El Gobierno dio marcha atrás en el proyecto de atar el nivel de retenciones al valor del dólar. En cambio, sólo duplicará el actual nivel para el agro, que pasará a abonar el 20 por ciento y el de las manufacturas de origen agropecuario, que pagarán el 10 por ciento. Aunque todavía resta definir si también se duplicarían para la industria hubo un sector que se consideró intocable. Las petroleras, “las privatizadas que tanto ganaron en el pasado”, seguirán pagando el 20 por ciento.
La disparada en la cotización del dólar había conseguido reavivar la antigua idea de algunos sectores de la UIA para establecer “retenciones móviles crecientes”. Esta medida supone que a mayor precio del dólar, mayor es el porcentaje a retener por exportaciones. Así, cuando la disparada hasta los 4 pesos puso en evidencia el fracaso de la estrategia oficial para contener a la divisa estadounidense, el proyecto apareció como una “doble solución”. Por un lado, serviría como freno a la suba de los precios internos y, por otro, aumentaría los ingresos fiscales. Pero tras la baja en el tipo de cambio de los últimos dos días –a la que se sumó sensibilidad gubernamental a la presión de los lobbies exportadores– la medida se desechó.
No obstante, la corta experiencia devaluatoria mostró que cada vez que el Gobierno demora decisiones en materia de retenciones, sólo obtiene la consolidación de precios internos más altos. Y en materia devaluatoria, los escalones que se suben ya no pueden bajarse. En otras palabras, los precios más altos se “comen” la devaluación y vuelven inútil el esfuerzo. La situación se retrotrae y debe comenzar nuevamente el ciclo de negociaciones con los formadores de precios. Sin embargo, en un contexto de salarios congelados, el efecto no es neutro. Consolidar precios más altos significa disminuir el poder adquisitivo del salario.
Si el objetivo gubernamental no fuese bajar el salario real de la economía debería entonces anticiparse a este proceso –proceso que no es propio del caso argentino, sino inherente a cualquier proceso devaluatorio– en vez de irle a la zaga. Más aún cuando las retenciones comienzan a convertirse en la única fuente segura de ingresos fiscales. En el “modelo Duhalde” los únicos favorecidos son los exportadores. Como quedó demostrado en el intento aliancista de obtener el “déficit cero”, la baja de salarios reales profundiza la recesión. El poder de compra ya no estará en el mercado interno, sino en el exterior.
En este punto, la cuestión se vuelve delicada. El nivel de retenciones tampoco puede ser muy alto, porque en ese caso se afectarían los dos aspectos más sensibles del aparato productivo local, el endeudamiento externo de las principales firmas y la dependencia de los insumos importados. Si el dólar que reciben los exportadores luego de las retenciones es muy bajo en relación con la cotización real, entonces ocurrirá un desbalance en su estructura de costos. Podría darse el caso extremo de que reciban un dólar de 2 pesos y deban importar insumos o pagar deudas a 5 pesos.
Aunque para los sectores más ortodoxos las retenciones son esencialmente malas porque “quitan recursos al sector privado en vez de bajar el gasto público” –una argumentación que ignora los efectos macroeconómicos de la medida, en especial sobre la formación de precios internos–, la alternativa es bien vista por el Fondo Monetario Internacional que, a la hora de hacer las cuentas, se muestra más atento a los saldos fiscales que a las consideraciones ideológicas. Retenciones altas es el mecanismo recomendado por el organismo para que los estados se apropien en parte de los beneficios de las devaluaciones.