Los acreedores de la Argentina deberán resignarse a una reestructuración de la deuda “menos amigable” de lo que ellos quisieran, por culpa del FMI.
Así lo afirmó ayer Roberto Lavagna delante de banqueros, inversores y funcionarios de organismos multilaterales. Todos ellos esperaban con interés su discurso en la asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo, que se desarrolla por estos días en Lima, Perú. “Será una reestructuración diferente, no sólo por el tamaño y las complejidades de nuestra deuda sino porque cambiaron las reglas de funcionamiento del sistema financiero internacional”, advirtió el ministro de Economía, para trasladar al FMI parte de la responsabilidad por las pérdidas que sufrirán los bonistas.
La estrategia de la conducción económica para las conferencias del BID fue ratificar que la quita será importante y que el Fondo tiene su parte de culpa por ello. En consecuencia, ni el organismo ni los acreedores pueden pretender una reestructuración con características similares a otras que se hicieron en los últimos años, como las de Ecuador y Rusia. Esos países realizaron quitas del 32 y 36,5 por ciento, respectivamente, con porcentajes de adhesión superiores al 90 por ciento en ambos casos. Esos parámetros están muy lejos de la quita del 75 por ciento que propone el Gobierno y de la aceptación de entre 50 y 60 por ciento que supone Lavagna que tendrá esa oferta.
“Los umbrales mínimos de aceptación –sostuvo el ministro–, los plazos de la nueva deuda, el tratamiento de los intereses pasados, la representación de los acreedores y la deuda nominal no pueden ser iguales a los que emergían de los rescates con fondos públicos multilaterales o bilaterales”. En los casos de Ecuador y Rusia, el FMI desembolsó dinero para mejorar la oferta a los acreedores. La conclusión fue que si “no hay fondos públicos” de los organismos, “la reestructuración será menos amigable”.
Lavagna reiteró la noción del bolsillo único: “No sólo no hemos recibido dinero fresco de las organizaciones internacionales sino que, por el contrario, hemos realizado pagos netos a esas instituciones, del orden de los 7000 millones de dólares entre 2002 y 2003, considerando capital e intereses”. Esos pagos, completó, “implican menos dinero disponible para los acreedores privados”. Otra crítica central al FMI la había realizado el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, el último sábado en el mismo escenario. Durante su exposición, sostuvo que si el FMI no se hubiera empecinado en tratar de sostener la convertibilidad y hubiera promovido una reestructuración de la deuda hacia fines de 2000, los acreedores habrían padecido una quita del 54 por ciento, en lugar de otra del 75.
Después de la conferencia, Lavagna aceptó preguntas del público, compuesto básicamente por banqueros e inversores. Una consulta recurrente es si la Argentina negociará de “buena fe”. “Desde que fueron anunciadas las pautas de la reestructuración –contestó el ministro–, el Gobierno ha llevado adelante el proceso con buena fe, cumpliendo con una regla básica: no prometer aquello que es materialmente imposible de cumplir”.
Lavagna también afirmó que el Gobierno acepta considerar al FMI como acreedor privilegiado, porque así lo dispone la comunidad financiera internacional. Pero reveló que el Gobierno quisiera diferenciar entre los bonistas que compraron los títulos antes del default y aquellos que lo hicieron después, para buscar, estos últimos, una ganancia extraordinaria a través de acciones judiciales. Ese es el negocio de los fondos buitre. Sin embargo, Lavagna indicó que el tema podría quedar para el futuro, luego de la resolución de la crisis argentina.