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No alcanzó con el argumento oficial de que el precio del gas recién se podría aumentar una vez realizada la audiencia pública correspondiente. Las principales entidades defensoras de los consumidores reclamaron la anulación del decreto que habilita el incremento del fluido, y también de la electricidad para los grandes consumos. El abogado Ricardo Monner Sans llevó la cuestión directamente al Poder Judicial: presentó una acción de amparo contra eventuales tarifazos. La demanda quedó radicada en el despacho del juez en lo contencioso administrativo Martín Silva Garretón.
Aníbal Fernández, ministro del Interior, aclaró ayer que el aumento del gas para medianos y grandes consumidores podría llevarse a cabo una vez que finalice un proceso técnico, que incluye la realización de una audiencia pública. La misma vía rige para el GNC: las estaciones de servicio están impedidas de cambiar el tarifario y el Gobierno podría multar a los incumplidores.
Distinto es el caso de la electricidad. Un servicio que para las industrias y grandes comercios fue encarecido con retroactividad al 1º de febrero último. La diferencia entre un servicio y el otro se debe a que en el caso de la electricidad están pendientes cambios por cuestiones estacionales. “Hay una autorización expresa de la Secretaría de Energía para aplicar aumentos estacionales”, explicó el ministro del Interior.
Los aumentos en el servicio eléctrico regirán para aquellos usuarios que consumen más de 10 kilovatios/hora por mes. Desde esa cantidad hasta 300 kilovatios/hora sufrirán un incremento de entre el 15 y el 18 por ciento, franja en la que se ubican las industrias y comercios medianos. Para los que consuman más de 300 kilovatios/hora, el aumento será de entre 30 a 35 por ciento. Según el Gobierno, este grupo está constituido en su mayoría por productores y exportadores de commodities que comercializan sus productos en dólares.
A pesar de las explicaciones, un total de 16 entidades de defensa de los consumidores exigieron a Néstor Kirchner la anulación del decreto autorizando las subas. Las agrupaciones confeccionaron un documento crítico, que presentarán al jefe de Estado, y no descartan recurrir al Poder Judicial en caso de que su reclamo sea denegado.
Según los defensores de los consumidores, los decretos dejan abierta la posibilidad de que se apliquen aumentos a los usuarios residenciales. “Se reiteran errores del pasado al prescindir del dictado de leyes”, afirma el documento. El informe, de tono crítico, concluye que el ajuste “no obedece a que las empresas productoras tengan mayores costos de producción sino que pretenden recuperar los altos márgenes de rentabilidad en dólares”.
Los incrementos de tarifas prometen convertirse en el primer cortocircuito entre las ligas defensoras de los consumidores y la administración Kirchner. De hecho, Patricia Vaca Narvaja, actual subsecretaria de Defensa del Consumidor, lideraba una de las agrupaciones.
En el mismo tono crítico, el diputado socialista Héctor Polino aseguró que el anunciado incremento “producirá una enorme transferencia de recursos financieros hacia las empresas petroleras”.
Por su parte, el abogado Monner Sans pidió que, como medida cautelar mientras tramita el juicio, se prohíba cualquier tipo de suba en las tarifas de los servicios y se auspicie la intervención al defensor del Pueblo de la Nación para que resguarde los intereses de los usuarios.