Con un dólar estabilizado en 2,50 pesos, “la situación de precios internos es manejable, pero si se mantiene en los tres pesos o por encima, se pudre todo”. La definición, formulada en lenguaje coloquial por un funcionario del área económica, resume las conclusiones del Gobierno en referencia a uno de los temas de mayor preocupación política y social del momento en el ámbito oficial: el traslado a precios de la devaluación del peso. El nerviosismo del Gobierno en torno al tema, y la angustia por lo que pueda suceder en el mercado de cambio en los próximos días, también quedó de manifiesto ayer en una manifestación de Eduardo Duhalde que descolocó al secretario de la Competencia, Pablo Challú. El presidente de la Nación “se disculpó” ante las entidades de usuarios por el trato que recibieron el martes en la reunión con el funcionario, de la que salieron prometiendo no volver. Mejor le va, por el momento, al Gobierno con las empresas, aunque siente que transita un camino de cornisa. “Hasta ahora, los precios internos se han comportado bastante bien, reflejando la incidencia en costos de producción de un dólar a 2,20, aproximadamente”, apuntó la misma fuente oficial. “Veinte o treinta centavos más por dólar podría transformarse en un aumento adicional de 3 al 5 por ciento, pero más allá de ese límite empiezan los problemas”, agregó.
Para dichos “problemas”, el Gobierno tiene una receta única, pero pocas armas; mantener a raya al dólar, mediante la aplicación de las escasas medidas de política monetaria y fiscal que tiene a mano. A ellas echará mano el Gobierno este fin de semana, confiando más que nada en que el mercado cambiario vuelva a mostrar la semana próxima la tendencia bajista para el dólar de las últimas dos jornadas.
El clima que se vivió dentro y fuera del Gobierno el último lunes, cuando el dólar trepó hasta los cuatro pesos, encendió señales de alarma, al dejar montado el escenario de lo que podría sobrevenir si el Gobierno no consigue controlar variables clave. En perspectiva, no había empresario o analista que pudiera decir que “tal” precio del dólar resultaba exagerado. La divisa a 5, a 6 o a 8 pesos entraba en el cálculo aun de los más moderados observadores. Los empresarios entraron en pánico, y los contactos con las autoridades económicas no hacían más que retroalimentar la misma sensación. Ayer, 48 horas después, todavía se escuchaban críticas subidas de tono hacia las autoridades del Banco Central, por la ineficiente intervención en el mercado de cambios que no hizo más que darle impulso a la “calesita” de los dólares, que salían de las arcas públicas a un precio para ser vendidas a las casas de cambio el mismo día a un valor superior.
El martes el Gobierno se dedicó a buscar un acuerdo con los formadores de precios para “poner entre paréntesis” las jornadas cambiarias del viernes y lunes, cuando el dólar se instaló por encima de los tres pesos. Logró una tregua con la industria alimentaria (Copal) y los supermercadistas que, al menos formalmente, se comprometieron a abrir un compás de espera hasta después del fin de semana antes de trasladar a precios la actualización cambiaria. Menos suerte tuvo con la industria panadera, con un fuerte aumento de precios en la harina que también llegó al mostrador. “Es un sector con problemas particulares, básicamente de falta de financiamiento, que vive día a día de lo que vende para poder comprar insumos, y tiene dificultades para absorber ajustes”, se explicó.
Otras industrias, como la automotriz o la siderometalúrgica, han ido aplicando ajustes sucesivos tomando como paridad un dólar de 1,40 en una primera etapa, de 1,80 cuando la divisa se instaló por arriba de dos pesos y de 2,20 desde el último fin de semana. Trasladado a precios finales, ese aumento estimado de 120 por ciento en el precio de la divisa se tradujo en ajustes del 50 al 60 por ciento en el precio producto. “Es un comportamiento bastante razonable”, señalan en los despachos oficiales. La preocupación no está en lo sucedido, sino en lo que pueda pasar de aquí en más. La industria farmacéutica es un capítulo aparte. Las gestiones del Ministerio de Salud por conformar una canasta de medicamentos básicos no logró resultados palpables por el público en materia de precios, pero además surgió el problema de la escasez de remedios en las farmacias. “No hay otro sector en que se esté registrando el mismo fenómeno”, señalan en el área económica, sin dar una explicación certera sobre sus causas. El vacío en algunas góndolas de supermercado, además, mostraría que en algunas zonas los medicamentos no son los únicos ausentes.
La visión de las asociaciones de consumidores dista de la percepción oficial, y así quedó de manifiesto en la accidentada reunión de estas entidades con el secretario de Defensa de la Competencia, Pablo Challú, del martes último. Las entidades de usuarios no sólo informan aumentos generales muy superiores a los que registra el Gobierno, sino que les imputan a las autoridades falta de voluntad para accionar sobre los formadores de precios. Challú les reclamó “mayor rigor técnico” a las asociaciones en sus estimaciones de precios y no difundir simples sensaciones. El encuentro terminó en la ruptura de relaciones entre entidades y autoridades del área. Pero ayer Duhalde levantó el teléfono para disculparse ante dirigentes de las entidades.
La política de precios es una de las tantas cuestiones en debate en el propio seno del Gobierno. Hay quienes apuntando sobre la formación oligopólica de los precios, advierten que la aplicación de retenciones móviles sería “una importante señal de precios a los formadores”, mostrando la decisión oficial para regularlos. En el propio equipo económico, en cambio, la actitud es menos “intervencionista”, y prefieren lograr la moderación por persuasión. Unos y otros, sin embargo, parecen reconocer que la suerte del gobierno y el peligro de una estampida de precios siguen atados a una única variable: el valor del dólar.