Pese a que en público lo niega, el Gobierno admite puertas adentro que la escasez de oferta de gas para este invierno será inevitable. Pese a que desde la tribuna les imputa a las compañías productoras la responsabilidad por no haber invertido en los últimos ocho años, en la intimidad de los despachos el Ejecutivo avanzó en un acuerdo con las petroleras para otorgarles un aumento del 100 por ciento al gas en boca de pozo, en etapas, desde mayo próximo hasta julio de 2006. Y pese a que hay decisión tomada de cortarles el suministro a grandes industrias, usinas térmicas y estaciones de GNC durante los días de mayor demanda en el invierno –para garantizar el abastecimiento a los consumidores residenciales–, todavía no se pudo cerrar un acuerdo con las petroleras, porque éstas desconfían de que se pueda llevar a cabo esa distribución sin que los afectados lo impidan mediante amparos judiciales.
La inyección de gas en gasoductos troncales es, por estos días, un 8 a 10 por ciento inferior a la oferta usual para esta fecha, lo que le resta al despacho entre 5 y 7 millones de metros cúbicos diarios. Según las productoras, se debe a paradas de mantenimiento de los mejores pozos “para mejorar su prestación durante el invierno”. Según el Gobierno, en cambio, respondería a una política de presión en la puja por aumentar los precios del gas en boca de pozo. Esta situación anticipó el conflicto que se preveía tener en invierno, lo que llevó a cortarles el suministro a las centrales térmicas y, con ello, a interrumpir la alimentación eléctrica a treinta plantas industriales.
El precio del gas en boca de pozo está “semirregulado”, según indican los técnicos. Es decir, los productores no les podían aumentar el precio de entrega a las distribuidoras de gas sin una audiencia pública y posterior autorización del Enargas. A partir de enero de 2002, el precio en boca de pozo se pesificó y quedó congelado en 1,20 peso por millón de BTU (unidad calórica de medición). Las inversiones en exploración prácticamente quedaron interrumpidas desde entonces. Las de obras de ampliación de transporte (por gasoducto), desde mucho antes.
Este congelamiento provocó un diferencial de precios entre el gas y los combustibles alternativos (fuel oil, gas oil) que siguieron aumentando, volcando fuertemente la demanda en favor del primero. Esta situación se reveló con todo su potencial este año, cuando coincidió una recuperación económica que impulsó la demanda y la verificación de las primeras dificultades en materia de oferta de gas, tanto en la producción como en la capacidad de transporte.
Casi como imposición ineludible de la realidad, el Gobierno deberá echar mano a la regulación del despacho. Las propias petroleras se lo están reclamando, ya que no quieren cargar con la responsabilidad de seleccionar a quién entregarle gas y a quién no, puesto que la oferta no alcanzará para todos. Pero en la misma mesa de negociación están presionando al Gobierno para arrancarle un ajuste en el precio del gas para este año y el próximo.
Medido en dólares, las petroleras pretenden llevar el precio del gas en boca de pozo de los actuales 45 centavos por millón de BTU a 90 centavos. “Aun así, quedaría muy por debajo del precio de Bolivia, por ejemplo, que está a 1,20 dólar”, sostienen. La Secretaría de Energía, a cargo de Daniel Cameron, anticipó que aceptaría el aumento, pero aplicándolo escalonadamente de aquí a mediados de 2006. Este cronograma no modificaría el aumento previsto en el precio a grandes consumidores a partir de mayo, ya comprometido ante el FMI. Pero ése sería sólo el primer paso.
El compromiso que Energía les pide a cambio a las petroleras es que “colaboren” para asegurar el abastecimiento a los consumidores domiciliarios. Pero, ¿a quién cortarle? El Gobierno dio una señal, al decretar que los establecimientos industriales y estaciones de GNC deberán adquirir, directamente, su suministro a las petroleras y a precio libre. “En un mercado oligopólico como éste, es mandarlos al muere”, comentó un experto del sector. Pero es una forma de marcar que serán las propias petroleras, vía precios, las que “eliminen” consumidores. Otra variante sería la interrupción del servicio a grandes industrias y a centrales térmicas, pero si no media un acuerdo amplio éstas podrían recurrir a la Justicia reclamando amparos frente a la negación del suministro de un servicio público. De hecho, ya hubo presentaciones en Santa Fe.
A través de diversos acuerdos con países limítrofes, el Gobierno busca aumentar la oferta energética –ver aparte–, aunque el impacto de estas medidas estará limitado porque no hay capacidad para transportar ese excedente hacia los centros de consumo. El problema vuelve a centrarse en quién administrará el despacho, quién distribuirá la escasez. Y los tiempos apremian.