Un informe que el Enargas, el Ente Nacional Regulador del Gas, giró al Poder Ejecutivo a fines de 2003 muestra que el debate por la crisis energética con que amenazan productoras y distribuidoras, y que enfrenta a las empresas con el Gobierno, no ataca la cuestión de fondo. Según se concluye del exhaustivo trabajo del ente regulador, la falta de inversiones no respondería a la existencia de tarifas inferiores a los precios internacionales, sino al propio marco de la privatización y a la ausencia de un plan estratégico, tópicos ausentes en la actual disputa. Dicho marco posibilitó tanto la incorrecta asignación de inversiones, concentradas en la exportación, como su ausencia en la expansión de la infraestructura existente. También sería el responsable de posibilitar que las firmas privatizadas financien sus inversiones exclusivamente con endeudamiento, lo que permitió el giro de mayores utilidades y, adicionalmente, la reducción en el pago de impuestos. Según se desprende del informe, ninguno de estos problemas quedaría solucionado por la suba de tarifas. Antes bien, en las actuales circunstancias no existe ninguna relación causa/efecto que garantice que tarifas más altas se transformen necesariamente en mayores inversiones.
Frente a la supuesta crisis energética con que amenazan las empresas que extraen y distribuyen el gas –y que en teoría podría alcanzar al servicio eléctrico en la medida en que el gas resulta un insumo para la generación–, el Gobierno contraataca y reprocha a la decena de empresas emergentes del desguace de Gas del Estado dos cuestiones básicas. No haber realizado, durante los infaustos ’90, las inversiones comprometidas en los pliegos licitatorios y haberse endeudado con el exterior para financiar la totalidad de las inversiones, a la vez que se distribuían ganancias extraordinarias.
Las empresas, por su parte, argumentan que la ausencia de inversiones que redundarían en cortes del suministro no se originarían en una gestión ineficiente, sino que serían consecuencia de la recesión iniciada en 1998 pero, sobre todo, del congelamiento en pesos, después de la devaluación, de una parte de las tarifas.
Cuando el ministro Roberto Lavagna declara que la crisis responde, en alguna medida, a la no aplicación de los aumentos que intentó imponer por decreto violando la ley de emergencia económica, emplea la misma lógica empresaria. La idea subyacente es que, dados los supuestos precios “correctos”, es decir, tarifas más altas acordes a los “precios de mercado” –no los emergentes de los costos de producción, sino los determinados por el mercado internacional–, las empresas realizarían las inversiones necesarias para satisfacer los requerimientos de una economía en crecimiento.
Los recientes decretos 180 y 181 del Poder Ejecutivo, que amplían la desregulación del precio del gas que reciben las llamadas “productoras”, es decir, las empresas que extraen el recurso natural no renovable, fueron en esta dirección. Su objetivo fue reducir el número de usuarios cautivos de las distribuidoras (las únicas que necesitan autorización para aumentar tarifas y, recién después, pagar un precio mayor por el fluido que adquieren de las firmas extractivas). En pocas palabras, los decretos obligan a un mayor número de empresas a pactar sus precios directamente con la industria extractiva, saltando la regulación indirecta implícita en la intermediación de las distribuidoras. De esta manera, se argumenta, se evita la continuidad de una “injusta” transferencia intersectorial de recursos. A saber: desde las empresas oligopólicas que extraen el gas hacia las firmas industriales, no sólo las más grandes, que lo utilizan como insumo.
Sin embargo, el panorama sectorial que presenta la rigurosa y poco conocida síntesis del Enargas sobre el desempeño de las licenciatariasdesde la privatización hasta fines de 2003 muestra una realidad distinta. Lo llamativo es que mientras desde un sector del Estado comienzan a darse respuestas en el sentido de la lógica privada, desde otros sectores del mismo Estado surgen diagnósticos diametralmente opuestos.
Allí se describe que las empresas sí realizaron las inversiones exigidas (ver aparte). El problema, en todo caso, fue que los marcos regulatorios con que se privatizaron no exigían más inversiones que las de mantenimiento, lo que denota la completa ausencia de un plan estratégico.
La evaluación también alcanzó muchos puntos que hoy no parecen estar en discusión. Entre ellos, que la actual regulación impide taxativamente exportar gas salvo que se trate de capacidad excedente. También, que salvo los prorrateos de inversiones por el llamado factor K, que todos los usuarios abonan en sus tarifas, no existe relación entre tarifas e inversiones.
Por último se establece que las empresas financiaron el 83 por ciento de las inversiones totales desde que el sistema fue privatizado endeudándose con el exterior, lo que adicionalmente les permitió reducir el pago de impuestos, pues los intereses pueden deducirse de Ganancias.
Del resumen del Enargas surge entonces que al actual cuadro de situación no se arribó por tarifas incorrectas sino por las deficiencias en el marco de la privatización y, en consecuencia, no existen razones que permitan prever que mayores tarifas se transformarán en inversiones adecuadas.