Aunque recién comenzó a definir su política de reajuste tarifario, el Gobierno ya alistó una herramienta para contener el previsible impacto que éste tendrá en los precios de distintos bienes y servicios. Según un ejercicio matemático realizado en base a la matriz de costos elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, una suba del 10 por ciento en el gas, la electricidad y el agua tendría una incidencia casi insignificante en el valor final de cualquier producto y prestación, en todos los casos inferior al 1 por ciento. El trabajo que Economía concluirá en las próximas horas serviría para contrarrestar el argumento de los productores que quieran remarcar invocando la mayor carestía de los servicios públicos y, al mismo tiempo, le dará a los ministros de Planificación, Julio De Vido, y de Economía, Roberto Lavagna, una razón adicional para avanzar en el descongelamiento de las tarifas.
En el Gobierno descuentan que la recomposición tarifaria recién comenzada empujará hacia arriba otros precios de la economía. En algunos casos, porque hay un genuino impacto en los costos empresarios. En otros, porque resulta una buena excusa para recomponer márgenes, que para algunos sectores se deterioraron tras la devaluación.
Con el ánimo de curarse en salud, la Secretaría de Defensa del Consumidor pidió a los técnicos del Indec un cálculo de la incidencia real que tendrá el reajuste tarifario que por ahora sólo afecta de manera directa a los grandes usuarios de gas y electricidad. Para realizar este ejercicio se eligió como hipótesis de trabajo una suba del 10 por ciento, casualmente un porcentaje cercano al que Lavagna había consentido a los servicios eléctricos y gasíferos cuando era ministro de Eduardo Duhalde, a través de un decreto finalmente abortado por la Justicia.
A los ojos oficiales, el resultado del análisis no deja lugar a dudas de que el impacto en los precios sería casi despreciable. Valgan de ejemplo los siguientes resultados, sobre la base de suponer que habría un ajuste generalizado del 10 por ciento en el precio del gas: se encarecerían el 0,07 por ciento los lácteos, el 0,01 por ciento las verduras y hortalizas o el 0,06 por ciento la construcción. Ese empujón llega al 0,5 por ciento en el caso de cemento, cal y yeso, o al 0,6 en el caso de “productos refractarios o de arcilla”. Pero, en ningún caso, roza siquiera el 1 por ciento.
Algo similar ocurre en el ejercicio que contempla una suba también del 10 por ciento pero conjunta, en aquellos tres servicios. En este último caso, la carne podría resultar un 0,21 más cara, contra un 0,05 si sólo se ajustara la tarifa de una sola de las tres prestaciones (luz, gas o agua). Algo similar a lo que ocurriría, por ejemplo, con los productos de la madera, cuyo costo aumentaría un 0,28 contra un 0,07 si sólo se le aumentara una sola de las facturas.
La otra idea fuerza del Gobierno para enfrentar una presión inflacionaria es que aquellos sectores industriales para los cuales la luz y el gas constituyen insumos críticos o de uso intensivo son exportadores y, por consiguiente, están en cómodas condiciones de absorber un aumento de costos, máxime cuando éste es relativamente modesto. Las empresas ubicadas en esos selectos segmentos no sólo gozan de ingresos dolarizados, sino que también habrían recompuesto generosamente sus precios internos.
Un paper de trabajo oficial, redactado en base a las mediciones del Indec, detalla que desde la devaluación y hasta diciembre del 2003 el nivel general de precios (incluidos los mayoristas y de la construcción) subió un 120,4 por ciento. Ese mismo cuadro precisa que actividades que demandan gas en forma intensiva aumentaron sus precios en niveles parecidos: el vidrio en un 173,2 por ciento, los metálicos básicos un 154,7 por ciento o el cemento Portland con un 132,3 por ciento. Más aún.
Según especulan en el Gobierno, si son empresas ligadas a la exportación (como la química o metálica) no querrán correr el riesgo de perder competitividad subiendo los precios de venta al exterior. Pero tampoco podrían aumentarlos localmente, porque violarían la ley de Defensa de la Competencia, que impide discriminar entre los mercados externos e interno. Así se activaría otra eventual valla de contención a los precios.
Claro que las especulaciones oficiales se relativizan si se considera que los grandes usuarios tienen que ir a contratar gas directamente con las productoras, tal como los fuerza un reciente decreto oficial. A raíz de este cambio en el modo de contratación muchas empresas soportarían incrementos tarifarios superiores al 100 por ciento. Muy por encima de aquella moderada hipótesis oficial.
Más llamativo, sin embargo, es la actual confluencia de los discursos oficiales y de las privatizadas, beneficiarias de las subas de tarifas habilitadas y por habilitar. Desde que la Ley de Emergencia Económica dispuso el congelamiento de sus precios, estas empresas pugnaron por superarlo con el argumento, entre otros, que la esperada suba tendría una incidencia muy limitada en los otros precios.