oficial sea reestatizar otras concesiones, y por el contrario dejó entrever que si el Estado quitara alguna otra, el servicio sería vuelto a privatizar, tal cual está previsto hacer con el Correo (ver aparte). No obstante, Fernández lanzó una fuerte crítica sobre los órganos de control. “No controlan nunca y siempre los perjudicados somos los giles, los usuarios”, enfatizó. En relación con Thales Spectrum, la ausencia de controles fue notoria: las interferencias se cuadruplicaron entre 1997 y 2001 sin que mediaran apercibimientos ni multas.
Un día después del anuncio, el Ejecutivo dio los pasos legales para reabsorber el control del espectro radioeléctrico. Mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 242/2004 oficializó el traspaso. A su vez, la Comisión Nacional de Comunicaciones anunció que los usuarios del espacio radioeléctrico deberán abonar los correspondientes derechos en cualquier sucursal del Banco Nación. Durante los seis años y medio que duró la interrumpida concesión, los pagos se efectuaban en el Banco Río, algo que fue incluido por el Gobierno entre las irregularidades en laexplotación del servicio. Como los pagos se trasladaron a un banco privado, el Estado perdió el control de la facturación.
La reestatización del servicio no sólo atañe a los pagos. De ahora en más, la Comisión tendrá que hacer auditorías técnicas sobre el espectro radioeléctrico, que es ocupado por miles de usuarios del éter. Para hacer el trabajo, el organismo no sólo debe contar con una dotación de inspectores sino también de una flota de vehículos equipados con tecnología especial.
De acuerdo con los análisis del Gobierno, Thales Spectrum incumplió con el 70 por ciento de sus obligaciones desde que se hizo cargo del servicio, a mediados de 1997. Un informe de la Sigen es todavía más duro: asegura que el incumplimiento alcanzó al 80 por ciento de lo comprometido. Entre julio de ese año y diciembre último, la compañía facturó a la Comisión de Comunicaciones un total de 451,7 millones de pesos. Ahora el Ejecutivo le reclama otros 302 millones, más las actualizaciones correspondientes, por diversas inversiones que no se realizaron. Esta anomalía, junto a otros incumplimientos, ya fueron puestos a disposición del Poder Judicial a través de la Oficina Anticorrupción.
El contrato con Thales Spectrum era por 500 millones de dólares y tenía una duración de 15 años. Y autorizaba a la empresa a cobrar un canon por el uso del espacio radioeléctrico. Es el que utiliza la telefonía celular, los canales de televisión, los radiotaxis y los radioaficionados, las compañías aéreas, de Internet, entre otros servicios.