Unicef, la organización de Naciones Unidas para la protección de la infancia, solicitó al Fondo Monetario, mediante una nota formal, que modifique la metodología que aplica para contabilizar el superávit fiscal en la Argentina de modo tal de salvar del ajuste a los gastos sociales. El organismo también pide a los acreedores la misma consideración a la hora de exigir al gobierno argentino mayores pagos. “En las conversaciones por la deuda nuestra postura es que los primeros acreedores son los niños”, asegura Jorge Rivera Pizarro, director de la oficina de Unicef Argentina. La institución fundamenta su demanda en que la impresionante crisis social de los últimos años golpeó especialmente a la infancia: hoy el 71 por ciento de los niños argentinos vive en la pobreza, por primera vez en décadas se incrementó la mortalidad infantil y 1,5 millón de chicos debieron lanzarse al mercado de trabajo para contribuir al sustento de sus familias. Hasta ahora, el FMI, conducido por Anne Krueger, ni siquiera se molestó en ofrecer una respuesta protocolar.
“Hay que tener en cuenta los indicadores sociales, no los macro para evaluar el comportamiento de una economía. La situación de los niños debe ser el termómetro para evaluar la situación del país”, sostiene Rivera Pizarro. Meses atrás, Unicef Argentina envió una carta al Fondo con el pedido de que todas las erogaciones en planes sociales no fueran consideradas como gasto público sino como inversión; y, además, que las partidas sociales fueran excluidas de las cuentas del Presupuesto a la hora de contabilizar el superávit fiscal.
La propuesta coincide con el proyecto presentado de manera conjunta ante Washington por las administraciones de Kirchner y de Lula para que la obra pública sea apartada de las cuentas auditadas por el Fondo Monetario al momento de medir el superávit fiscal. Pero, en este caso, Unicef extiende el concepto al gasto social focalizado en los sectores más pobres, que en la Argentina representaría alrededor del 30 por ciento del presupuesto público nacional.
En la retórica del FMI, y en especial en la del Banco Mundial, siempre está la idea de que los gobiernos deben ajustar sus cuentas públicas sin afectar los gastos sociales básicos. Sin embargo, ambos organismos nunca aceptaron que estos gastos fueran separados del gasto público total, y por lo tanto las partidas sociales terminan siendo la víctima habitual de la tijera. El motivo es simple: en el caso argentino, por ejemplo, el resto del gasto público está compuesto por las erogaciones del sistema previsional, los salarios de la administración pública, una porción menor de obra pública y los servicios de la deuda.
Si se consideraran los gastos en planes sociales como una partida protegida, por fuera del Presupuesto, entonces las cuentas fiscales arrojarían un superávit fiscal muy superior al actual.
“Enviamos un pedido específico y vamos a volver a hacerlo”, reveló a Página/12 el director de Unicef Argentina, quien reconoció, además, que todavía no había recibido ni siquiera una contestación protocolar. En agosto del año pasado, mientras la Argentina negociaba con el Fondo el actual acuerdo stand by a tres años, el organismo de Naciones Unidas notificó a Roberto Lavagna de la solicitud. Pero no insistió con el tema, porque en aquel entonces funcionarios de Economía temían que el planteo derivara en nuevas condicionalidades por parte de Washington. Hoy, en cambio, el reclamo de Unicef es un elemento al que podría apelar el gobierno argentino para frenar las presiones del FMI para elevar el superávit fiscal por encima del 3 por ciento del PBI.
En la misiva remitida a Washington, Unicef advierte también que en los últimos 4 años la situación de la infancia en la Argentina se ha agravado de manera alarmante:
- En el 2002, quebrando la tendencia de las últimas décadas, la mortalidad infantil creció del 16,2 por mil al 16,8 por mil. La suba fue muy significativa en provincias como La Rioja, San Luis, Salta y Córdoba.
- El 50 por ciento de los niños de hasta 2 años sufre de anemia.
- 1,5 millón de niños de hasta 15 años empezaron a trabajar para colaborar en sus familias, y por tal motivo la mitad tuvo que abandonar la escuela.
- 7 de cada 10 menores de 18 años viven hoy bajo la línea de pobreza.