Tan sólo le llevó unas horas al Gobierno comprender que el costo político de bajar la tensión del suministro eléctrico en un 5 por ciento resultaba infinitamente mayor al ahorro de energía que obtenía a cambio. Ayer, el jefe de Gabinete informó que el primer eslabón de la crisis había sido superado, gracias a 500 megavatios/hora adicionales al sistema que aportaría Brasil. La importación de energía brasileña empezó a operarse desde la madrugada de ayer, luego de una gestión de urgencia realizada ante las autoridades del vecino país. Brasil se había comprometido a analizar la viabilidad de la venta de energía a Argentina a partir de mayo, pero por pedido argentino el trámite se anticipó en más de un mes.
Apenas 24 horas antes, la ministra de Minas y Energía de Brasil, Dilma Rousseff, había señalado que su país no definiría hasta mediados de mayo si contaba con capacidad para exportar energía a Argentina. “Exportaremos energía si nuestro sistema lo soporta”, había dicho la funcionaria, cuyas declaraciones fueron publicadas en la edición de ayer de O Estado de Sao Paulo. El estudio de viabilidad, informó en ese momento, debía contemplar la posibilidad de suministrar de 300 a 500 megavatios a Argentina y 70 Mw a Uruguay. Indudablemente, los tiempos se aceleraron: el mismo día en que Rousseff hacía esas precisiones, Brasil debió responder a las urgencias planteadas desde Buenos Aires, sin estudio de viabilidad previo.
Argumentando la necesidad de bajar el consumo energético ante la insuficiencia de la oferta, Cammesa (administradora del mercado eléctrico) había dispuesto el lunes, a partir de las 16, que los distintos operadores del sistema debían bajar la tensión del suministro eléctrico al usuario en un 5 por ciento: de 220 voltios a 209. Traducido en ahorro de energía, ello no representaba más que el 2 al 3 por ciento. Sin embargo, la sola mención de la baja en la tensión provocó una ola de temores –y de versiones– acerca de los riesgos de una baja mayor para los aparatos electrodomésticos y empezó a crear fantasmas sobre el regreso de los apagones. Ayer, Cammesa revirtió la restricción, disponiendo restituir la tensión a 220 a partir de las cuatro de la tarde.
“Hoy volvemos a los 220 voltios, porque ya estamos recibiendo energía desde Brasil”, afirmó Alberto Fernández. El jefe de Gabinete aseguró que “ni la baja de tensión dispuesta ayer (por el lunes), ni la recuperación de la tensión a 220, produce alteraciones sobre los artefactos del hogar”. Con optimismo, dijo después que “a la crisis la tenemos dominada, creo que la tenemos virtualmente resuelta. Estamos muy cerca de garantizar el suministro pleno de gas y de electricidad. El problema central hoy en día lo tenemos en la producción de gas y no tanto en la distribución”. En el mismo tono se manifestó el presidente de la Nación, Néstor Kirchner. “Estamos trabajando para que haya energía, vamos por el buen camino. Las empresas productoras de gas están para producir gas, y eso es lo que deben hacer”, dijo.
El Gobierno espera disponer, dentro de un mes, de unas 700 mil toneladas de fuel oil que ofreció Venezuela, con las cuales serán alimentadas las centrales térmicas que no reciban gas. De tal forma se cubriría, al menos por algunas semanas, el déficit de combustible que aparecerá cuando aumente el consumo domiciliario del fluido, con el encendido de estufas y calefactores. Es un intento por evitar que la crisis de abastecimiento de gas se traslade al sector eléctrico, como amenazaba ocurrir ya esta semana.
Por otra parte, el Ejecutivo busca por todos los medios sofocar este segundo frente de combate, mientras su relación con las petroleras parece seguir en el punto de máxima tensión. En los últimos días, las autoridades acompañaron las declaraciones públicas inculpando a las petroleras por no producir y no haber realizado inversiones, con amenazas concretas de aplicarle sanciones económicas: interrupción de exportaciones de gas o la aplicación de retenciones adicionales a las ventas externas de hidrocarburos. Otras dos medidas que el Gobierno ya tenía tomadas en favorde las petroleras –desregulación de las ventas a grandes consumidores de gas y aumento del precio en boca de pozo– quedaron cajoneadas hasta que quede resuelto el abastecimiento en invierno. Pero, por ahora, el Gobierno sigue muy ocupado en resolver el día a día y en seguir demorando el inicio de la crisis.