Merrill Lynch y Barclays son dos de las tres entidades extranjeras que el gobierno nacional designó para que integren el comité de bancos que asesorará en la renegociación de la deuda externa. El caso es que éstas, además de no compartir la propuesta de una quita del 75 por ciento de la deuda en default, figuran en el informe sobre lavado de dinero elaborado por la comisión legislativa que en el 2001 presidió la entonces diputada del ARI Elisa Carrió. Estos datos están en manos del ministro Roberto Lavagna, quien recibió una carta de la ex legisladora con todos los detalles.
Carrió y el ahora presidente del bloque del ARI, Eduardo Macaluse, remitieron el miércoles pasado al ministro de Economía una misiva donde reproducen fragmentos del informe que se presentó hace ya tres años. En ella, los dirigentes del ARI cuestionan la elección de estas dos entidades, que califican como “instituciones comprometidas con el lavado de dinero de los años noventa” y que deberían “ser objeto de un análisis más serio por parte del gobierno nacional”. También rechazan la designación del Galicia (entre la terna de bancos locales), “atento a las gravísimas irregularidades en el funcionamiento de esta institución en años recientes y el papel protagónico que desempeñó en la profundización de la crisis del sistema financiero y la imposición del corralito”.
La carta que está en poder de Lavagna da cuenta de la información que en su momento recabó la comisión legislativa y que se basó –entre otros– en los elementos que la Policía Federal, expertos del Banco Central y funcionarios judiciales recogieron durante un allanamiento en el Uruguay. Según Carrió y Macaluse, se detectó allí la existencia de la empresa offshore Merrill Lynch Group de Uruguay. Esta realizaba transacciones internacionales –en su mayoría destinadas a Buenos Aires– a través de la cuenta denominada Merrill Lynch Bank de Gran Cayman, que proveía fondos a Merrill Lynch Group por medio de una transacción que se denominaba Merrill Lynch Dragon. “Esos fondos se canalizaban a través de distintas cuentas confidenciales (numeradas) que eran manejadas directamente por esa oficina”, dice el fragmento del informe parlamentario citado.
En su momento, los funcionarios detectaron la existencia de planillas de movimientos de esos fondos codificados y además de un cuaderno con las codificaciones, algunos de las cuales correspondían “a empresas del Grupo Pharaon, tal como River Oaks, que era una firma del grupo, perteneciendo 100 por ciento a Interredec, empresa también del citado grupo”. Es más, el informe da cuenta de que esos códigos pertenecían, entre otros, a “titulares de empresas argentinas privatizadas como Edenor, Edesur, Petroquímica Bahía Blanca, Telecom, Telefónica, YPF y Banco Santander”. La carta sostiene que “el portfolio de este tipo de operatoria se elaboraba, según esas planillas, en Merrill Lynch Luxembourg”.
Si bien el procedimiento –citado por el informe– fue suspendido por una presentación judicial de los abogados de Merrill Lynch, Tomás Guerrero Costa y Juan Oreggia Carrau, Carrió sostiene que pertenecían al estudio Posadas, Posadas y Vecino que compartía domicilio con la firma Comeral SA, “una empresa de servicios del Grupo Pharaon cuyo único accionista era Concorde International Trading, del Grupo Pharaon”.
En la carta, los aristas sostienen que el grupo Pharaon es el nexo entre Merrill con el banco Barclays ya que, según un informe del Central, “es uno de los bancos que ha ofrecido informes favorables para la instalación del BCCI” en la Argentina. Y recuerda que esa institución tenía como objeto principal “realizar en todo el mundo operaciones de lavado de dinero proveniente del terrorismo, del tráfico, de la evasión de impuestos, contrabando y narcotráfico”.