Pese a que desde el viernes el Gobierno había logrado garantizar un aumento en el suministro de gas por redes, que supuestamente iba a ser suficiente para alimentar a las usinas térmicas, ayer la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) dispuso una reducción del cinco por ciento en la tensión del suministro de electricidad, de 220 voltios a 209. Medida que entró en vigencia a partir de las 16 horas de ayer y se deberá mantener “hasta nuevo aviso”. “No resuelve la crisis, sino que es un modo de ir administrándola”, comentó una alta fuente de la Secretaría de Energía. “En principio, por el margen muy chico en el que se baja la tensión no debería haber problemas, pero se está jugando al límite”, evaluó, a su vez, un ex directivo del ente regulador eléctrico.
La baja de tensión es la primera medida concreta que afecta, aunque parcialmente, a los usuarios residenciales desde que se reconoció la existencia de la crisis energética. Un especialista técnico del sector, que trabaja para una de las consultoras más reconocida en el área eléctrica, puntualizó que muy pocos hogares percibirán los efectos de la baja de tensión. “En general, los aparatos electrodomésticos ajustan automáticamente el nivel de corriente que reciben y, por lo tanto, absorberán más energía que la normal para compensar la baja tensión –explicó–. Este funcionamiento forzado del motor puede afectar la vida útil del aparato, si se mantiene por algún tiempo. En otros equipos más sensibles o en las lámparas incandescentes, la absorción de energía es proporcional a la tensión; es decir, sólo en estos casos habrá un ahorro efectivo del consumo de energía, que globalmente se puede calcular del 2 al 3 por ciento, aproximadamente la mitad del recorte dispuesto.”
Como en 1988 bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, la baja en la tensión de suministro es la primera medida oficial frente a la crisis energética. El sistema de generación eléctrica y suministro de gas está demostrando gruesas falencias para atender la demanda creciente de hogares, por las altas temperaturas, y de la industria, como reflejo de la reactivación. Las empresas y expertos vinculados al sector privado atribuyen a la falta de ajuste en las tarifas desde 2001 el salto “desbocado” en la demanda, mientras que el Gobierno subraya la responsabilidad de los prestadores por la falta de inversión. En tanto, sigue la discusión sobre cómo se administrará el fuel oil entre las centrales térmicas para garantizar su funcionamiento en el invierno, cuando escasee la disponibilidad de gas.
Ex funcionarios del ente de control eléctrico calificaron la medida de recortar la tensión eléctrica como “una solución desesperada, una maniobra sobre el límite” que implica riesgos. “No es lo mismo la Ciudad de Buenos Aires que los suburbios semiurbanos, donde la electricidad ya llega con tensión más baja de lo normal: ahí sí puede haber inconvenientes perceptibles”, advirtió. Por otro lado, funcionarios que actúan hoy en el ente regulador señalaron que “la baja en la calidad-producto implica relajar los controles, porque cualquier falla ahora va a ser atribuida a la menor tensión de suministro”.
La estrategia oficial es “ganar tiempo” hasta encontrar una solución a la falta de gas de este invierno. El próximo fin de semana sale de servicio, por tareas de mantenimiento, la central nuclear de Embalse, por un lapso de cuatro semanas como mínimo. Pero coincidirá con una semana de apenas dos días hábiles. Para el resto de abril se espera que la temperatura se mantenga templada, sin acondicionadores ni estufas. Para mayo habrá que tener las respuestas preparadas.
Mientras tanto, sigue la discusión sobre quién pagará la diferencia de costos cuando las usinas térmicas se vean obligadas a utilizar fuel oil en vez de gas. El costo adicional para las generadoras sería de 180 a 300 millones de dólares, según el tiempo que se estime necesario “pasar” al combustible líquido. Con tarifas congeladas, la diferencia debería ser pagada por el fondo compensador de Cammesa, pero hace rato que dichafuente ha quedado seca –en realidad, en rojo, con una millonaria deuda con las generadoras–. Desde el Gobierno se echó a rodar la versión de que la diferencia podría ser pagada con retenciones adicionales sobre las exportaciones de gas: una forma de sugerir que paguen las petroleras y desalentar, de paso, que el gas busque el mercado externo antes que ser inyectado hacia el consumo doméstico. Pero esta alternativa, está visto, abre otro tipo de conflictos (ver aparte).